Darío Celis.
En febrero
de 2019, el HSBC en México emitió una alerta a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), sobre el arribo desde diversos países europeos de 151
millones de dólares.
Las
huestes entonces al mando de Adalberto Palma pusieron lupa a las cuentas con
números 7003234986, 4060282449, 4060782513, 4061368890, 6348352082 y
4061368908.
Un año y cuatro
meses después, el banco que dirige Jorge Arce es señalado por apropiarse los
rendimientos de ese capital congelado por la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), al mando de Santiago Nieto.
Los
dineros son reclamados por Gerardo Sosa Castelán y su patronato de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y las alertas fueron parte
del seguimiento a que el regulador sometió al banco.
El HSBC, como
sujeto obligado ante la CNBV, realizó las denominadas guías de prevención de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) previstas en la ley.
Pero, para
el también exrector de la UAEH y político priista, el banco no actuó con ética
y asegura que se plegó a los organismos de la Secretaría de Hacienda, CNVB y
UIF, para perjudicar a su cliente.
La
historia de Sosa sobre los miles de millones de pesos que llegaron a México
convertidos en dólares, y que en sus palabras “asustaron” a los ejecutivos de
HSBC, se remonta a la década de los 90, cuando la universidad invitó a los
académicos a constituir un fondo para su retiro.
Fue en 1996
cuando, según sus argumentos, los trabajadores universitarios aceptaron
aportar 8 por ciento de su salario, mismo que se sumaría a otras aportaciones
de la universidad y del gobierno de Hidalgo.
En pocos
años, con recursos llamados extraordinarios que se obtuvieron por gestión de
rectores y diputados con los gobiernos estatal y federal, se reunió en ese
fondo un capital de más de mil millones de pesos.
Se habla de la creación de un segundo fondo de
infraestructura y mantenimiento, también con más de mil millones de pesos de origen no
identificado, empleado presuntamente para edificar más aulas, contratar más
profesores, o incorporar más equipo al trabajo universitario.
Los
fondos estaban en México en cuentas de Banamex, pero en 2016 se cambiaron a
cuentas en dólares del Credit Suisse en Europa, en teoría para generar más
rendimientos a un capital que ya se acercaba a los 3 mil millones de pesos.
De acuerdo
con la defensa de Sosa Castelán, estos son los 151 millones de dólares que
la UIF y las resoluciones judiciales mantienen congelados desde el año pasado,
los mismos que, aún con esta relatoría, carecen de un origen definido.
El
patronato usa estos argumentos para evitar el aseguramiento definitivo de sus
cuentas, pero no ha logrado tampoco acreditar ante la Fiscalía General de la
República, de Alejandro Gertz Manero, el acelerado e inesperado crecimiento de
su fondo de pensiones.
Al tiempo, la
UAEH atiza la preocupación entre sus trabajadores por el pago de sus salarios,
incluso con oficios como el CAF/525/2020 de su Coordinación de Administración y
Finanzas, en el que solicita la devolución de estímulos en cheques de la
segunda quincena del mes de mayo.
Aseguran
que, de manera adicional a las cuentas radicadas en el HSBC, se mantienen
bloqueadas otras 54 relacionadas con la operación de la UAEH, que serían
utilizadas para el pago de aguinaldos, despensas, prima vacacional e Infonavit
de los trabajadores universitarios.
En la UIF
ya han desmentido en repetidas ocasiones esa afirmación, por lo que, con
subsidios estatales y federales íntegros y en total disponibilidad, la
institución universitaria no tiene argumentos para dejar de cumplir con sus
obligaciones.
LA SEMANA
PASADA hubo una videoconferencia entre los comisionados del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT) y ejecutivos de Disney para tratar de resolver la
desintegración de Fox Sports y sus equipos de futbol de la compraventa, como
parte de la condición vigente para poder materializar la fusión de 21st Century
Fox. La multinacional que preside Bob Chapek está ya en tiempo extra, pues recordará
que pidió una prórroga y el plazo está por vencerse. Sin embargo, lo que
sorprendió mucho fue que Disney metiera a la reunión a su abogado general, Alan
Braverman, y que éste solicitara al IFT dar marcha atrás a la decisión que
tomaron. Esto es, pidió retractarse de una sentencia firme y vigente para que
desaparezcan los condicionamientos que en su momento se pusieron a la fusión. Disney
no se ha atrevido a hacer algo así con otros reguladores del mundo, pero tal
parece que no le tiene mucho respeto a la instancia que preside interinamente
Adolfo Cuevas. Utiliza para ello el tema de la pandemia del Covid-19, pero
la realidad es que no tiene comprador serio y quienes especulaban que AT&T
podría estar interesado, la realidad es que la multinacional que preside
Randall Stephenson lleva cinco años con números rojos y en su corporativo no
quieren gastar más dinero en una operación costosa y que ha sido muy
cuestionada por inversionistas institucionales.
EL
EXCOORDINADOR DE la campaña de Enrique Peña Nieto en Baja California, el
empresario constructor y exdelegado de la Secretaría de Economía, David Saúl
Guakil, cometió un 'ligero' error de cálculo y olvidó pagar la mayor parte de
los servicios que por concepto de agua corresponden a su empresa Cosmopolitan.
El descuido ya generó un daño millonario al gobierno de Jaime Bonilla, quien de
por sí ya lo había señalado por presuntos actos de corrupción y de tener
denuncias. Guakil cree que con él no aplica el pago de impuestos ni el deber
social del pago del agua, tema fundamental para los bajacalifornianos por la
grave crisis que se viene y que deja al ciudadano promedio esa carga.
Últimamente se ha dedicado a esparcir rumores y vociferar en conjunto con su
más fiel empleado y actual regidor, Miguel Medrano, respecto de su ascendente
carrera y vínculos con el círculo político, pues asegura quieren aprovecharse
de su ambicionada posición política para librarse no sólo de las acusaciones
tanto penales como civiles que en su contra pesan, sino que además obtendrá
grandes beneficios para sus empresas.
SE VENCIÓ
EL plazo para que la familia de Miguel Alemán y Corporativo Coral liquidaran a
Televisa Radio el 50 por ciento de las acciones de la concesionaria. Otra vez
incumplieron por falta de recursos. Sólo han pagado poco más de 530 millones de
pesos, pero deben otro tanto. Es previsible que se reactiven litigios por el
impago a efecto de cobrar nuevas penalidades. Esta historia tiene un nuevo
capítulo: la incorporación a su defensa como abogado líder de Ángel Junquera,
director general de la revista Mundo del Abogado. Es pareja de una sobrina de
los Alemán, Diana Ramírez Magnani, con lo que cada vez más recurren al círculo
familiar para la toma de decisiones. Por cierto, Junquera es el mismo que ahora
aparece en las denuncias ante la FGR por el fraude dentro de la Cooperativa de
La Cruz Azul, que comanda Guillermo Álvarez.
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