Las secretarías de
Desarrollo Social (Sedesol) y de la Función Pública (SFP), junto con la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade), firmaron un acuerdo para blindar
programas sociales en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz,
donde habrá elecciones este año.
Una de las medidas establece que la Fepade –a cargo de
Santiago Nieto Castillo– instalará “módulos de información y atención a los ciudadanos”
en inmuebles de la Sedesol, y 72 horas antes de los comicios, personal de la
Fiscalía supervisará el resguardo de las sedes y los vehículos de la
dependencia.
Por su parte la SFP,
que encabeza Arely Gómez González, capacitará a los comités de Contraloría
Social de la Sedesol para que supervisen y vigilen los recursos públicos
empleados en programas federales de desarrollo social.
Dicha Contraloría
recibirá las quejas y denuncias de los beneficiarios de programas sociales
sobre irregularidades en el marco de las elecciones, a fin de canalizarlas con
las autoridades competentes.
También se acordó que
la Fepade y el Órgano Interno de Control en la Sedesol implementarán mesas de
captación de quejas y denuncias antes, durante y después de la jornada
electoral, y se dará seguimiento a eventuales delitos electorales.
De acuerdo con el titular de la Sedesol, Luis Enrique
Miranda Nava, el acuerdo firmado este miércoles “honra nuestro compromiso con
la transparencia y la rendición de cuentas”.
Tras destacar que la Sedesol es quizá la dependencia más
fiscalizada por estar en contacto diario con millones de mexicanos, subrayó: Enrique
Peña Nieto nos ha instruido a cuidar que los beneficios lleguen verdaderamente
a quienes más los necesitan, sin ningún tipo de condicionamiento partidista.
Agregó: “Nunca antes la política social había estado tan
fiscalizada”.
Miranda sostuvo que a partir de la suscripción del adendum
quedan instalados y en sesión permanente el Comité Central de Legalidad y Transparencia
para el blindaje electoral de los programas sociales, así como los Comités
Preventivos de blindaje electoral en los estados de México, Coahuila, Nayarit y
Veracruz.
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