Jorge G. Castañeda
A
finales de diciembre, en plena época navideña cuando nadie se fija mucho en
nada, se hizo pública la 'confesión' o acuerdo de la constructora brasileña
Odebrecht con los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza, a partir de un
juicio en un tribunal federal en Nueva York. Según los documentos oficiales
divulgados por los tres gobiernos y el Tribunal, la firma pagó entre 2.6 y 4.5
mil millones de dólares en multas por haber sobornado a distintas personas en
12 países, por un total de 788 millones de dólares.
En
el caso de México, los documentos divulgados por la Corte norteamericana
mencionaban que entre 2010 y 2014 Odebrecht pagó 10.5 millones de dólares en
sobornos a “altos funcionarios de una empresa paraestatal mexicana” y obtuvo a
cambio beneficios por 39 millones de dólares. No se mencionaron los nombres de los funcionarios ni la paraestatal,
pero se supuso en los medios especializados que se trata de Pemex, que 6.5
millones del total fueron entregados entre finales de 2013 y mediados de 2014,
para asegurar, se especulaba, contratos de construcción del complejo Etileno
XXI, en el sureste, y de la construcción de la segunda fase de Los Ramones, en
el norte. Animal Político reveló que en octubre de 2013, semanas antes del
primer pago de esa etapa, el presidente de la constructora, Marcel Odebrecht,
hoy en la cárcel en Brasil, se reunió con Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Función Pública y el SAT de inmediato
anunciaron que investigarían todo.
Anteayer, El País informó que La
Nación en Argentina había descubierto que uno de los funcionarios sobornados en
ese país dentro del mismo escándalo era Gustavo Arribas, magnate futbolero
argentino, amigo personal del presidente Mauricio Macri, y actualmente jefe de
la Agencia Federal de Inteligencia.
Varios políticos y comentaristas han
pedido la renuncia de Arribas.
En Colombia, el jueves pasado fue
detenido el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, que ocupó el
cargo entre 2009 y 2010, bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Él habría
recibido 6.5 millones de dólares de Odebrecht para otorgarle a la empresa
brasileña el contrato para construir la carretera denominada Ruta del Sol,
entre el centro de Colombia y el Caribe. En Perú, si bien sólo ha sido
mencionado el nombre de Genaro Matute, contralor del gobierno de Alejandro
Toledo, en 2006, el contralor actual, Eduardo Alarcón, ha descrito en
conferencias de prensa de principios de enero los contratos asignados, las
irregularidades ya detectadas y el monto provisional de perjuicios al país: 283
millones de dólares. Se esperan aprehensiones en los próximos días.
En
México, sólo sabemos que Emilio Lozoya, el anterior director de Pemex, envió
una carta al periódico Reforma negando haber recibido cualquier soborno de ese
tipo –no hay porque descreer su dicho–, pero tampoco aclaró quién sí, en su
opinión, ni tampoco si algo por el estilo hubiera podido suceder. Si se le pagó
esa suma a un funcionario de segundo nivel, ¿cómo se decidían las cosas en
Pemex en esa época? Reforma también reveló la intención de Pemex de vender los
dos conjuntos de fertilizantes en el sureste, que la paraestatal compró a
precios que parecían inflados en 2013 y 2014. Al conocerse en cuánto puede
Pemex liquidar dichos activos, sabremos si el precio de compra fue excesivo.
La pregunta es obvia: ¿En vista de todo esto, se puede 'vender'
el gasolinazo a una sociedad de por sí escéptica?
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