Salvador Jara, Jesús
Reyna y Fausto Vallejo, los tres últimos exgobernadores de Michoacán, están
involucrados en investigaciones por presunto desvío de recursos en el estado.
La Secretaría de la
Contraloría de Michoacán presentó 10 denuncias penales en contra de los
exgobernadores y otros exfuncionarios, por su presunta responsabilidad en el
desvío de más de 3 mil 759 millones de pesos y delitos como peculado, fraude y
abuso de sus atribuciones.
Las denuncias penales fueron presentadas este martes 17 de
enero ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la
Procuraduría General de la República (PGR).
La secretaria de la
Contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, detalló que se detectaron
irregularidades, como la falta de pago en el fondo de aportaciones de
pensionados, donde el daño patrimonial asciende a 92 millones 155 mil pesos.
También se detectó un
faltante de mil 590 millones de pesos en el Instituto de la Vivienda, además de
que se certificó la falta de pago de participaciones a los 113 municipios del
Fondo General de Participaciones, con daños a los municipios por el orden de
los 247 millones de pesos y al erario público estatal por 96 millones 807 mil
pesos.
Al desglosar las
irregularidades encontradas la funcionaria de Michoacán dio a conocer que en
2012 hubo un desvío de mil 594 millones de pesos para el Régimen de Protección
Social en Salud y agregó que esto “es sólo el comienzo”, puesto que las irregularidades encontradas hasta ahora
corresponden únicamente a lo detectado en el proceso de entrega-recepción del
gobierno estatal.
Resaltó que existe la presunción de que en áreas como Salud,
Educación y Seguridad Pública podrían existir más inconsistencias, las cuales,
dijo, serán denunciadas en caso de ser detectadas.
Sin mencionar por su
nombre a los exgobernadores y a los exfuncionarios involucrados y acusados
penalmente, la funcionaria estatal indicó que las irregularidades fueron
localizadas entre 2012 y 2015.
Señaló que, como parte de las revisiones, se han aplicado sanciones administrativas
con inhabilitaciones para los responsables de entre uno y 10 años.
Manifestó que una vez iniciado el proceso penal, corresponde
ahora a las instancias de procuración de justicia determinar si los casos
documentados son judicializados o no. En este sentido, aseguró que se tiene
plena confianza tanto en la PGR como en la PGJE.
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