Maite Azuela.
El día de hoy se llevará a cabo una reunión en el Salón de
la Comisión Permanente del Senado para abordar los temas relativos a la
“seguridad interior”, con las comisiones dictaminadoras, “especialistas” y
servidores públicos involucrados en la materia. ¿Tiene esta reunión algo que
ver con el pánico sembrado a partir de las manifestaciones sociales contra el
gasolinazo?
El ambiente se calentó suficiente. Algunos dirían que
demasiado, otros pensarán que no fue nada comparado con lo que está por venir.
Independientemente de los múltiples intentos por difundir la importancia que
tiene distinguir la protesta legítima y pacífica, de las manifestaciones
violentas y del saqueo orquestado, los
esfuerzos pueden resultar magros cuando hay intenciones contenidas para
justificar la presencia de las fuerzas armadas como garantes de la paz social.
No hay especulación cuando se afirma que gran parte de los
saqueos fue resultado de un proyecto orquestado. Hay quienes dedican
reflexiones a discutir el auténtico incentivo de los que saquean por el placer
de robar. Pero sin negar que debe haber quien recurre a su miserable condición
de rufián, dedicar demasiadas letras a ello tiene poco valor ahora para el
interés público.
Para ello basta ver
el estudio realizado horas después de ataque de pánico colectivo, por la
organización ciudadana llamada LoQueSigue, en el cual se muestra que hubo una
acción orquestada por bots en la que invitaban a saquear tiendas de
autoservicio a través del hashtag #SaqueaUnWalmart, con 485 cuentas y más de
1500 mensajes.
Por otra parte,
estuvimos bombardeados de mensajes con fotografías y videos que advertían un
caos incontrolable. No fue sólo en la Ciudad y en el Estado de México de donde
se reprodujeron imágenes violentas en las que ciudadanos e incluso policías
saqueaban grandes tiendas de autoservicio. El sábado 7 de enero tras la
convocatoria masiva para realizar manifestaciones en los diferentes estados, se
alimentó igualmente la invitación a producir y difundir mensajes de alarma.
Además de los reventadores que con cuetes se presentaban a las marchas
pacíficas para asustar a ciudadanos y justificar la entrada de la policía. En
Nuevo León así sucedió.
Un primer objetivo
para generar miedo pudo ser para adelgazar la concurrencia de manifestantes
inhibiendo su presencia en las calles. De ser así, aunque el derecho a la libre
protesta debe estar garantizado, la perversidad parece no ser tan dañina en
este contexto.
Sin embargo, cuando
sabemos que en los próximos meses estarán aprobando modificaciones al artículo
29 Constitucional y promoviendo una Ley de Seguridad Interior, la reproducción
del miedo social podría tener una intención menos inocua.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Secretaria de Gobierno Patricia Mercado, hizo explícito su desconcierto a la
convocatoria articulada desde las redes, e invitó a los ciudadanos a sentirse
dueños del espacio púbico. En contraste
ni el gobierno mexiquense ni el federal han expresado palabra al respecto.
La reacción de Enrique
Peña Nieto está más enfocada a la coerción que a la investigación del fenómeno
de articulación del miedo en las redes. Su primer mensaje para arrancar el año
2017 se centra en advertir que tendrá mano dura: “El Gobierno de la República
no permitirá abusos de quienes al amparo de esta medida (la subida de precios)
se excusan y cometen tropelías”.
Los requerimientos de las fuerzas armadas para conseguir
mayor protección legal en las acciones que durante su desempeño contra el
crimen organizado, pretenden extenderse incluso a contextos en los que el
crimen organizado no sea un artífice del conflicto. Circulan ya escenas en las
que la marina o el ejército intervinieron para detener los “saqueos”. Si
acompañamos estas imágenes de aquella que degrada aún más a la policía
evidenciando como forman parte de la rebatinga de televisiones para guardarlas
en sus unidades, todo parece apuntar a que los únicos que pueden rehabilitar el
orden son los militares.
Partiendo de la innegable necesidad de que las fuerzas
armadas tengan un marco jurídico para atender situaciones de excepción, es
importante no generalizar la legalización de acciones en las que puedan rebasar
el ámbito de su competencia. Además, requieren garantías para que las
situaciones de excepción se establezcan acotando temporalidad, objetivos y
compromisos claros.
A finales del año
pasado los diputados estuvieron a punto de votar una Ley de seguridad que más
que buscar el regreso progresivo de los militares a los cuarteles, pretendía
normalizar su presencia en las calles. Afortunadamente se detuvo su
dictaminación. Comenzarán de vuelta los intentos por empujar la
militarización de espacios civiles, a través de confusiones absurdas en las que
no hacen una distinción clara entre “seguridad pública”, “seguridad interior” o
“seguridad nacional”.
El PRI y el
Secretario de Gobernación acusan a la oposición de actuar con oportunismo a
partir del gasolinazo, ¿Serán ellos capaces de promover en el legislativo los
instrumentos normativos adecuados para que no se normalice la militarización?
¿Interpretarán los saqueos orquestados como una causal para emprender la
militarización de las calles? La
regulación que impulsen en este sentido determinará si actuaron
desinteresadamente o si, como acusaron a sus contendientes políticos, lo
hicieron con alevosía y ventaja.
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