Raymundo Riva Palacio.
Cuando se publicó el primer texto sobre la acusación de
Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, de un fraude cometido por su zar
anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales y su socio, César Gerardo
Francisco García Méndez, por seis millones de dólares, el gobernador Jaime
Rodríguez, El Bronco, dijo que quien esto escribe había actuado de “mala
leche”, y respaldó incondicionalmente a su fiscal. Rodríguez dijo estar
enterado de la acusación, pero que confiaba plenamente en Canales. “Don Ernesto
es una persona que está dando resultados, pronto dará más resultados y ahí se
acabarán las dudas”, dijo en abril. Un año después, el trabajo de Canales ha
sido un fiasco y su gestión como gobernador decepcionante. Pero ese no es el
punto.
El pasado 17 de febrero, la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal pidió la orden de aprehensión en contra de García Méndez,
por el delito de administración fraudulenta. Las autoridades demostraron que
García Méndez tuvo una “conducta engañosa… con la finalidad de alcanzar un
lucro indebido, afectando el patrimonio ajeno”. La defensa de Cusi probó que,
en efecto, le cometieron un fraude el hoy prófugo de la justicia y Canales, que
incurrió en las mismas conductas ilícitas, pero que, por lo que parecería un
blindaje jurídico al fiscal neoleonés y para evitar un escándalo para El
Bronco, no fue incorporado en el pliego de consignación.
Un año después no se puede esperar una disculpa del
gobernador a quien esto escribe por haber hablado sin conocimiento de causa. Lo
importante es qué hará con Canales, porque le va a quemar las manos. El año
pasado, cuando Rodríguez arremetió contra el mensajero, dijo que el haber
divulgado el expediente era un distractor de la persecución contra el
exgobernador Rodrigo Medina. El Bronco dijo que era un show mediático levantado
por el miedo a las investigaciones, y que eran parte de una campaña de las
empresas de televisión Multimedios Milenio y Televisa, por las acciones que
emprendería en su contra.
Mucho pico el de El
Bronco, e igual incapacidad en la gestión de gobierno. Las investigaciones
contra Medina siguieron su curso y no han llegado a ningún lado. Su única
promesa de campaña quedó trunca y su zar anticorrupción no ha podido probar
nada a Medina. Lo único realmente relevante que ha hecho Canales en todo este
tiempo es escabullirse de la justicia y mentir al afirmar que no había actuado
de manera ilegal contra la señora Cusi. La orden de aprehensión contra su socio
García Méndez es la confirmación de que también es presunto responsable del
delito de fraude.
Como se explicó en la entrega anterior, la denuncia contra
él y García Méndez fue presentada el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, donde se afirmaba “se apoderaron y
dispusieron en su beneficio” de los seis millones de dólares pagados por
Televisa, como indemnización por ceder todos sus derechos al 16.6% de las
acciones de la empresa que había heredado de Azcárraga Milmo, y como parte de
una cesión de derechos a su hijo, Emilio Azcárraga Jean, por la suma de 50 mil
pesos. Según la denuncia, Canales y García Méndez nunca le pagaron la
compensación de seis millones de dólares, de la cual nunca fue enterada hasta
que sus abogados se toparon fortuitamente con el documento en tribunales, con
lo cual obtuvieron “un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a
la viuda de Azcárraga Milmo.
En su defensa ante el Ministerio Público, Canales sostuvo
que la señora Cusi siempre fue informada de todas sus acciones, y como prueba
presentó a las autoridades una carta que envió a la señora Cusi el 21 de
octubre de 2011, donde hacía una relatoría a manera de rendición de cuentas
sobre todo el proceso de sucesión testamentaria, que realizaba junto con García
Méndez. Esa carta nunca le fue entregada a la señora Cusi, con lo cual Canales
volvió a ser atrapado en una mentira. En una comparecencia ante el Congreso de
Nuevo León en abril pasado, luego que se expusiera en este espacio el caso,
Canales admitió que sí recibió los seis millones de Televisa destinado a su
entonces cliente. Sin embargo, esa cantidad nunca llegó a manos de la viuda de
El Tigre Azcárraga.
Las autoridades capitalinas tendrán que justificar por qué
no se giró la orden de aprehensión en contra de Canales, si todo lo que llevó a
que se consignara y pidiera la detención de su ex socio García Méndez es
idéntico a lo que hizo el funcionario neoleonés. Pero El Bronco tiene que
dejarse de evasiones y actuar en consecuencia. La defensa a ultranza de su zar
anticorrupción ha sido un error, que explica por qué ha estado tan callado. Al
ser buscado por la policía uno de los dos implicados en el caso, mantener a
Canales en el cargo obstruye la acción de la justicia, al ser una de las
probables razones por las que la Procuraduría de la Ciudad de México no quiera
actuar en su contra. El Bronco puede dar un paso hacia delante y ofrecerle una
salida a Canales mientras se aclara toda esta situación. Si no lo hace, el
descrédito será sólo una de las externalidades de protegerlo. Lo más dañino
sería mostrar ante el electorado que lo que prometió, y su sed de justicia,
también resultó una farsa.
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