Quebrar a Telmex, objetivo del gobierno.

Como parte de su estrategia para evitar que la familia Slim divida en dos a Teléfonos de México (Telmex) e impedir que la empresa sea catalogada como Agente Económico Preponderante y, como tal, obligada a compartir su infraestructura con la competencia, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) la emplazó a huelga para el 25 de abril al medio día por violaciones al contrato colectivo de trabajo.

El 16 de febrero pasado, el secretario general del sindicato, Francisco Hernández Juárez, había anunciado “una medida fuerte” si la empresa se seguía negando a negociar, ya que el STRM no está de acuerdo con la creación de dos empresas porque no sabe cómo afectaría los derechos de los trabajadores.

Como no hubo respuesta del director general, Héctor Slim Seade, y Hernández Juárez se enteró de que éste proseguía con el plan en sus diálogos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), tomó la medida que detendrá la negociación entre la compañía y el organismo gubernamental en tanto no se resuelva el emplazamiento.

El jueves 23 este último quedó registrado en la Junta de Conciliación y Arbitraje con el folio 0993. El documento, cuya copia tiene Proceso, está fechado el 24 de febrero por los tiempos legales.

Hernández Juárez dio a conocer que, el viernes 24, Slim se reuniría con el Ifetel para negociar la creación de dos empresas que, se rumora, podrían llamarse “Planta Interna” y “Planta Externa”. El objetivo principal de Telmex es impedir que la obliguen a compartir su red de cobre y sus 200 mil kilómetros de fibra óptica con sus competidores ATT, Telefónica Móvil o Televisa sin que inviertan en ella ni paguen por utilizarla, como se dispuso en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones.

El también presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) afirma a Proceso que no quisieran entrar en conflicto con los dueños de Telmex, pero no les han dejado opción.

“Si se parte en dos la empresa, ¿qué va a pasar con el contrato? ¿Habrá dos contratos diferentes? ¿Cuál va a ser la plantilla?”, plantea. Y recuerda que hicieron lo mismo con América Móvil, otra empresa del magnate Carlos Slim.

Hernández Juárez recuerda que en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados él mismo, como legislador, presentó una iniciativa de ley de telecomunicaciones que defendía los intereses de los trabajadores, pero no se tomó en cuenta.

“La verdad es que empezamos a tener serias dudas desde el diseño de la propia ley –dice el líder del STRM–. Simplemente no se quiso tomar en cuenta ninguna propuesta que se presentó… Con muchas dificultades, y la verdad por todo el apoyo que nos dio el secretario del Trabajo, logramos incluir un artículo décimo octavo transitorio en el cual se dice que, en cualquier escenario que se resuelva, los derechos de los trabajadores quedarían a salvo.”

Percibe un sesgo de origen en los legisladores: “Desde el principio se notó que la reforma era contra las empresas nacionales. A Teléfonos de México, cuando se le privatizó, se le dijo que una de sus obligaciones era llevar el servicio a todo el país. Se le puso como parámetro llevar la telefonía a las poblaciones de más de 500 habitantes. Hay 25 mil poblaciones y Telmex la llevó a 24 mil.

“Ahora, con esta nueva ley, nos castigan por haber llevado el servicio telefónico a todo el país. Aquí la mayoría de los trabajadores están en la Planta Externa y nosotros debemos tener claro cuál será la cuestión laboral.”

El “acoso del gobierno”

La nueva ley creó el Ifetel para catalogar como Agente Económico Preponderante a aquellas empresas que tuvieran mayor participación en el mercado de telecomunicaciones.

Las primeras en ser citadas con este fin fueron Telmex y América Móvil, de los Slim, y Televisa de Emilio Azcárraga Jean. Slim y su familia, dueños de Telmex, decidieron partir la empresa en dos para evitar compartir su infraestructura, lo que implicaría pagar 300 millones de pesos mensuales a la competencia.

Slim también ha anunciado que devolverá al Estado una buena cantidad de usuarios que se encuentren en poblaciones con 500 habitantes o menos. De aceptar la medida, Telmex ya no brindaría el servicio a alrededor de 6 millones de habitantes, denuncia Hernández Juárez.

“Nos castigan por haber llevado el servicio a todo el país catalogándonos como preponderantes por tener más de 60% de la telefonía fija. No se incluye la telefonía pública ni la telefonía social, ni a dónde no llega la competencia, donde nadie invierte. El castigo es poner la red de Teléfonos de México al servicio de la competencia sin que ésta pague por el uso de su red”, agrega.

Para los dueños de Telmex esta determinación es una expropiación, dice Hernández Juárez. “Cuando he hablado con algunos funcionarios me preguntan por qué defiendo a Carlos Slim. Pero creo que él se puede defender solo. Lo que me preocupa es que aquí laboran 60 mil telefonistas y están poniendo en riesgo la viabilidad de esta empresa al hacer que caigan sus ingresos por larga distancia, por costo de interconexión y por el servicio del que llama paga”.

Destaca que “a regañadientes” aceptaron los requisitos impuestos por el gobierno para “pasar otra etapa”. El Ifetel ha reconocido que Telmex cumplió todo lo que marca la ley, pero ahora que viene otra evaluación no les retira las sanciones ni le cambia el título de concesión para permitirle competir en condiciones de igualdad y brindar otros servicios.

Por el contrario, el líder sindical dice haberse enterado de que el Ifetel los quiere sancionar aún más y obligará a la empresa a nombrar a una administración distinta para la Planta Externa, a fin de asegurar que la competencia utiliza la red sin impedimento de la dirección de Telmex.

Especifica que, “con la última medida, que es la desagregación del bucle, del último cuarto de milla, quieren que la red externa opere como una empresa, la cual, aunque tenga los mismos dueños, sea operada por gente distinta a los administradores de Telmex”.

Recuerda que ATT ya intentó este modelo y reculó, mientras que Telefónica Móvil cayó en una grave crisis. Por eso, considera “que pegarle de esta manera a una empresa que fue considerada por la revista Forbes en los noventa como la mejor telefónica del mundo es un despropósito”.

Para Hernández Juárez, el Ifetel parece empleado de la competencia y no un organismo de gobierno. Sin embargo, aclara que si bien los ingresos de la empresa han disminuido, no está al borde de la quiebra.

“Tenemos que quitarnos de encima el acoso del gobierno. Hay que resistir el acoso, el asedio”, comenta, y agrega que los dueños están muy desanimados por esta situación, pero “la labor del sindicato es convencerlos de luchar por Telmex” porque todo indica que el gobierno quiere quebrarla.