Gina Domínguez utilizó su cargo de
vocera en el gobierno de Javier Duarte para beneficiar con contratos y
convenios a una empresa de medios que luego pasó a ser de su propiedad y a tres
radiodifusoras que ahora controla editorialmente.
La empresa Servicios Especializados
de Comunicación en Imagen S.A. de C.V. (SECI) –creada en 2008 y que en 2015
pasó a ser de su propiedad– recibió al menos 17.2 millones de pesos entre 2013 y
2016.
Mientras que las tres radiodifusoras
recibieron 21 millones de pesos –autorizados por Domínguez en su cargo de
vocera y coordinadora de Comunicación Social–, a pesar de que aún no contaban
con permiso para operar.
En enero de
2012, la ex vocera firmó un convenio por 21 millones de pesos con el empresario
Roberto Antonio Altieri Fernández para instalar y operar tres frecuencias de
radio.
El dinero fue entregado nueve meses
antes de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (ahora Instituto Federal
de Telecomunicaciones) otorgara a Altieri Fernández los permisos para usar y
aprovechar “sin fines de lucro” las tres frecuencias.
Una vez
logrados los permisos, las estaciones
fueron instaladas y se registró como representante legal al abogado José
Humberto Roa, en ese entonces director Jurídico de la Coordinación General de
Comunicación Social y, por lo tanto, subordinado de Domínguez.
Pero el
vínculo Roa–Domínguez no termina allí. El
ex director jurídico fungía al mismo tiempo como socio y administrador de la
empresa Grupo Merkaba –donde el esposo de la ex vocera, Enrique Andrés Allende,
era socio–, constituida el 25 de octubre de 2011; y también socio y
administrador único de SECI, la empresa de comunicación que pasó a manos de
Domínguez.
Funcionarios y socios de empresa de medios.
La empresa
Servicios Especializados de Comunicación en Imagen S.A. de C.V. (SECI) fue
creada en 2008 con Miguel Ángel Gutiérrez Garduza como integrante de su consejo
de vigilancia.
Gutiérrez Garduza se desempeñó en la
administración de Javier Duarte como subdirector de recursos materiales de la
Secretaría de Salud en 2014. Él es uno de los personajes que autorizó la
adquisición de medicamentos a empresas dedicadas a la venta de café y ropa y
que actualmente son investigadas por el gobierno de Yunes.
Otros dueños de SECI eran Juan
Antonio Nemi Dib, ex director del DIF de Veracruz y ex secretario de Salud en el
gobierno de Duarte, y Enedina Díaz Morales, ex colaboradora de Nemi en ambas
dependencias.
Pero en 2014, Humberto Roa se integró a esa sociedad al
adquirir 25 acciones, las cuales vendió a Domínguez en 2015. Lo mismo hizo
Enedina Díaz.
Así fue como
el 7 de octubre de 2015, Gina Domínguez
se declaró administradora única de SECI, empresa que como objeto principal
tiene el “producir, realizar, organizar y comercializar programas y comerciales
de radio, televisión, internet y en general cualquier modalidad de transmisión
y/o producción”.
Millonarios
beneficios.
De acuerdo
con información obtenida por Animal Político vía transparencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) pagó a Gutiérrez Garduza, entre 2012 a 2016, 17 facturas por un
monto de 10.3 millones de pesos.
Asimismo, de
2015 al 29 de noviembre 2016, SECI
recibió una serie de recursos de la Tesorería de Veracruz. En el libro contable
del gobierno veracruzano se visualizan pagos por 6.9 millones sin especificar
el concepto.
Por lo menos
10 facturas fueron pagadas a la empresa el 31 de diciembre de 2015; siete más
el 14 de noviembre de 2016 –cuando el gobierno había detenido el ejercicio
fiscal–.
Un día antes
del fin del sexenio de Javier Duarte –en ese entonces prófugo de la justicia
mexicana– y su sucesor Flavino Ríos, el 29 de noviembre pasado, SECI recibió un último pago por 300 mil
pesos.
Actualmente SECI y las tres
radiodifusoras beneficiadas por Domínguez con 21 millones de pesos, en alianza
con el portal de noticias Quadratin Veracruz, encabezan un consorcio de medios
donde Gina funge como productora editorial y las 3 estaciones de radiodifusión
instaladas con recursos públicos, así como SECI y otros bienes vinculados a
Domínguez, tales como la empresa Cordocons SA de CV –que recibió pagos del
erario público veracruzanos por 7.3 millones de pesos, entre 2014 y 2016–, son investigadas por la
administración de Yunes.
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