Asesinado en Guadalajara amenazó de muerte a Corral y era jefe de “El 80”: gobierno de Chihuahua.

El “empresario” Jesús Luján Weckmann, quien fue asesinado ayer en el estado de Jalisco, amenazó de muerte el año pasado al gobernador Javier Corral Jurado, luego que éste cuestionó el control que sostenía en la región noroeste uno de los líderes de La Línea, Carlos Arturo Quintana “El 80”, quien logró colocar a su suegra como candidata a la alcaldía de Bachíniva, en el proceso electoral pasado.

Uno de sus familiares, Luis Ocatvio Luján Weckmann, fue tesorero del municipio de Namiquipa, en el periodo del ayuntamiento que inició en el 2013, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, que señala al exfuncionario como el responsable de recibir las notificaciones de las observaciones de las cuentas públicas de dicho municipio (AECF1-287/2014).

Namiquipa se ubica en el mismo corredor de drogas del noroeste que Bachíniva, ruta que llega hasta Ciudad Juárez.

Después del homicidio en Zapopan, Jalisco, se le vinculó de inmediato con el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez e informes policiacos indican que era investigado por ser líder de La Línea, como jefe de “El 80”.

Hoy por la mañana, el secretario del Gobierno, César Jáuregui Robles, confirmó las amenazas que recibió el gobernador Javier Corral durante su campaña a la gubernatura y dio a conocer que hay alertas en el estado, ya que puede haber reacomodos para pelear la plaza.

“Hay alertas. El gobernador hizo mención de este personaje y de sus vínculos con otros personajes del crimen organizado. Por la influencia que tenía este personaje, se tiene alerta porque ya hemos visto, cuando se da un incidente de este tipo, cuando cae uno de los grandes objetivos del estado, se dan confrontaciones porque buscan apoderarse de territorios o de plazas, que el Estado está obligado a salvaguardar”, añadió.

Jáuregui dijo que ha habido preocupación porque el gobernador señaló las amenazas que recibió y ya han visto que cuando buscan atacar, llegan en convoy como acto de intimidación, como sucedió en la comandancia de Madera, hace dos semanas.

Como gobernador electo, Corral declaró a medios de comunicación que recibió amenazas luego de cuestionar colusión de “El 80” con políticos.

“Me mandaron varios recados, uno de ellos del narcotraficante conocido como ‘El 80’, de la región de Bachíniva, Namiquipa, Ignacio Zaragoza, pero el que más me preocupó fue (Jesús) Luján Weckmann, que es el verdadero jefe de sicarios, porque es muy protegido por la Fiscalía Estatal, en especial por (Pablo) Ernesto Rocha (Acosta), el jefe de la Policía Estatal”.

En marzo del año pasado, cuando fue registrado como candidato a la gubernatura ante el Instituto Estatal Electoral, Javier Corral se refirió a “El 80” como un joven muy atrevido, ya que lo amenazó directamente.

El gobernador dijo en aquella ocasión que solicitaría que la Procuraduría General de la República blindara la seguridad del proceso electoral y se refirió a la declinación de la precandidata por el PRI a la alcaldía de Bachíniva, Silvia Mariscal Estrada, quien es la suegra de “El 80”, luego de ser evidenciado el parentesco.

“Yo creo que era insostenible que, frente a lo publicado por medios nacionales, no hubiera una reacción del PRI y creo que no está ahí el tema, porque lo que se ha denunciado en estas publicaciones, no sólo tiene que ver por los candidatos improvisados por ellos, sino con el proceso de amedrentamiento e intimidación que han realizado los capos del narcotráfico en esa zona, a posibles aspirantes a otros partidos. Eso no ha cesado, eso continúa. ‘El 80’ sigue atemorizando a los militantes del PAN en Bachíniva, sigue haciendo señalamientos indebidos a través de sus personeros, eso lo debe atender el partido, no sólo las candidaturas”, agregó.

Bachíniva era gobernada por el PAN y ya controlaba “El 80” esa región, incluso Silvia Marisal fue secretaria del ayuntamiento panista, por lo que Corral reconoció que las autoridades dejaron de tener autonomía propia porque se pusieron en manos del líder delictivo y por ese motivo, Acción Nacional no fue reconocido como gobierno en ese municipio.

“El problema que hay en Chihuahua es mayúsculo, porque se actúa con total impunidad, porque la gente sabe que están en la indefensión, porque saben que la Policía del Estado y la Fiscalía protegen a esos capos en lugar de perseguirlos”, dijo a Apro cuando aún gobernaba César Duarte.

Como en Bachíniva, el PRI impuso como candidato por la alcaldía de Chínipas (ubicada en la Sierra Tarahumara colindante con Sonora), a Juan Salazar Ochoa, sobrino de Adán Salazar Zamorano, integrante del grupo delictivo Los Salazares que controla aquella región y quien está detenido en un penal de máxima seguridad desde el 2011, pero su familia mantiene el control del municipio.

Chínipas era gobernado también por un alcalde panista, Hugo Amed Shulz Alcaraz. El de Bachíniva era José Ángel Merino Domínguez. En ambos ganó el PRI el proceso electoral pasado.

Luego de que se dieron a conocer en medios nacionales ambas candidaturas, la periodista Miroslava Breach Velducea comenzó a recibir amenazas de muerte, que presuntamente se hicieron efectivas, un año después.

César Jáuregui Robles reiteró que requieren más elementos federales y militares para enfrentar a los grupos delictivos que operan en la región serrana, porque, aunque hay coordinación, Chihuahua no ha recibido todo el apoyo que requiere.

“Ayer en Guachochi, estuvimos buscando elementos para construir un nuevo cuartel militar”, agregó y dijo que hay mucho interés al general de la Zona Militar número 42, lo que obliga al gobierno estatal a generar las condiciones necesarias.

“Las barracas que se construyeron con Duarte, que tendrán que ser auditadas por la Secretaría de la Función Pública, obligaron a que se fueran los militares por el riesgo e incomodidad (estaban mal construidas) (…) ahora Sinaloa y Tamaulipas tienen policía militar, queremos que vuelva esa fuerza mínima que le corresponda al estado para mejor coordinación”.

Dijo que el mismo día que extraditaron a Estados Unidos a Joaquín El Chapo Guzmán, el gobierno de Chihuahua hizo la petición para que se quedaran en la entidad los agentes estatales que resguardaban el Cefereso número 9, que eran alrededor de 120.

“Apenas lo pedimos y los vehículos circularon hacia Sinaloa. Hemos recibido apoyo de la PGR y Policía Federal, pero se requiere un mayor acompañamiento.

“En el grupo de coordinación (de seguridad pública) que cada semana se reúne, hemos observado cómo esa coordinación está dando resultados, pero requieren más elementos (…) No quiero especular sobre tema de la federación, Chihuahua merece respeto igual que todos, quiero imaginar que otros estados están por encima de índices delictivos que Chihuahua. También cuartel de la Policía Estatal en aquella zona, más elementos estatales, más coordinación”, remató.