Raymundo Riva Palacio.
Si en la primera parte del gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto la seguridad pública estuvo mal, en la
segunda parte, en la recta final del sexenio, estará peor. En función de los
resultados, esta es la peor área del gobierno peñista, donde los rendimientos
han sido sistemáticamente decrecientes. Urge un rediseño de la estrategia para combatir el crimen,
pidió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde el gobierno federal, los gobernadores,
alcaldes y legisladores asuman su parte de responsabilidad. Urge sobre todo
para el presidente, porque la debacle de la estrategia amenaza con devorar por
completo los últimos meses de Peña Nieto en Los Pinos, y su principal carta –de acuerdo con las encuestas– para ser el
abanderado del PRI para la elección presidencial de 2018, el secretario Osorio
Chong, está tocado de muerte política.
La boca se les ha llenado de palabras
huecas a los funcionarios peñistas desde el arranque del sexenio. La baladronada
de que en 100 días acabarían con la violencia se convertirá en metáfora de su
incompetencia. El
gobierno del presidente Felipe Calderón les dejó un país en medio de una guerra
civil, con una estrategia de fuego y muerte que tuvo su cénit en mayo de 2011,
cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de nueve mil 466
durante los primeros cuatro meses de ese año. A partir de entonces, la
estrategia de ser más rápidos para abatir o capturar criminales, versus la
velocidad de los cárteles para renovar sus cuadros, comenzó a reducir la
estadística de la muerte. Para 2012, la cifra cayó a nueve mil 158, que bajó a
siete mil 902 al año siguiente, a seis mil 887 en 2014, y seis mil 708 en 2015,
cuando el diseño de mucha coordinación en el gabinete de seguridad y no
confrontación con los cárteles de la droga, tocó piso.
Los criminales le tomaron la medida
al gobierno. Se realinearon y se fortalecieron. La guerra civil reinició. Para
2016, la estrategia de contención y administración del combate contra la
delincuencia estaba destrozada. El
discurso oficial siguió ensalzando los logros que contrarrestaban con el total
de denuncias de homicidios dolosos, que son con los que se identifica a la
delincuencia organizada en el artículo 9 del Código Penal. En 2016, ese tipo de
delito sumó siete mil 658 denuncias, lo que significó un incremento de 22 por
ciento con respecto al año anterior. El Estado de México, Guerrero y Chihuahua,
registraron el mayor número de estos crímenes, acumulando la tercera parte de
este tipo de delitos en los 16 años que llevaba el siglo. El Estado de México,
no fue sorpresa, fue el primer lugar nacional en violencia.
El número de asesinatos en la
categoría de homicidios dolosos en 2016 llegó a 20 mil 549, de acuerdo con las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que
significó un incremento de 20.6 por ciento con respecto a los 17 mil 34
homicidios dolosos denunciados en 2015, cuando ya se había notado un incremento
de 8.8 por ciento con respecto a 2014. En los primeros cuatro meses de este
año, lo que pasó fue el acabose. El total de denuncias presentadas por
homicidio doloso se disparó a nueve mil 916, lo que significa un aumento de
29.5 por ciento con respecto al mismo periodo en 2016. Estos cuatro meses
fueron el periodo más violento en la historia de México, o cuando menos, si se
quiere ser purista, desde que se cuenta con registros de incidencia delictiva,
hace 20 años.
Si las cosas estaban mal, como se
apuntó en un principio, van a empeorar. En los primeros 54 meses del gobierno
de Peña Nieto, casi cuatro años y medio en total, el número de homicidios
dolosos denunciados llegó a 83 mil 209. Como comparación, en los primeros 54
meses de gobierno de Calderón hubo 70 mil 693 homicidios dolosos.
La cifra en el actual gobierno puede
ser incluso mayor, por las variables en la medición. Una de ellas es que, si no
está identificada la persona asesinada, no se contabiliza. Aun así, según las cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recoge
información de todas las procuradurías del país, durante el sexenio de Peña Nieto se han denunciado hasta el momento 12
mil 516 homicidios por encima del total de denuncias en el gobierno de
Calderón, lo que representa un incremento de 17.7 por ciento.
Los estados con mayor número de
denuncias de este tipo de delitos son Veracruz, que tuvo un incremento de 122
por ciento entre 2015 y 2016, seguido de Michoacán (65 por ciento), Colima (259
por ciento), Baja California (42 por ciento) y Chihuahua (30 por ciento). En la
suma general, 23 entidades del país sufrieron un aumento en las denuncias,
lideradas por Veracruz, Michoacán y Colima. En los primeros cuatro meses de este año, como botón
de la extensión territorial de la violencia, se reportaron denuncias en 28
entidades, con Baja California, Veracruz y Sinaloa a la cabeza.
Llamados
como los que hizo De Hoyos a Osorio Chong, como responsable de la seguridad
interior y la gobernabilidad, deben ser una exigencia para las instituciones,
que hasta ahora se han dedicado a dos cosas: a esconder la cabeza como
avestruces o a posponer el fortalecimiento institucional que tanto contribuye a
esta debacle, por intereses partidistas particulares. A este respecto, no hay
señales de que las cosas cambiarán, ni la voluntad presidencial para dar un
golpe de timón y rectificar el rumbo.
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