La Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) junto con junto 100 organizaciones mexicanas hicieron
público hoy un informe, que presentarán mañana ante la Corte Penal
Internacional (CPI), en el que documentaron la colusión de Los Zetas con
autoridades gubernamentales de Coahuila para cometer delitos como tortura y
desapariciones forzadas entre 2009 y 2016, por lo que pidieron que se abra un
expediente preliminar sobre México.
Los hermanos Moreira, Humberto y
Rubén, han gobernado Coahuila de 2005 a 2017, periodo en el que se cometieron
dichos crímenes. Diferentes investigaciones periodísticas y testimonios de
víctimas dan cuenta de que las autoridades gubernamentales estaban al tanto de
lo que ocurría en la entidad, incluso, mencionan una estrecha relación con Los
Zetas.
De acuerdo
con el testimonio de un ex miembro en una Corte de San Antonio, Texas, Estados
Unidos, difundido en 2016, este grupo criminal habría financiado la campaña del
ahora Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés.
El mexicano
identificado como Adolfo Tavira declaró que observó a Los Zetas preparar una
camioneta Chevrolet Suburban repleta de dinero en efectivo destinada para
apoyar a Rubén.
“Se hicieron
algunas contribuciones de campaña para el Gobernador”, testificó Tavira, de
acuerdo con el diario San Antonio Express News.
De acuerdo con el informe “México:
Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen
crímenes de lesa humanidad”, Los Zetas y las fuerzas especiales responsables de
la seguridad en Coahuila (Policía Municipal, Policía Estatal Acreditable, GRI,
GATE, GATEM y/o GRUPO DE ELITE, GROM) en la entidad cometieron “un ataque sistemático
contra la población civil”.
“La información analizada lleva los
autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades
estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad
con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016:
Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de
lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales”, destacaron las
organizaciones en el informe con miras a que se concrete el inicio de una
investigación.
La comunicación presentada a la CPI
se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y
en particular de los expedientes de 73 víctimas.
La FIDH también ha usado información
disponible de fuentes abiertas para documentar dos sucesos especialmente
graves.
Uno es la denominada “Masacre de
Allende”, una localidad arrasada por miembros de Los Zetas durante tres días de
marzo de 2011 “aparentemente como consecuencia de un ajuste de cuentas”, según
el documento de la FIDH.
El ataque causó decenas de muertos y
se produjo sin que intervinieran las autoridades debido a que “para ese
entonces Los Zetas ya tenían a su servicio a los veinte policías de Allende”,
se asegura en el informe.
La
evidencia, precisó el informe, sugiere que
no sólo el municipio sino también el Gobernador de la época, Humberto Moreira
Valdés, estaba al tanto de lo que pasaba y que Los Zetas contaron con la
pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad.
El otro episodio que denuncia la FIDH
es el sucedido en la cárcel de Piedras Negras, que supuestamente “se convirtió
un centro de operaciones de Los Zetas” durante años.
“Los presos de esta organización
entraban y salían a su antojo de la prisión estatal, ocultándose cada vez que
eran perseguidos por las fuerzas federales”, explicó el documento de la FIDH.
En su
interior, fabricaban “el material necesario para sus actividades delictivas (…)
y a la vez internaban a personas para asesinarlas” introduciéndolas en ácido
“y/o quemándolas en tanques de acero”, detalló la investigación.
Tales acciones no habrían sido
posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus
autoridades. La cárcel de Piedras Negras está bajo la responsabilidad del
Gobierno del estado de Coahuila
La representante de la FIDH ante la
CPI, Carrie Comer, resaltó que algunos supuestos miembros de Los Zetas
detenidos y juzgados en Estados Unidos ya han explicado ante los jueces la
colaboración existente entre las autoridades mexicanas y el cártel.
“Eso está en
los registros públicos del sistema de justicia de Estados Unidos, pero como se
enfrentan a cargos de tráfico de drogas no se hace un análisis contextual de
los crímenes contra la humanidad que se han cometido”, indicó.
“Llegamos a la conclusión de que
existe un ataque sistemático dirigido contra la población civil en Coahuila”,
dijo la representante de la FIDH, por lo que reclamó que la Fiscalía de la CPI
abra una investigación preliminar sobre la situación en México.
Comer
recordó que Coahuila se encuentra en la frontera con Estados Unidos, por lo que
mantener el control territorial de ese estado significa tener acceso “a todo el
tráfico de la región, no sólo de drogas sino también de armas, personas e
incluso órganos”.
“Antes de
que los Zetas rompieran con el cartel del Golfo era un territorio en disputa.
Cuando los Zetas consolidaron su control, usaron nuevas tácticas para realmente
cooptar gobernadores municipales y estatales”, aseguró Comer.
Los representantes de la FIDH
sugirieron varias hipótesis que podrían explicar la connivencia entre los
carteles de la droga y las autoridades mexicanas.
Respecto al periodo entre 2009 y
2012, consideraron que se trata de un caso claro de corrupción porque las
autoridades locales fueron sobornadas por Los Zetas.
Sin embargo,
entre 2012 y 2016, la FIDH piensa que podrían haberse dado “falsos positivos”,
es decir, que las Fuerzas Especiales asesinaron a víctimas inocentes que fueron
presentadas posteriormente como miembros de Los Zetas.
Otra
posibilidad respecto a ese periodo es que integrantes de las fuerzas de
seguridad “trabajaran para otro cartel”, por lo que esos asesinatos habrían
servido para “hacer el trabajo sucio de controlar los crímenes cometidos en el
área”, dijo la directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.
Desde el punto de vista penal, México
es “el caso más grave” de Latinoamérica debido a “los más de 200 mil homicidios
y 30 mil desapariciones forzadas en sólo diez años”, aseguró a la agencia de
noticias Efe Reyes.
La directora
para las Américas de la FIDH añadió que esas cifras “están en los mismos
niveles que las dictaduras de Argentina o de Chile y son superiores a las del
conflicto en Colombia”.
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