De acuerdo con políticos, periodistas
y exfuncionarios estatales, el control político que ejerció el gobierno de
Rafael Moreno Valle durante su sexenio se basó en gran medida en el espionaje,
que lo mismo puso en práctica contra adversarios y críticos que contra sus
propios colaboradores y aliados.
Martín
Hernández Alcántara, reportero de La
Jornada de Oriente, hace referencia a este secreto a voces que le han
confirmado varias de sus fuentes, en relación a que el ahora exmandatario
poblano contaba con expedientes personales de empresarios, políticos,
periodistas, académicos y de cualquier actor que pudiera tener algún tipo de
liderazgo o tribuna social en la entidad.
“Esos expedientes”, refiere, “podían
contener cualquier cantidad de cosas privadas, no quiere decir que
necesariamente ilícitas, pero que sí que podrían perjudicar la vida familiar o
pública, como una relación extramarital, por ejemplo, o una preferencia sexual,
desde eso o hasta quienes igual tenían una cola muy larga”.
Señala que en el sexenio pasado fue de dominio público
que estos expedientes lo mismo se usaban para presionar, que para chantajear,
conseguir favores políticos, obtener sumisión en el Congreso del Estado o para
obligar a jueces y magistrados a emitir determinados fallos.
“Sé de gente que ha trabajado en el
gobierno y en otros gobiernos del PRI que sí los chantajearon con asuntos de su
vida personal”, sostiene
Hernández.
Igual,
agrega el periodista, “se sabía que
Moreno Valle vigilaba a sus propios funcionarios, para así saber con quienes
hablaban, con quienes se reunían”.
Esta información fue corroborada por
exfuncionarios estatales, quienes reconocieron que todos tenían la certeza de
que eran espiados, que sus celulares estaban interferidos y señalaban como
responsable de eso al actual diputado federal Eukid Castañón.
Hay indicios de que el gobierno de
Moreno Valle no sólo usó el software Galileo para espiar.
A mediados
de 2015, el estudiante Carlos Arafat Rosas, señalado como perseguido político
del morenovallismo, aseguró que en su
expediente penal encontró fotografías que evidentemente le fueron tomadas con
drones.
Igual, hay versiones de que operaban
camionetas con equipos que permitían grabar conversaciones a distancia.
La exdiputada federal Roxana Luna
dice que es un hecho que el espionaje fue un elemento fundamental para el
control político que ejerció Moreno Valle. “Sólo así logró someter a la clase
política de la forma en que lo hizo”, recalca.
“Les sacaban su tarjeta informativa,
donde además de asuntos de la vida privada del actor político o funcionario, se
ventilaban asuntos familiares que amenazaban con sacar a la luz pública, y le
decían: mira, mejor no hagas nada”, relata la también excandidata a la gubernatura.
En su caso, indica que en dos
ocasiones tuvo evidencias de que sus líneas telefónicas fueron interferidas
pues fueron filtradas a los medios de comunicación.
Otra prueba clara de esto fue cuando
en la campaña interna para ser candidata del PRD a la gubernatura en 2016,
hablaba con algún alcalde para pedirle su respaldo, y a los pocos minutos un
funcionario estatal se comunicaba para amedrentarlo: “¿por qué hablaste con
Roxana?”, se le
inquiría
En septiembre de 2014, el entonces
diputado federal Enrique Doger Guerrero, fue uno de los primeros en denunciar
la operación de esta red de espionaje a cargo del gobierno de Moreno Valle.
El ahora delegado del IMSS en Puebla
cuenta que en esa ocasión, de manera anónima, llegó a su oficina un sobre con
información “muy concreta” que le advertía que su celular había sido “clonado”.
Esa información señalaba a Joaquín
Arenal, exdirector del CISEN en Puebla, como operador y a Eukid Castañón, como
cabeza de la red.
El sobre contenía una USB, que aún
conserva, con decenas de archivos de audio de sus conversaciones con distintas
personas.
“Lo cierto
es que paralelo con esto”, recuerda el
político, “familiares míos empezaron a recibir fotografías y conversaciones que
venían de mis chats, les decían por ejemplo a mis hijas, denuncias de que “tú
papá está haciendo esto” y les enviaban fotos que sólo podrían haber salido de
mi celular”.
Doger refiere que todo esto ocurrió
cuando tenía aspiraciones políticas para ser candidato a gobernador por el PRI
y asume que estas filtraciones hacia su familia eran una especie de
advertencia.
Denunció el caso ante la Cámara de
Diputados y días después, su oficina fue allanada. Los ladrones, de manera
sospechosa, se llevaron documentación que sólo tenía valor político.
A partir de entonces ha tomado
medidas como cambiar continuamente de celular, usar algunos números
“desechables”, y sobre todo evitar hablar y mensajear por teléfono asuntos de
importancia.
Asegura que entre la clase política
poblana prevalece una especie de paranoia o psicosis, por lo que en reuniones
políticas de relevancia optan por dejar los celulares afuera.
En una
ocasión, un funcionario de gobierno le
advirtió: “aquí te tengo tu expediente”, por lo que no duda que le saquen algo
a la luz pública si llega a ser candidato el próximo año.
Entre los actores políticos de Puebla
persiste la sospecha de que el espionaje sigue, pues nadie ha informado sobre
el destino que tuvo el equipo que adquirió la pasada administración a Hacking
Team.
“No sabemos si Moreno Valle se lo
llevó, dónde está o que hizo con ese equipo”, señala Luna Porquillo, “aunque debió ser usado para
vigilar y combatir a la delincuencia, es un hecho que no fue el uso que se le
dio”.
Y presumen que Moreno Valle mantiene su red
de espionaje no sólo por su proyecto presidencial, sino por su interés de
lanzar a su esposa Martha Erika Alonso como candidata del PAN a la gubernatura
en 2018.
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