Salvador Camarena.
El primer semestre de 2017 quedó
marcado por las balas. En esos seis meses, entre muchos otros, fueron
asesinados dos jefes de la Policía Federal (en Michoacán y Veracruz), siete
reporteros y una activista tamaulipeca que había logrado que los asesinos de su
hija pagaran por su crimen.
Esas muertes alcanzaron macabra
notoriedad en medio de la degradación, no por anunciada menos grave, de las
cifras de homicidios. Las últimas horas de junio cerraron con 17 muertos sólo
en Mazatlán, balacera-colofón del semestre en el que tuvimos en mayo el mes con
más asesinatos en dos décadas.
La retórica gubernamental niega a
estos hechos su dimensión cabal. A lo más que llega el gobierno es a prometer
nuevos ajustes de lo que ven como un éxito: estamos mal porque vamos bien en la desarticulación
de los objetivos prioritarios de los liderazgos de las bandas delincuenciales…
Se enamoraron de ese medallero del
narco y hoy no se atreven a reconocer que –como en la estrategia de Calderón
que juraron cambiar– tener éxito en esa estadística se ha traducido en un baño
de sangre derramada no sólo por muertos de 'los malos', como se quieren
consolar las autoridades.
Esos malos se disputan territorios y
pingües negocios, pugna que tiene como rehén a la población de regiones tan diversas
como Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Michoacán y, por supuesto, la
Ciudad de México, que en su escala vive también ya un clima donde las
ejecuciones se han ido normalizando.
Ante lo
anterior se han escuchado voces que plantean que la culpa la tienen el Nuevo
Sistema de Justicia Penal o el cambio, con alternancia o sin ella, de
autoridades en los estados.
La excusa de
las alternancias es harto curiosa. Según esa hipótesis, Colima estaría mal
porque salió un gobernador del PRI para que llegara otro del mismo partido.
Salvo que Colima ya estaba mal con el anterior. Y si en los estados hoy
gobernados por Miguel Ángel Yunes o Javier Corral hay violencia, justo es
reconocer que ese fenómeno tuvo periodos de crisis en Veracruz y Chihuahua en los
tiempos de su respectivo Duarte.
Si hiciera falta más mentís al
argumento de que son las elecciones las que rompen un esquema virtuoso de
combate al crimen, ahí están Jalisco y Tabasco, por ejemplo, en su quinto año
ambas administraciones y muy lejos de un control efectivo de la delincuencia.
Sobre el tema del Nuevo Sistema de
Justicia Penal como causante de la escalada violenta, se puede decir que es
entendible la frustración de algunos jefes policíacos (Renato Sales, de la
Policía Federal, y Alberto Capella, de Morelos, entre otros), que ven con
preocupación que con el nuevo marco legal los jueces no dejan en prisión a
quienes son detenidos con armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas.
Pero a la hipótesis de Sales y
Capella le falta data que la sustenté como una causal de la violencia, y además
carece de aliados en el Poder Judicial, donde según pude saber discrepan sobre
lo expuesto por Sales.
Se agradece
que al menos Sales intente una explicación de lo que está ocurriendo. Es una
voz solitaria en un gobierno que a pesar de la gravedad ya ni siquiera intenta
formular hipótesis, menos un plan para corregir el rumbo.
Gobierno y
oposición desatienden la más acuciante de las realidades para millones de
mexicanos. Nuestros políticos viven sólo
para las elecciones. Y ni lo padecido en meses como mayo les hará incluir en la
agenda, en calidad de urgente, el tema de la violencia.
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