A dos años del multihomicidio de
cinco personas en la colonia Narvarte -entre ellos, el fotoperiodista y
colaborador de Proceso, Rubén Espinosa- periodistas, activistas y abogados de
las víctimas se manifestaron a las afueras de la Procuraduría General de
Justicia capitalina (PGJ-CDMX).
“Han sido dos años sin respuesta: no
sabemos de todos los autores intelectuales. La PGJ no ha sido capaz de
establecer la mecánica del crimen”, señaló el también colaborador de este
semanario, Temoris Grecko.
Al evento
acudieron las hermanas de Rubén Espinosa, Patricia y Alma Espinosa; Fredy
Morales, hermano de Mile Virginia Martín; e Indira Alfaro, madre de Yesenia
Quiroz.
Los familiares refirieron que a 24
meses del multihomicidio ocurrido el 31 de julio del 2015, no creen en la
versión de la Procuraduría que dirige Edmundo Garrido Osorio. Argumentaron que
no se han agotado todas las líneas de investigación y que durante las
diligencias no tomaron en cuenta las actividades laborales de cada una de las
víctimas, además de todas las irregularidades durante las averiguaciones
previas.
“No pedimos nada extraordinario: exigimos
verdad y justicia”, coincidieron
los familiares.
Después de
una clausura simbólica con los rostros de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz,
Rubén Espinosa, Nadia Vera y Mile Martín pegadas en la entrada de las
instalaciones de la PGJ, Leopoldo
Maldonado, abogado de Artículo 19, criticó la actuación de la Procuraduría
durante la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Representante
de la familia de Espinosa Becerril, señaló
que el multihomicidio no es un caso aislado, ya que existe un patrón en la
forma en que se investigan los casos de homicidio en la entidad.
“Es la misma Procuraduría que mintió
en el feminicidio de Lesvy Berlín, que trata de ocultar las cifras de
homicidios, así como del crimen organizado “, refirió.
Añadió: “Es una muestra del estado de
descomposición que vive esta ciudad. Son inaceptables las explicaciones que nos
quiere dar la PGJ. ¿A quién está protegiendo Mancera, a quién está defendiendo
la PGJ?”.
Incluso, denunció que días antes de la protesta
frente a la PGJ, solicitaron al procurador, Edmundo Garrido, una reunión con
los familiares de las víctimas, aprovechando que la madre de Yesenia que vive
en Mexicali, y el hermano de Mile, que habita en Bogotá, Colombia, viajaron a
la capital para participar en la conmemoración del hecho. No obstante, dijo que
hasta la fecha no tenían respuesta del encargado de la procuración de justicia
de la ciudad quien, a su vez, conoce muy bien la investigación, pues la
supervisó cuando era subprocurador de Averiguaciones previas Centrales, bajo la
orden de Rodolfo Ríos.
En el mitin,
en el que integrantes de seguridad de la
PGJ impidieron cerrar por completo las puertas, los activistas también
realizaron una pinta en la calle con la palabra “justicia”.
PGJ sigue
ignorando a las víctimas.
Al mediodía
y como parte de las actividades de conmemoración del caso Narvarte, Héctor
Pérez Rivera, director de la Clínica de Interés Público contra la Trata del
ITAM, refirió que es falso que la PGJ cumplió con una de las recomendaciones
que hiciera la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF), como lo dio
a conocer la misma institución, el pasado 26 de junio.
Según su
versión, la dependencia ni siquiera ha notificado a los representantes de las
víctimas sobre este cumplimiento, por lo tanto, no existe una valoración de que
cumpla con lo referido por la CDHDF.
Aseguró que
es más una reacción a “bote pronto” y por la cercanía de la fecha, criticó el
abogado.
En
entrevista con Apro, el litigante detalló que después de la publicación en la
Gaceta Oficial de la CDMX de las modificaciones a los acuerdos A/007/2017 y
A/004/2010 -con los que supuestamente la PGJ cumplió uno de los puntos de la
recomendación 4/2017, de la CDHDF- no ha habido interlocución con las víctimas.
Aún más, se
refirió a la entrevista a Edmundo Garrido que Proceso presentó en su edición
2126 que circula esta semana, en la que asegura que existe disponibilidad de la
dependencia a su cargo para cumplir con los 15 puntos recomendatorios de la
CDHDF.
“Si
estuviera en la mejor disposición ya se hubiera reunido con las familias para
establecer una ruta de cumplimiento, situación que no ha ocurrido hasta el día
de hoy”, criticó Pérez Rivera.
De la Recomendación
de la CDHDF emitida el pasado 21 de junio, el abogado dijo que el órgano “quedó
a deber” ya que faltó una restructuración del sistema de atención a las
víctimas.
“A las víctimas se les trata con
absoluto desprecio. La capital no tiene una comisión de atención, ni un fondo
de reparación integral, ni una ley para las víctimas. Esta Recomendación debió
de haber sido la oportunidad de la CDHDF para pedir una reforma integral y
estructural del sistema de atención a víctimas de la ciudad”, mencionó el abogado.
Héctor Pérez insistió en que la
presidenta de este órgano autónomo, Perla Gómez, carece de autoridad moral para
hacer valer sus recomendaciones. Incluso, denunció que hubo una administración
política durante el proceso de emisión de la Recomendación, porque -como lo
denunciaron los familiares-, constantemente se cambió el visitador responsable
y se añadían o quitaban contenidos del documento señalado.
Finalmente,
adelantó que de los 15 puntos de la Recomendación primero buscarán que se
cumpla la disculpa pública, la adecuación del protocolo de actuación para el
delito de feminicidios y la indemnización para las familias.
“Pediremos
que haya una reunión formal donde se acuerde la ruta crítica para cumplir la
recomendación”, concluyó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.