A tres años del “desastre ambiental
más grande en la historia de la minería en México”, el Río Sonora sigue
contaminado a pesar de que lo niegue el gobierno estatal y la empresa
responsable del derrame de 40 millones de litros de tóxicos, Buenavista del
Cobre, filial de Grupo México, aseguró el abogado del caso, Luis Miguel Cano.
El Juzgado Primero de Distrito de
Sonora sentenció que el agua del río sigue contaminada. De acuerdo con el
monitoreo de los pozos, se detectaron dos pozos contaminados: el de la
comunidad Sinoquipe con arsénico y en La Labor con manganeso, lo cual viola el
derecho humano al agua para el alrededor de 500 habitantes de ambos poblados.
Estos dos pozos con arsénico y
manganeso en niveles superiores a lo establecido por la Organización Mundial de
la Salud representan la mitad del Río Sonora.
Ante ello, se solicitó un diagnóstico médico al ISSTE
Sonora, IMSS y a la Secretaría de Salud sobre los efectos por consumir agua de
un río aún contaminado.
“Las autoridades dijeron que el río
ya estaba bien y el agua se empezó a usar [incluyendo en bebederos de escuelas
públicas de nivel básico]”, aseguró el abogado. “La empresa ha dado por cerrado
el caso y el gobierno avala que el río no está contaminado”.
El derrame de tóxicos registrado en
agosto de 2014 afectó directamente a 22 mil personas e indirectamente a 250 mil
personas de siete municipios de Sonora, así como la calidad del agua y suelos
para cultivo.
Pero la compañía minera solo fue
sancionada con 24 millones de pesos, “lo cual no es nada para la empresa; un 0.00016 por ciento
de sus ingresos brutos en 2014”, destacó el litigante Cano. También se definió
el reparto de 2 mil millones de pesos para reparación de los daños económicos a
agricultores y ganaderos, solo el 0.013 por ciento de esos ingresos brutos.
Integrantes de dos de los ochos
Comités de Cuenca Río Sonora, directamente afectados, acusaron que les
prometieron 36 purificadoras para que la población afectada no tuviera que
comprar agua limpia (entre 18 y 24 pesos la botella), así como una clínica de
salud especializada para las 381 personas afectadas con daños a la salud por
los metales. Pero no cumplieron.
Solo han colocado nueve
purificadoras, pero la de Bacanuchi -comunidad cercana al río- no funciona, afirmó Ramón Miranda Córdova, del
CCR-Aconchi.
La empresa argumentó que la reducción
en el número de purificadoras fue porque “sería irresponsable hacerlas” ya que
las autoridades municipales “no tenían capacidad para explotarlas”.
Mario
Alberto Salcido Romo, integrante del CCR-Ures, recordó que antes tomaban agua
de la llave sin preocupación, pero ya no pueden.
“El gobierno no ha puesto todas sus
fuerzas para castigar a la empresa […]. Limpió con carretillas 30 kilómetros de
los 270 kilómetros del río en Bacanuchi, pero sigue contaminado”, dijo Salcido.
El agricultor recibió 20 mil pesos
por sus dos hectáreas de cultivo, lo cual consideró “irrisorio” porque lo que
necesita y demanda es agua limpia y salud.
Carlos Iván Samayoa, campañista de
tóxicos de Greenpeace, concluyó que este caso se suma a un largo historial de
falta de acción gubernamental ante desastres ambientales.
“Esto da cabida a que las empresas
sigan viniendo, dañen recursos y solo deban pagar una indemnización. Las
reformas estructurales han abierto las puertas al modelo extractivo de recursos
naturales. Mientras se sigan privilegiando las ganancias económicas sobre los
derechos humanos, seguirán los abusos y la impunidad”, afirmó.
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