Para la empresa De Lorenzo Of America
Corp, filial de la italiana De Lorenzo Engineering, haber sido incluida en la
lista de empresas con prácticas fraudulentas del Banco Mundial (BM) no ha sido
un impedimento para hacer negocios con el gobierno federal, y con gobiernos
estatales.
En los últimos cinco años, la empresa
ha facturado 92.8 millones de pesos gracias a la venta de sus productos
(maquinaria, sistemas electrónicos, soluciones técnico-didácticas, etc.) a
dependencias, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), además de instituciones educativas, como el IPN,
y los gobiernos de 14 estados, entre ellos Sinaloa y Michoacán, las dos
entidades con las que ha tenido los contratos más altos.
Una revisión
a la base de datos de contratos del sistema Compranet, a través de la página
Contratobook, muestra que desde mayo de
2012 (cuando fue incluida en la lista negra del BM) a la fecha, la empresa ha
establecido 47 contratos con dependencias federales y estados.
La inclusión
en la lista negra del Banco Mundial, que también hizo suya el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), señala
que las empresas incluidas quedan inhabilitadas para recibir contratos con esas
instituciones, “por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y
corrupción”.
El Banco
Mundial también explica que, tras la acusación en mayo de 2012, se ha dado un
proceso administrativo en donde se le permite a las firmas y personas físicas
señaladas presentar pruebas a su favor.
Para ello,
se realizó una audiencia de la Junta de Sanciones del Banco Mundial, el 4 de
octubre de 2011, donde el acusado presentó pruebas y argumentos para tratar de
combatir el señalamiento, de haber presentado documentación falsa en un proceso
de adjudicación.
La sanción
no limita que pueda hacer negocios con otras empresas u organizaciones, a menos
de que esas empresas u organizaciones cuenten con recursos de un programa
financiado por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
La página del Banco Mundial informa
que De Lorenzo Of America Corp está por salir de la lista, aunque no aclara la
fecha en que eso se producirá, ni las razones por las que dejará ese listado.
Se buscó a la empresa para conocer su
postura sobre su inclusión en la lista, las razones y el impacto que ha tenido
en sus negocios, pero la firma declinó hablar sobre el tema.
Más empresas
y personas físicas.
De Lorenzo
no es la única empresa ubicada en México incluida en la lista del Banco
Mundial, pero sí es la única que siguió haciendo negocios con dependencias y
estados tras la acusación.
Las otras empresas incluidas en la
lista son: Macotro SA de CV, Global Scientific SA de CV, Ryoho Tech de México
SA de CV, SNC – Lavalin de México SA de CV y SNC – Lavalín Ingeniería y
Construcción SA de CV. Estas empresas no
saldrán de lista hasta 2023.
Las primeras tres establecieron
contratos con gobiernos en México, pero antes de ser incluidas en la lista, en
mayo de 2012.
Otra asociación, Jóvenes Futuros
Empresarios Por México, A.C. (Jemac), entró a la lista en 2015 y saldrá en
2022.
En cuanto a
personas físicas vinculadas a las empresas señaladas, están: Andrés Jaramillo Jaimes, Andrés Rodríguez
de la Torre, Blanca Estela García Rodríguez, Brenda Ponciano Mendoza, Gabriel
Cruz Cervantes, Jesús Escorza Escorza, Johana Yasmin Contreras García, José
David Escorza Escorza, José Rogelio Lira Pineda, Josefino Morales, Manuel
Vázquez Hernández, Ramón Escorza Escorza, y Rebeca Ponciano Mendoza.
En lista del
Departamento del Tesoro.
En una revisión a las 231 empresas
boletinadas actualmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hay
tres que han hecho negocios con el gobierno federal mexicano y con un gobierno
estatal, aunque presuntamente forman parte de redes de lavado de dinero.
El jardín de niños Estancia Infantil
Niño Feliz recibió, por adjudicación directa, 3 contratos por 11.5 millones de
pesos con el IMSS, entre 2002 y 2004. De acuerdo con la administración
estadounidense, la empresa es propiedad de Ismael “El Mayo” Zambada y su hija,
María Teresa Zambada Niebla.
La empresa ADT Petroservicios SA de
CV facturó 2,095.9 millones de pesos entre 2003 y 2010, al establecer 24
contratos con Petróleos Mexicanos. Los estadounidenses ubican a la empresa como
propiedad del veracruzano Francisco Antonio Colorado Cessa, Pancho Colorado,
quién en 2012 fue detenido y acusado de lavar dinero para el cártel de Los
Zetas.
Mientras que la empresa Distribuidora
Médica Hospitalaria SA de CV, vinculada a Ezio Benjamín Figueroa Vásquez e
hijo, tiene dos contratos otorgados por el gobierno de Yucatán, entre 2008 y
2009, por 443 mil pesos.
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