La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y la Cámara de Diputados no se ponen de acuerdo en quién y
cómo deben publicarse las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados
federales que están actualmente en el cargo.
Por ley las versiones públicas del
patrimonio de los legisladores deben publicarse en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) y en la página de la Cámara baja, pero hasta el momento las
declaraciones de 2015 y 2016 no están disponibles en ninguno de los dos sitios.
La Cámara informa que por un acuerdo
interno dicha información está a cargo de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF).
Pero la ASF señala
que está “imposibilitada jurídica y materialmente para publicar las versiones
públicas de las declaraciones patrimoniales”.
Así que
vuelve a remitir a la Cámara, pues
explica que este trámite debe ser gestionado por personal y directamente ante
la autoridad competente, “siendo en este caso la Unidad de Evaluación de la
Cámara de Diputados, por lo que la ASF no está en aptitud de tener bajo
resguardo y publicar las declaraciones patrimoniales del personal adscrito.”
Pero la
Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados insiste en que las declaraciones patrimoniales de los últimos dos años
las tiene la ASF, y que será hasta agosto, sin especificar la fecha, cuando se
publiquen en la página y la plataforma las declaraciones de 2017.
Este
desacuerdo entre ambas partes no es nuevo. En abril de 2011 Animal Político
solicitó a través de una solicitud de transparencia a la ASF y la Cámara de
Diputados las listas de los legisladores que habían hecho públicas sus
declaraciones patrimoniales.
Entonces ambas entidades se
responsabilizaron una a otra de publicar los datos, pero ninguna dio a conocer
la información.
Pero más
allá de las obligaciones de ley, hay
poca voluntad en los legisladores en hacer pública y transparente su evolución
patrimonial.
Hasta el momento de los 500 diputados
que integran la actual legislatura sólo 126 han publicado de manera voluntaria
sus declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal, en la plataforma 3de3.mx
que impulsaron organizaciones de la sociedad civil.
Un largo
camino a la transparencia.
La obligación
de presentar su declaración patrimonial para los diputados no es nueva. En
1982, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señalaba
que los legisladores debían entregar un informe anual con la evolución de su
patrimonio.
La extinta
Secretaría de la Contraloría sería la encargada de resguardar esta información.
En 2002, la
Ley de Federal de Transparencia estableció que para acceder a esos documentos
se necesitaba el consentimiento expreso de los sujetos.
Cuatro años
después con la promulgación de la Ley General de Transparencia en abril de 2016
se acortó un paso, pues ya no es necesario que los ciudadanos obtengan primero
la autorización del sujeto obligado, ahora al presentar su declaración
patrimonial los servidores públicos consienten, o no, el dar a conocer una
versión pública.
Ahora también deben, por ley,
presentar una declaración de intereses.
“Las
declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por
la Constitución”, señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas
que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
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