La Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) gastó 6 mil millones de pesos en el programa de
Infraestructura para las zonas de mayor rezago, pero no comprobó que los
beneficiarios realmente fueran las personas en situación de pobreza y alta
marginalidad; es decir, la población objetivo.
La SEDATU, dirigida por Rosario Robles, supuestamente
gastó el presupuesto para construir 57 mil cuartos adicionales para familias en
hacinamiento, pero no presentó la documentación que lo comprobara, según
detectó la Auditoría Superior de la Federación en el informe parcial de la
Cuenta Pública 2016.
El programa
de Infraestructura, en el componente “Ampliación y/o mejora de la vivienda”
tuvo deficiencias desde las normas de operación pues debe seguir medidas
precisas para regular la entrega de los subsidios. “No se definió de manera específica su población objetivo, ni cómo se
garantizaría que los recursos se canalizaron exclusivamente a esta”, advierte
el informe.
Aunque la
SEDATU reportó la ejecución de los recursos, “no acreditó” la emisión de los pagos que supuestamente hizo, “ni la
documentación que comprobara las erogaciones de las cuentas por liquidar, ni el
desglose de los gastos de operación y subsidios otorgados en los proyectos y
obras del programa”.
Por tanto, la Auditoría reportó las irregularidades al
Órgano Interno de Control de la dependencia para que investigue y, en su caso,
sancione a los servidores públicos que hayan cometido una falta a la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El programa
de ampliación y mejoramiento de vivienda tenía detectados a casi 22 mil hogares
como su población potencial, y registró en sus bases de datos a 69 mil 681 hogares
atendidos; sin embargo, la dependencia
no pudo confirmar que los beneficiarios eran todos los que se tenían que
atender, ya que desde un inicio no determinó a la población objetivo.
Esto “evidenció un riesgo para
entregar el subsidio, y demostró la falta de mecanismos de control para el
registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente,
que permita la adecuada rendición de cuentas relacionada con la atención de los
hogares ubicados en las localidades rurales de muy alto, alto y medio rezago
social”, dice la
Auditoría.
Ineficacia
para atender el rezago.
En el programa de SEDATU también
operó el “componente infraestructura para el hábitat”, enfocado en subsidios
para la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y
equipamiento, pero tampoco fue eficaz.
La SEDATU reportó que apoyó mil 749
proyectos para mejoramiento del entorno, que significó un gasto de mil 521
millones de pesos; sin embargo, la dependencia tampoco corroboró que el dinero
se haya ejecutado para beneficiar a la población vulnerable pues “no acreditó
los avances físicos financieros para verificar el seguimiento de la ejecución
de los proyectos autorizados”.
En el
reporte de beneficiarios, la Auditoría
comprobó que la SEDATU benefició a cinco mil 852 hogares que no se encuentran
en las zonas de actuación del programa, es decir, los recursos no fueron
canalizados a la población de alto y muy alto rezago, como supuestamente lo
pretende el programa.
Respecto al
rubro “Espacios Públicos y Participación
Comunitaria”, la Secretaría ejerció 569 millones 823 mil pesos, pero las
supuestas acciones “no contribuyeron” en el combate del problema de poca
cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas
de riesgo de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago
social.
La Sedatu tampoco comprobó en qué gastó 28 millones
de pesos del presupuesto para el rubro de espacios públicos y en el seguimiento
de los proyectos y obras, ni reportó los avances trimestrales
físico-financieros de 184 de los 389 proyectos reportados como ejecutados ni de
las 8 obras de mejoramiento físico en desarrollos habitacionales.
Aunque SEDATU reportó más de nueve millones de
hogares atendidos, se desconoce si correspondieron con la población potencial y
objetivo.
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