Ezequiel
Flores Contreras.
Entre acarreados y elogios de
diputados locales, tanto del PRD como del PT y el PAN, el gobernador Héctor
Astudillo Flores planteó “la urgente necesidad” de renovar la estrategia de
seguridad en Guerrero, y convocó a la clase política a suscribir un nuevo
pacto.
En el
Congreso local, durante la ceremonia por el segundo informe de gobierno, el priista admitió el fracaso de la estrategia
federal que encabeza el Ejército desde hace cuatro años, porque “el problema de
Guerrero –dijo– no es político, es la violencia”.
En ese
sentido, pidió a legisladores, alcaldes
y trabajadores del Poder Judicial fortalecer las instituciones, actualizar las
leyes y darle un mejor uso a los recursos que destina el gobierno de Enrique
Peña Nieto para combatir la delincuencia.
“Hagamos lo
que haya que hacer para que Guerrero recupere la seguridad”, exclamó Astudillo
en el recinto legislativo, copado por la clase política priista nacional y
estatal.
Consideró necesario replantear el
actual modelo policial a través de reformas constitucionales, en sintonía con
la Ley de Seguridad Nacional que impulsa el Ejército, e implementar el Mando
Único en la entidad.
Ello, pese a que en Guerrero la
Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) es dirigida por el general en
activo Pedro Almazán Cervantes, y la mayoría de los mandos operativos son
soldados. En tanto, oficiales del Ejército y el agente federal Ramiro Espinoza
Jiménez administran las áreas de análisis y acopio de información estratégica
del C4, a nivel estatal.
Por su
parte, soldados de la IX Región Militar
y agentes estatales y federales están a cargo de la seguridad pública en la
mayoría de los 81 municipios donde la delincuencia y guardias comunitarias han
asumido el control de regiones completas.
Astudillo
consideró que, si las autoridades de los
tres niveles pudieran contener y reducir el fenómeno de la violencia criminal y
la delincuencia común, “muchos de los problemas que enfrentamos se reducirían
drásticamente”.
Subrayó:
“Más aún, si lográramos contener la criminalidad, el potencial económico,
turístico, minero y agrícola nos permitiría ofrecer una calidad de vida muy
superior a nuestra gente”.
En
respuesta, la mayoría de legisladores
del PRI y sus aliados del PRD, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Partido
Verde y PT, se enfocaron en elogiar a la administración de Astudillo, CON UN REGISTRO OFICIAL DE MÁS DE 4 MIL
HOMICIDIOS DOLOSOS EN SUS DOS AÑOS COMO GOBERNADOR.
Sólo desentonó la diputada local por
Morena María de Jesús Cisneros, quien consideró que la principal falla del priista ha sido
en sus obligaciones de preservar la vida, el patrimonio, las libertades y
garantizar la vigencia de un estado de derecho con justicia, armonía y sana
convivencia social.
“No puede haber orden en un estado
donde no se respeta la división de poderes, porque se pisotea el Legislativo
para imponerle magistrados del Poder Judicial y se fracasa en la implementación
del nuevo Sistema Penal”, expresó.
La diputada
de oposición reprochó que Astudillo
decidiera ausentarse para hacer campaña a favor del PRI en el Estado de México,
durante la pasada elección, y ahora promueve a su hijo Ricardo Astudillo Calvo
en actos oficiales.
También condenó el despilfarro y opacidad en el
gasto para publicidad oficial, principalmente los 2.7 millones de pesos que se
destinaron sin licitar a la campaña mediática denominada Orgullo Guerrero, que
benefició a la cadena Cinépolis y a la productora Chinqueque Films, de Rafael
Aparicio.
“No hay orden cuando el gobierno
desconfía de sus propias instituciones y tiene que contratar notarios para que
den fe de la entrega de ayuda a damnificados”, dijo Cisneros respecto a la acumulación de despensas del Fonden en terrenos privados
donde tuvieron que incinerarse víveres que estaban a la intemperie.
Finalmente, consideró como grave el
hecho de que el priista calificara de “separatistas” a los pueblos y
comunidades indígenas que exigen el reconocimiento de sus derechos, autonomía y
libre determinación, como lo ordena la Constitución federal.
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