Organizaciones sociales agrupadas en
los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás hicieron un llamado para que
senadores y diputados reformen de una vez por todas el artículo 102
constitucional, referente a la designación y remoción de fiscales –incluido el
Fiscal General y el fiscal especializado para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE)–.
Esto con el objetivo, según
señalaron, de incentivar una institución de justicia “autónoma, eficaz e
independiente”.
En
conferencia, los colectivos que integran
alrededor de 300 organizaciones sociales evidenciaron que a un mes de que
legisladores federales y partidos se comprometieran a trabajar en la
modificación de este artículo constitucional, aún no se discute en los recintos
legislativos.
Partidos
políticos y legisladores prometieron estos cambios después de que colectivos
#FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás se pronunciaron en agosto pasado en contra de
un “fiscal carnal”, es decir, el pase automático del entonces Procurador General
de la República, Raúl Cervantes, al nuevo órgano de procuración de justicia, la
Fiscalía General.
En agosto además presentaron su Proyecto
de Dictamen Ciudadano que incluyó la modificación del 102 Constitucional.
“Les solicitamos honrar su
compromiso. El trabajo debe de empezar inmediatamente en el periodo de sesiones
en curso y bajo un modelo de parlamento abierto que permita el debate
despolitizado de lo que será la Fiscalía más grande de Latinoamérica”, subrayaron.
En su
pronunciamiento, insistieron en que la
falta de autonomía de una Fiscalía General se traduce en una “grave” crisis de
violaciones a derechos humanos, corrupción e impunidad.
“El estado de derecho en México debe
fortalecerse desde ahora. La misión no puede estar bajo el reloj de la
contienda electoral que se avecina, como tampoco puede estar condicionada al
resultado de este proceso”, concluyeron.
Lo de Nieto,
órdenes del Ejecutivo,
De la
destitución del fiscal especializado Para la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE), Santiago Nieto Castillo –que ordenó el encargado de despacho de la
PGR, Alberto Elías Beltrán, la semana pasada– las organizaciones refirieron que la orden no es más que una muestra
del control del poder Ejecutivo en la designación de las autoridades encargadas
de la procuración de justicia, “en contravención a la mejores prácticas y
estándares internacionales”.
Al respecto
y por separado, la analista y también integrante de #FiscalíaQueSirva, María
Amparo Casar, refirió que la destitución
es también un caso de la manera imparcial de impartir justicia en el México,
pues si bien a Nieto Castillo se le acusa de filtrar información y con ello
violar el debido proceso de la investigación del caso Odebrecht, fue la misma
acción que cometió en 2015 al revelar la orden de aprehensión contra Arturo
Escobar, líder del Partido Verde Ecologista Nacional.
“¿Por qué en ese momento no se le
removió? No sabemos que componendas políticas hubo detrás”, se preguntó.
Amparo Casar
también cuestionó las razones jurídicas
de Elías Beltrán en la destitución de Nieto Castillo, pues desde que se dio a
conocer la noticia el fundamento legal ha variado:
“El boletín oficial de la PGR dice
que se remueve por faltas al código de conducta. Luego en entrevistas se habla
de una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia; finalmente
se habla de una violación a la debida reserva”.
Esto es una falta de cuidado por
parte de la institución que está encargada de la procuración de justicia. Es
inadmisible que desde el primer momento que se anunció la remoción no hayan
cuidado cada una de las palabras. Paradójicamente se
está acusando al Santiago Nieto cuando la Procuraduría no tuvo ni siquiera el
cuidado de dar las razones fundadas y motivas para su remoción”, dijo.
Finalmente, insistió en que en el contexto político
electoral que se aproxima se debe construir una Fiscalía General y una FEPADE
fuerte y autónoma.
Ello porque “hoy más que nunca, cuando las elecciones
son muy competidas, donde sabemos que hay mucho dinero ilegal en las campañas,
nos han demostrado todos los partidos que están dispuestos a violar la ley al
máximo, a esperar a que no los cachen y que si los llegan a cachar no los
procesen”.
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