“Al diablo
con sus instituciones”, dijo Andrés Manuel López Obrador en 2006, cuando la
herida por los comicios presidenciales del 2 de julio aún estaba fresca. Su
expresión desconocía los resultados electorales, pero también denunciaba los
atropellos y la parcialidad con que las instituciones gubernamentales manejaron
el proceso y la elección.
Pasados 15 años de la polémica, el
regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos está
destruyendo esas instituciones, supuestamente consolidadas… y también a las
nacientes, coinciden analistas políticos consultados por SinEmbargo.
Esa es la
conclusión que se desprende hora que llega el ocaso de 2017, cuando la
legitimidad y la operación de una gran cantidad de organismos gubernamentales
están en vilo por sus vagos resultados y su incierto porvenir.
Llegaremos a 2018 sin un Fiscal
General y sin un Fiscal Anticorrupción; con una Procuraduría General de la
República (PGR) y una Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales
(FEPADE) prácticamente acéfalas; con un Instituto Nacional Electoral (INE) y
con un Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación
cuestionados.
Ante esta
situación de crisis institucional, los especialistas consultados por SinEmbargo
refieren que las consecuencias de haber
demolido las instituciones son garrafales, ya que, en lugar de solucionar el
problema, profundizan la falta de credibilidad y de respuesta en el gobierno.
“Peña Nieto ha sido un destructor de
instituciones de contrapeso y tiene sobre sus espaldas una responsabilidad que
será histórica: el
haber propiciado la mayor involución democrática que hemos visto en nuestro
país en décadas […]. Lo que han hecho
estos señores -Peña Nieto, el PRI, la clase política- desde que llegaron al
gobierno es tratar de destruir todas las instituciones autónomas que más o
menos podían supervisar al poder político”, sostuvo Enrique Toussaint,
politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Y eso ha llevado a que “la ciudadanía en general ya no crea en el INE,
en las fiscalías, en la autonomía de los poderes para poder juzgar la
corrupción de los políticos”.
A su vez,
Nicolás Loza, investigador experto en Asuntos Públicos de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), explicó que “tenemos un problema de diseño institucional al que se le añaden
problemas de conducción, de acuerdos políticos para hacer funcionar las
instituciones”
Para Erubiel
Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México
de la Universidad Iberoamericana, existen
dos escenarios: uno optimista y otro negativo. En el primero, las instituciones
seguirán “arrastrando los mismos vicios y la falta de eficacia mínima, con una
institucionalidad deficiente y con una prolongación de los problemas que se van
a ir agravando”.
En el
segundo, “vamos a tener una mayor
debilidad de las instituciones, con expresiones de violencia mayor [y] también
con mayores incapacidades para implementar políticas integrales” que prevengan
y contrarresten los problemas nacionales.
En cambio,
Nicolás Loza –más que una circunstancia de debilidad institucional– destaca que
nos enfrentamos a una coyuntura que “delata una situación de transición de las
instituciones que ya habían definido sus limitaciones, a nuevas instituciones
que a lo mejor tampoco van a resolver los problemas para lo que fueron hechas”.
Y en su
opinión, esta situación se debe a que existe
una “resistencia efectiva que se expresa en la implementación por parte del
partido en el poder, porque a estas instituciones [los partidos] realmente no
les conviene [la transición]. Si tu partido ha venido conviviendo con la
corrupción y la ha institucionalizado de tal suerte que es una manera de
repartir pretendas, beneficios, construir apoyo electoral y político, cuando
tienes enfrente una institucionalidad nueva que todo eso te lo va a limitar,
pues obviamente hay una resistencia”.
“Este hecho nos manda un mensaje
claro por parte del Gobierno federal: sólo importa “el mantenimiento del poder
a toda costa, y
obviamente para un grupo que se beneficia de este estado de cosas: sectores
políticos y privados […]. El punto es
que no solamente nos gobiernan mal, sino que delinquen desde el poder”,
refirió Erubiel Tirado.
Sin embargo,
más allá de la decadencia o transición de las instituciones, los expertos consultados coincidieron en
que el problema es grave y refleja diversas problemáticas nacionales: los
vicios del sistema político mexicano, su corrupción y la debilidad de la
sociedad, principalmente.
EL INE Y EL
TRIFE, BAJO SOSPECHA
Luego de las elecciones intermedias
de 2017 en las que estuvieron en juego las gubernaturas de Coahuila, Estado de
México y Nayarit, la imagen pública del Instituto Nacional Electoral (INE), del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Fepade,
se vio aún más lastimada debido a que ante los múltiples señalamientos de
compra y coacción del voto en las elecciones de julio pasado- fueron señaladas
de ser omisas ante una posible “elección de Estado”, que pondría en vilo la
validez de las elecciones presidenciales de 2018.
En el
Edomex, la oposición al PRI y la sociedad civil señalaron que, desde antes de
las elecciones, el partido, con recursos de programas sociales, repartieron más
de 500 millones de pesos -además de haberse excedido en gastos de precampaña,
por lo que fue multado por el TEPJF con más de un millón de pesos-. Y en el
caso de Coahuila, además de las irregularidades en el conteo de votos -visible
en el estado mexiquense también-, el
Instituto Electoral local (IEC) recibió 103 impugnaciones; 45 de ellas relacionadas
con la elección de Gobernador -no se supo más al respecto-.
“Gran parte de la politización del
INE y de la falta de credibilidad es esta mayoría de consejeros que se formaron
en el Consejo General del INE, apoyados por el PRI y por el Partido Verde. Entonces
quiere decir que, desde el principio, el presidente quiso meterle mano al
funcionamiento interno del INE”, concluyó el académico y analista político Enrique Touissant.
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