Salvador Camarena.
La nueva ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación posibilita que los ciudadanos soliciten a
la Auditoría Superior de la Federación el realizar investigaciones sobre algún
asunto en el que se presuma manejo irregular de recursos públicos federales.
Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) utilizó
esa figura legal para que la ASF se abocara a revisar el destino de los
recursos que la Secretaría de Relaciones Exteriores destinó al programa Juntos
Podemos, presidido de manera honoraria por Josefina Vázquez Mota, excandidata
presidencial del Partido Acción Nacional.
Hoy hay
varias cosas que reportar. Primera: que el 14 marzo de 2017 la ASF dio luz
verde a esa solicitud y autorizó la revisión de las “erogaciones para la
atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia
consulares”, rubro del que, según fue revelado hace 13 meses en investigaciones
periodísticas, salieron recursos del gobierno de Enrique Peña Nieto para dos
organizaciones que desde Estados Unidos instrumentaron las actividades que
llevaron la marca de Juntos Podemos.
Segunda
cosa. Ya hay resultados parciales de esa auditoría solicitada por un ente
ciudadano, la primera en su tipo.
La auditoría financiera y de
cumplimiento (15-0-05100-02-17001-DN-17) confirmó los hallazgos periodísticos
de MCCI relativos a que en 2014 y en 2015 las asociaciones ligadas a Juntos
Podemos gozaron de recursos por 3.7 millones de dólares y 26.8 millones de
dólares, respectivamente. Un poco más de 477 millones de pesos al tipo de
cambio de entonces. Y falta por auditar lo relativo a 2016, que es, para
decirlo en términos redondos, al menos otro tanto de eso.
En las 94
páginas de ese reporte, que se puede consultar íntegro aquí
(http://bit.ly/2zlKrMP), vienen
detectadas las anomalías de varios programas, no sólo los ligados a JVM, del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), el organismo que fungió de
alcahuete de los millonarios depósitos enviados a Juntos Podemos a través de la
red de consulados de México en Estados Unidos.
Para distribuir los recursos a Juntos
Podemos se utilizó, ha confirmado la ASF, la partida 44102 del IME, que debe
usarse para traslado de mexicanos en el extranjero. Y a través de memorándums
de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) se radicaron en los consulados
de Dallas, Texas, Chicago y Los Ángeles, además de la embajada misma en Estados
Unidos, los 477 millones de pesos ya referidos para 2014 y 2015.
La ASF reporta que no hay claridad
sobre cómo se eligió a Juntos Podemos para beneficiarla con tantos recursos. Cuestionado al respecto, el IME
respondió que invitó a 53 organizaciones a participar de esos apoyos, pero sólo
eligieron a dos: sí, a los ligados a Juntos Podemos. La ASF no obtuvo explicación del IME sobre cómo descartaron a los
otros: “en ninguna parte del documento se menciona a las otras 51
organizaciones evaluadas y los criterios que no cumplieron”.
A final de
cuentas, la ASF deja asentada la falta
de debido seguimiento por parte de la SRE y el IME al destino de cientos de
millones de pesos entregados a Juntos Podemos. No existe claridad alguna de si
los mexicanos que se prometió apoyar vieron los beneficios pagados con esos
recursos. Las organizaciones matrices se negaron a informar al respecto,
amparadas en que son estadounidenses, prurito que no pusieron al recibir el
dinero.
La Auditoría
Superior de la Federación ha confirmado
lo que hace un año descubrió el periodismo. Toca al PRI-gobierno, a Josefina y
al PAN explicar a los contribuyentes las razones de tanta generosidad y, sobre
todo, de tanto desorden.
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