En una
década, la empresa Sea Dragon de México
se convirtió en una de las principales arrendadoras de plataformas de
perforación en aguas ultra-profundas para Pemex; los seis contratos que obtuvo
durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sumaron 2
mil 838 millones de dólares.
Lo paradójico es que Sea Dragón de
México nunca tuvo una sola de estas plataformas: desde un principio, fue
diseñada como una cáscara vacía, cuya única función se limitó en subarrendar a
Pemex plataformas que ella misma rentaba a sociedades de papel incorporadas en
paraísos fiscales.
Fundada por José Farrera Redondo, un
empresario panista radicado en Campeche e integrante del círculo político de
Felipe Calderón, la empresa siempre fue el último eslabón de complejas
estructuras offshore.
A lo largo
de los últimos diez años, la empresa
cambió de dueño en tres ocasiones: primero perteneció a una sociedad de
inversionistas británicos establecida en las Islas Caimán, luego pasó a manos
del banco Lloyds, de Londres, y finalmente terminó en la cartelera de
sociedades de Seadrill Limited, el gigante de la perforación en aguas profundas
fundado por noruegos en el paraíso fiscal de las Bermudas.
Durante todo
ese tiempo, Appleby, el despacho
especializado en servicios offshore con sede en Bermudas siguió de cerca los
movimientos y reacomodos de la empresa mexicana en los diversos esquemas que la
incluyeron. Es más, participó en cada uno de ellos, ya que muchos de los
actores involucrados en estas estructuras –incluyendo a Seadrill– fueron sus
clientes.
Seadrill
creó en febrero de 2014 la sociedad SeaMex Ltd. en las Bermudas, junto con
Fintech, el fondo de inversión del millonario mexicano David Martínez. SeaMex Ltd es una sociedad de papel que
opera las cinco plataformas que Pemex rentó a Sea Dragon de México en 2014,
mediante cinco contratos otorgados por adjudicación directa en febrero y noviembre.
En ese periodo, Emilio Lozoya Austin se
desempeñaba como director general de la empresa petrolera. En marzo de 2014, durante una
comparecencia ante las comisiones de Energía y Medio Ambiente de la Cámara de
Diputados, la bancada panista cuestionó al entonces funcionario federal sobre
la decisión de Pemex de no pasar por un proceso de licitación pública.
“En el
mercado mundial no hay plataformas auto-elevables disponibles”, se defendió
Lozoya, a quien altos ex directivos de la empresa brasileña Odebrecht señalaron
por recibir sobornos millonarios, primero como coordinador internacional de la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y luego como director general de
Pemex. Los sobornos, dijeron los executivos brasileños, se otorgaron a través
de sociedades offshore y a cambio de contratos de obra pública.
Appleby en
la explotación de hidrocarburos.
Documentos
internos de Appleby, filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y
compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados –entre ellos Proceso–,
muestran que, en el sistema offshore, la
explotación de hidrocarburos dejó de ser un asunto de ingenieros y geólogos.
Ahí reinan financieros y banqueros,
guiados por los rendimientos del capital, que acuden a los paraísos fiscales
para maximizar sus ganancias. Y para ello, contratan despachos fiscalistas y
empresas internacionales de contaduría de élite. Appleby diseñó estructuras
offshore para sus clientes interesados en el jugoso negocio mexicano del
petróleo, según los documentos.
Asesoró por ejemplo al fondo de
inversiones EnCap Investments L.P. –incorporado en las Islas Caimán– en la
creación de Sierra Oil & Gas, la primera empresa con capital extranjero que
ganó licitaciones en la Ronda Uno para la operación de campos petroleros en
México.
El despacho también participó en la
elaboración de contratos de financiamiento de plataformas que fueron rentadas a
Pemex a través de sociedades offshore, como la plataforma Menadrill I –que se
incendió en marzo de 2014– o la plataforma Iolair –que pertenece a una sociedad
de Luxemburgo y que la empresa mexicana Cotemar subarrendó a Pemex–; asimismo, participó en el registro en las Bermudas de Nabors Drilling
International II Limited, una filial del grupo estadunidense Nabors destinada a
celebrar contratos con Pemex.
Appleby
también incorporó una red de tres entidades en las Bermudas para la empresa
Constructora y Perforadora Latina. Estas
compañías se convirtieron en las dueñas legales de plataformas petroleras, dos
de las cuales –Santa María y Covadonga– fueron rentadas a Pemex para el periodo
2014-2020, por un monto total de 760 millones de dólares, por adjudicación
directa.
El “Proyecto
Escorpión”
Sea Dragón de México obtuvo su primer
contrato el 20 de junio de 2007. Fue uno de los primeros que Pemex otorgaba
para la explotación de petróleo en las aguas ultra-profundas del Golfo de
México, por un precio que rodeaba los 958 millones de dólares. El contrato
planteaba que la plataforma entraría en operación el 31 de marzo de 2010 a más
tardar, por una renta diaria de 555 mil dólares y con una duración de cinco
años.
El mismo 20
de junio, Pemex otorgó otro contrato multimillonario a Grupo R y su filial
Industrial Perforadora de Campeche, propiedades de José Ramiro Garza Cantú. En
el documento, la paraestatal se comprometía a rentar una plataforma de
perforación en aguas ultra-profundas.
Se trató de la plataforma
Bicentenario, que también transitó por un complejo esquema internacional para
llegar Pemex –implicó operaciones en Seychelles, Bélgica, Madeira, Singapur y
Panamá–, el cual fue diseñado por el despacho de abogados Mossack Fonseca, como lo reveló Proceso en la
investigación global Panama Papers, publicada en abril del año pasado.
En aquel
entonces, Sea Dragon de México tenía apenas dos meses de existencia: José
Farrera Redondo la incorporó el 14 de abril de 2007 en el Registro Público de
la Propiedad de Campeche, después incluso que Pemex publicara en el Diario
Oficial de la Federación la convocatoria a la licitación pública para la renta
de la plataforma.
El 8 de junio, Farrera vendió las
acciones de Sea Dragon de México a las sociedades SeaDragon Offshore Limited y
SeaDragon Consulting Ltd., la primera incorporada en las Islas Caimán, la
segunda en Inglaterra, y ambas operadas por los financieros británicos Stephen
Alexander Baird y Matthew Alexander Thompson.
Ninguna de estas empresas tenía
experiencia formal en el sector energético, y, aun así, Sea Dragón de México
ganó el contrato.
Farrera es un empresario de origen
chiapaneco, contratista de Pemex durante la administración panista y esposo de
la actual diputada federal Rocío Matesanz Santamaría, también del PAN, quien
formó parte del primer círculo político de Felipe Calderón.
Matesanz también fue contratista de
Pemex a través de la empresa Tecnogolfo, S.A. de C.V., y estuvo cercana a Mario
Ávila Lizárraga, otrora director de mantenimiento logístico de la Coordinación
de Servicios Marítimos de Pemex Exploración y Producción (PEP), según reportó Proceso en noviembre
de 2013.
Con el contrato de Pemex en la mano,
SeaDragon Offshore Limited, entonces dueña de Sea Dragón de México, pudo
conseguir unos préstamos del Lloyds Bank de Londres –uno por 85 millones y otro
por 34 millones de dólares– que le permitieron seguir con la construcción de
dos plataformas petroleras, cuyos cascos se estaban montando en los astilleros
de la empresa Sevmash, en Rusia.
En paralelo,
los financieros británicos trataron de vender el “paquete offshore” de
SeaDragon Offshore Limited en el sistema financiero internacional. Ese paquete
contenía tres sociedades de las Islas Caimán –dos de ellas eran las dueñas
respectivas de las plataformas petroleras Oban B y Gander, que todavía estaban
en construcción–, un contrato con Pemex, dos compañías incorporadas en el Reino
Unido y una en México.
Al estar incorporadas en las Islas
Caimán, la compañía madre, SeaDragon Offshore Limited, y las dos sociedades
dueñas de las plataformas tenían la garantía de no pagar impuestos sobre el
capital ni sobre sus ganancias, y esto por lo menos hasta 2026, según un
análisis interno de Appleby.
En estos meses, el precio del barril
de petróleo rodeaba los 138 dólares. La oferta sedujo a varios inversionistas y
la empresa hindú Great Offshore Limited fue uno de ellos. En el verano de 2007,
contrató a Appleby y a otros despachos contables para concretar el negocio,
inicialmente previsto para principios de 2008. El despacho de las Bermudas
bautizó el negocio “Proyecto Escorpión”.
El plan era
el siguiente: el comprador inyectaría dinero para terminar a tiempo la
construcción de las plataformas en los astilleros de Teesside, en Escocia, y la
flamante plataforma West Pegasus –entonces llamada Oban B–, registrada con una
bandera de Bahamas, entraría en operaciones para Pemex en marzo de 2010, como
estipulaba el contrato.
Pero no salió como previsto. Estalló
la crisis financiera global, la empresa hindú sufrió una dramática pérdida de
liquidez y la venta no procedió. El gobierno británico, por su parte, inyectó
47 mil millones de dólares de dinero público a distintos bancos –el Lloyds Bank
incluido– para evitar el colapso del sector financiero del país.
En enero de 2009, SeaDragon Offshore
Limited decidió terminar las plataformas en los astilleros de Jurong, en
Singapur. Ello provocó un escándalo en Gran Bretaña: Sectores de la población
se indignaron que Lloyds, el banco que respaldaba el proyecto con dinero público
haya sacrificado los centenares de empleos que implicaba la construcción de las
plataformas en los astilleros escoceses de Teesside.
Seis meses más tarde, en junio de
2009, el Lloyds Bank, que había prestado más de 100 millones de dólares para la
construcción de las plataformas, tomó el control de SeaDragon Offshore Limited
–y con ella, de Sea Dragón de México–.
El banco
intentó, a su vez, vender el paquete. A finales de 2010, el mercado del
petróleo se había recuperado, y la empresa noruega de inversión Aker Asa envió
a Appleby un correo en el que expresó su interés en comprar las sociedades
offshore, ya que existía detrás un negocio de “más de mil millones de dólares”.
No tuvo
éxito: en enero de 2011, Seadrill se
hizo de SeaDragon Offshore Limited por un precio evaluado en mil 200 millones
de dólares, y trasladó toda la estructura offshore de las Islas Caimán a
Bermudas.
Entregó la plataforma West Pegasus a
Pemex en agosto de 2011, con un retraso de año y medio, por lo que pagó una
multa de 25.5 millones de dólares. Pero esto no importaba mucho: el gigante
había realizado su primer paso en México.
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