Además de la regulación de la
publicidad gubernamental, la Suprema Corte puede sancionar al Congreso de la
Unión por el incumplimiento en la expedición de otras leyes reglamentarias, que
complican la operación de 44 reformas aprobadas en materia de transparencia,
combate a la corrupción, el uso de la fuerza pública, justicia para
adolescentes, atención a víctimas, la reelección legislativa, la consulta
popular, derechos humanos, justicia laboral, entre muchas otras.
En 31 casos ya vencieron los plazos
legales establecidos y en 13 de ellos aún están en tiempo de lograrlo, pero no
hay acuerdos entre los partidos políticos.
Desde
noviembre de 2012, por ejemplo, se
reformó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en noviembre de 2013 se
venció el plazo de un año para que el Congreso de la Unión y los congresos
locales hicieran las modificaciones necesarias al marco jurídico de los
registros de deuda pública actual, sin que hasta la fecha se haya cumplido el
ordenamiento establecido en sus artículos transitorios.
En julio de
2016 se publicaron las nuevas leyes
generales del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, y para julio de este año el Congreso de la Unión y los
congresos locales debieron tener listas las adecuaciones a diversos códigos y
ordenamientos, de acuerdo con los transitorios del decreto, y no han sido
realizadas.
El 2 de
enero de 2013 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la modificación de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, para crear una legislación sobre “el uso
legítimo de la fuerza pública”, en un plazo no mayor a de seis meses, y el tema
sigue pendiente.
En mayo de
2013 se publicaron reformas a la Ley
General de Víctimas, con cambios a las legislaciones locales y federales en materia
de víctimas por desaparición de personas y reformas al Código Penal Federal,
mismas que debieron estar listas en un plazo máximo de un año, pero siguen como
pendientes.
Incluso, en el tema de la Ley Federal de Consulta
Popular está en espera de adecuaciones para su procesamiento en las cámaras
legislativas. En el decreto publicado en marzo del 2014 se ordena que “cada una
de las Cámaras del Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias a
sus respectivos reglamentos, derivadas del presente decreto, en un plazo no
mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor”. El plazo venció el
11 de septiembre de ese año y el tema sigue en espera.
También, aunque desde 2014 se reformó el artículo 59
de la Constitución para contemplar que los diputados puedan reelegirse tres
periodos y los senadores uno de forma consecutiva, aún no se realiza la ley
reglamentaria del artículo.
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