Ríos, un
veterano reportero de sucesos del Diario de Acayucan, estaba en el programa del
Gobierno de México para la protección de periodistas desde 2013, su primer año
completo. El 22 de agosto, en la gasolinera de la localidad de Covarrubias, en
el estado de Veracruz, se convirtió en el primer reportero del plan en ser
asesinado, enviado un estremecedor mensaje a los que confían en la iniciativa
federal para seguir a salvo.
Periodistas y activistas señalaron
que el asesinato dejó muy claro que el programa, con sede en la Ciudad de
México y conocido como “el Mecanismo”, es incapaz de proteger a los casi 600
inscritos en todos el país. Cuenta con apenas 30 empleados y no tiene fuerzas
de seguridad propias.
Las medidas de protección se limitan
a la seguridad en domicilios y botones de pánico en celulares, y los reporteros
apuntaron que con estas medidas continúan peligrosamente expuestos si siguen
trabajando. Exiliarse o esconderse en lugares seguros no es una forma de
ejercer el periodismo.
“Las medidas que le proporcionaron sí
fueron efectivas en su momento, pero dentro del domicilio”, dijo Cristina Ríos
Nieves, hija del periodista. “Mi padre no trabajaba en su casa. Su profesión
era estar fuera del domicilio trabajando, caminando, buscando notas”.
Plagado de cárteles del narcotráfico
y funcionarios corruptos que suelen estar compinchados con las bandas, México
se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el
periodismo entre las naciones donde no hay una guerra abierta.
En lo que va de año, 9 reporteros han
sido asesinados, y el grupo activista Artículo 19 documentó más de 100 decesos
desde 2000 en lo que los observadores califican de crisis total para la
libertad de expresión.
Los críticos alegan también que un
programa federal con sede en la capital no es el instrumento adecuado para
proteger a gente que podría estar a más de 1 mil 600 kilómetros (mil millas) de
distancia. SIN EMBARGO, LA PROPUESTA PARA CONVERTIRLO EN UN PLAN ESTATAL ES
CONSIDERADA PROBLEMÁTICA POR MUCHOS, YA QUE ALREDEDOR DE LA MITAD DE LOS CASOS
DONDE SE IDENTIFICÓ AL AGRESOR DE UN PERIODISTA, ESTE ERA UN FUNCIONARIO
PÚBLICO.
Reconociendo la ola de asesinatos de
reporteros, México creó una fiscalía especial para abordar estos casos, pero
todavía no hay condenas.
“El contexto
generalizado de impunidad que permite que ocurra gran parte de la violencia, es
algo sobre lo que el Mecanismo tiene muy poco control”, dijo Jan-Albert
Hootsen, corresponsal en México del Comité para la Protección de Periodistas,
con sede en Nueva York. “Responden a emergencias. No aplican la ley por sí
mismos”.
Balbina
Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, dijo que su organización recomienda a los
periodistas que se enrolen en el Mecanismo a pesar de sus fallos, y que el
objetivo del grupo es presionar para que se realicen mejoras en lugar de que la
gente lo abandone.
“Es la única instancia que se tiene
de protección del Estado y el Estado tiene que asumir esta responsabilidad”, declaró.
En los siete primeros meses de 2017,
63 periodistas más se unieron al programa, un incremento atribuido en parte a
asesinatos de alto perfil como el de Javier Valdez, cofundador del diario
Riodoce y legendario cronista del narcotráfico en el estado de Sinaloa.
“Entiendes perfectamente al
periodista cuando está frente a ti y te dice ‘yo no puedo aceptar la extracción
porque esto significa mi muerte profesional’”, dijo Tavera. “Entonces, a un
periodista le creas una burbuja y sigue vivo, pero deja de ser periodista”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.