Desde que México autorizó la siembra
comercial de soya transgénica en la Península de Yucatán en 2012, sin consultar
a los agricultores locales que defienden los cultivos tradicionales, la
leguminosa modificada que patentó la empresa Monsanto se convirtió en la
semilla de la discordia.
Cinco años después, continúan los
litigios legales de comunidades mayas que denuncian el avance de la siembra de
soya transgénica pese a que la Suprema Corte suspendió en noviembre de 2015 los
cultivos a escala comercial en algunos municipios de los estados surorientales
de Campeche y Yucatán para dar derecho a los indígenas a ser consultados sobre qué
actividades agrícolas desean en sus territorios.
Las
consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados, pero el proceso ha demorado casi año y
medio.
El pasado 13 de noviembre comenzó una
nueva batalla: comunidades mayas de Holpechén (Campeche) y organizaciones
civiles y de derechos humanos denunciaron ante las autoridades la presunta
siembra ilegal de más de 23 mil hectáreas de soya transgénica y aseguran que la
semilla es propiedad de Monsanto.
Las denuncias incluyen documentación
en foto y video de cultivos y evidencias de fumigaciones con glifosato,
herbicida que se usa principalmente para garantizar que la leguminosa
modificada crezca sin malezas o insectos que puedan afectarle.
Las
acusaciones se presentaron ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Alimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el estado de Campeche.
“Es necesario que Senasica investigue
qué responsabilidad tiene Monsanto, que debe mantener una rigurosa cadena de
custodia para saber en todo momento dónde está la semilla que vendió y quién la
está cultivando”
explicó a Efe Naayeli Ramírez, abogada del Colectivo de Comunidades de los
Chenes.
Monsanto dice no haber vendido su
semilla de soya en Campeche para cumplir la sentencia de la Corte y pone en
duda el sustento de estas denuncias.
“Asumir que 25 mil hectáreas (sic)
son de soya genéticamente modificada me parece peligroso; es importante que la
autoridad (Senasica) se involucre para encontrar la verdad”, dijo a Efe Rodrigo
Ojeda, director jurídico de la empresa para Latinoamérica Norte.
Consideró que “el hecho de que haya
soya cultivada no se puede ser argumento para decir que es genéticamente
modificada. Debe haber mucho cuidado en las afirmaciones que se hacen al
respecto; muchos de los agricultores de Campeche son soyeros y puede ser que
sembraran soya convencional”, expuso.
En 2016,
Senasica reportó siembras y comercialización de soya transgénica patentada por
Monsanto y que fue de dos tipos distintos, denominados MON-04032-6 y
MON-89788-1, o una combinación de ellos. El segundo tipo no ha sido evaluado
por Senasica como establece la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados.
En las denuncias del 13 de noviembre
los mayas y organizaciones también exigen a Senasica que investigue la
presencia de la variedad de soya de Monsanto no autorizada en el país y que
pudo llegar a Campeche a través del mercado negro.
Sobre el
tema Ojeda enfatizó: “Hay mecanismos
legales para que se combatan este tipo de mercados. Tenemos un régimen de
bioseguridad muy fuerte en México que permite a la autoridad en este caso hacer
las investigaciones necesarias para entender de dónde vienen estos productos y
evitar que existan estos mercados ilegales”.
Sin embargo,
los denunciantes no opinan lo mismo. “En
un sistema de bioseguridad la autoridad mexicana debe saber dónde está el
producto genéticamente modificado. Esto no ha ocurrido con este permiso de
Monsanto en Holpechén. Esta es una clara en violación a la ley”, señaló la
abogada Ramírez.
“Estas irregularidades demuestran que
el sistema de bioseguridad en nuestro país no funciona y únicamente sirve los
propósitos de empresas como Monsanto con ambiciones económicas en este ramo”, enfatizó.
Desde 2012, la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) reportó irregularidades en
las etapas experimental y piloto del cultivo de soya genéticamente modificada
de Monsanto, porque se sembraron miles de hectáreas de ese producto fuera de
los perímetros permitidos y en Áreas Naturales Protegidas.
Ante estas irregularidades Conabio se
negó a recomendar la autorización de este cultivo de Monsanto por las posibles
afectaciones a la biodiversidad en la Península de Yucatán, que incluye a los
estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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