Un connato de violencia marcó hoy la
marcha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 38
meses, luego que una valla de uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública
de esta capital bloqueó su camino hacia la residencia oficial de Los Pinos,
donde pretendían entregar una carta a Enrique Peña Nieto.
Molestos con la actitud de la
policía, los manifestantes detonaron dos explosivos. Reportes de prensa dan
cuenta que seis uniformados resultaron heridos.
La marcha,
que partió del Anti-monumento, tenía como destino inicial la Secretaría de
Gobernación, pero finalmente decidieron
cambiar la ruta y emprendieron el camino hacia Los Pinos. La causa: las calles
aledañas al antiguo Palacio de Covián se encuentran ocupadas por campesinos.
Escoltados
por Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
los papás pretendían entregar una carta
al presidente Peña Nieto, con tres peticiones puntuales: Llegar a fondo en las
investigaciones; instruir a las autoridades competentes para que en 2018 los
esfuerzos de las investigaciones de las cuatro líneas se concreten en
detenciones de los responsables, y giren órdenes para que se amplíe el Mandato
del Mecanismo Especial del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos hasta octubre de 2018.
Pero al llegar a la Calzada
Chivatito, los manifestantes se toparon con una barrera azul que les impidió el
paso hacia la casa presidencial.
“Esta es la respuesta que da Enrique
Peña Nieto. No venimos a negociar ni mendigar. Venimos a exigirle la respuesta
que hace tres años se comprometió a darnos”, recriminó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de
los normalistas.
Frente al
cerco policiaco, añadió: “Le recordamos
que tenemos tres años sin respuestas. Exigimos nos permitan llevar al lugar
donde todos los mexicanos tenemos derechos a llegar”.
Los manifestantes esperaron cerca de
medio hora a que un funcionario de Los Pinos saliera y los atendiera. Sin
embargo, la espera fue en vano. Pasado el mediodía decidieron retirarse no sin
antes detonar dos explosivos ante la sorpresa de los uniformados.
La carta que
pretendían entregar al Ejecutivo federal dice lo siguiente:
“A través
del presente escrito (…) acudimos a usted para expresar lo siguiente:
1. Usted
tiene cabal conocimiento del caso de la desaparición forzada pues en dos
ocasiones nos ha recibido y hemos sostenido diálogo al respecto. En el mismo
usted se comprometió a disponer de todos los recursos del Estado hasta
esclarecer la desaparición.
2. Las
investigaciones realizadas en la PGR no han establecido con certeza el paradero
de nuestros hijos. Las conclusiones emitidas por la institución de referencia
que denominó “verdad histórica” sólo han servido para generar más incertidumbre
y revictimizar a los padres de familia, sobre rodó cuanto están cuestionadas
con peritajes de alto rigor científico como los emitidos por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Equipo Argentino de
Antropología Forense.
3. (…)
Lamentamos que el Estado Mexicano no haya aprovechado la presencia de los expertos
para el debido esclarecimiento del caso (…)/por el contrario se usaron a las
instituciones y los medios de comunicación para desplegar una campaña de
descalificación a su trabajo.
4. “En
el mes de mayo ante el Mecanismo Especial del caso Ayotzinapa de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos la PGR entregó un cronograma que contiene 11
líneas de investigación y se compromete a ir entregando resultados (…) lapso
que iría de junio a octubre, sin embargo, a la fecha no ha entregado resultados
concretos”.
La tercera
jornada de lucha del 2018 continuará en la capital, con un campamento frente a
la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta el 26 de noviembre.
Los padres también exigieron que se avancen en los
cuatro puntos de investigación producto de los informes del GIEI: se investigue
a los elementos del ejército del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala;
a la policía de Huitzuco; se analice la telefonía celular y el trasiego de
droga de Iguala a Chicago.
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