Salvador Camarena.
El 19 de junio, The New York Times
reveló que defensores de derechos humanos, reporteros y activistas eran
espiados por el gobierno mexicano mediante un malware llamado Pegasus.
El diario reportó que ese programa de
intervención de celulares lo habían adquirido al menos tres organismos
gubernamentales, entre ellos el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El rotativo
también informó que el gobierno había
pagado alrededor de 80 millones de dólares por el software maligno. Días más
tarde, Denise Maerker dio a conocer el contrato de Pegasus con la Procuraduría
General de la República por 32 millones de dólares.
¿Qué fue de
los otros contratos?
Dos días después de la revelación del
Times, desde Jalisco, el titular de poder Ejecutivo Federal reconoció, sin
entrar en detalles, que, en efecto, su gobierno contaba con programas de
espionaje, pero descartó que se usaran para espiar activistas y reporteros,
como lo probó el Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Entre los objetivos de esos intentos
de espionaje, dicho esto como declaración de interés, estaba quien esto
escribe, así como dos miembros más de la organización Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad, donde colaboro.
Desde entonces, y como tantos otros
asuntos en esta administración, el tema fue enviado a ese desván de las
denuncias de las que ni se informa ni se resuelven. O bueno, eso había sido
hasta el viernes.
Ese día, al
comparecer ante diputados el 27 de octubre y a pregunta expresa del legislador
perredista José Santiago López, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió con la novedad de
que el Cisen no tiene Pegasus.
“Por cierto, el Cisen, que está bajo
mi responsabilidad, no tenía protocolo, este programa Pegaso nosotros no lo
adquirimos”, fue la atropellada respuesta de Osorio.
Dijo otra
cosa singular el funcionario: como hiciera Enrique Peña Nieto el 22 de junio en
Jalisco, Osorio volvió a poner la carga de la posibilidad de que este tema se
resuelva en las víctimas de los ataques.
Luego de recurrir a la trillada
promesa de que la investigación (es un decir) de la PGR llegará “hasta sus
últimas consecuencias”, Osorio señaló que “necesitamos la participación de
quienes fueron señalados como infectados en este proceso”. Sobra decir que ha
habido denuncias formales en la PGR, misma que pidió se fueran entregados los
aparatos celulares de los afectados por un espionaje donde esa instancia podría
ser una de las entidades autoras del mismo. En fin, pretextos no faltan.
El punto es que Osorio ahora sale con
que el Cisen no tiene Pegasus. Un poco tardía la respuesta del secretario, y un
poco (o un mucho) incompleta, porque al menos otro
equipo de periodistas ya documentó que la Segob pagó al menos 210 millones de
pesos para las licencias de 1,250 infecciones de Pegasus.
Sebastián
Barragán y Juan Omar Fierro, reporteros de Aristegui Noticias, revelaron el 10 de julio documentos que
exhiben pagos millonarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de
la PGR y de Segob –se muestran dos facturas y un memorándum– por actualizar el
programa Pegasus. (https://goo.gl/MFV6Mz).
Más de tres meses después de esa revelación,
Osorio dice que el Cisen no cuenta con Pegasus. Demasiado poco demasiado tarde.
La palabra del secretario está en
entredicho. Y ello sin contar con que ahora el INAI le ha pedido a Segob abrir
los contratos del Cisen con Pegasus, ese programa vendido a sobreprecio a la
PGR por una empresa fantasma. Esto último, por cierto, descubierto también por
periodistas atacados con ese malware.
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