En manos de
un encargado de despacho, a la Procuraduría General de la República le urge un
titular ante los tropiezos que en automático se convierten en escándalos y
colocan a esa dependencia en el ojo de la tormenta en el que ha estado desde
hace varias semanas.
Primero fue
la polémica destitución del ex fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, que
provocó una crisis en el Senado de la República por el desacuerdo entre los
miembros de las bancadas de los partidos políticos sobre la forma en que
deberían votar para ratificar o echar abajo esa decisión.
En medio de
presiones, acusaciones de todo tipo y hasta veladas amenazas de ser
encarcelado, el extitular de la FEPADE optó por no acudir a esa cámara a
impugnar su despido, lo que dejó en el aire a los senadores del PAN, PRD y
PT-Morena que antes de irse de “puente” insistieron en que se cite al
subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, encargado de la PGR,
Alberto Elías Beltrán, cuyas atribuciones legales aquéllos han puesto en duda.
Después, por
la orden de un juez de distrito en turno de Cancún solicitada por la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para
“disponer” de todas las cajas de seguridad —mil 500 en total— de la empresa
First National Security, que se trataba de las que presuntamente eran del
exgobernador priista de Quintana Roo Roberto Borge y de Leticia Rodríguez Lara,
La Lety, exlideresa de un cártel vinculado a los Beltrán Leyva.
La airada
reacción de las más de mil personas que guardaban en esas cajas sus valores
—joyas, relojes, centenarios, dinero en efectivo en moneda nacional o
extranjera o documentos y facturas— fue inmediata por no haberles comunicado lo
que califican de “arbitrariedad judicial” por la forma en que se actuó.
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