Apenas el
domingo, en medio de los festejos por el triunfo de México frente a Alemania,
se difundió la versión de que se había aprobado la privatización de algunas
cuencas hidrológicas del país. Pero ¿qué
sucedió?
Para empezar, los decretos firmados
el pasado 5 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto para modificar el
status de 295 cuencas hidrológicas en el país sí abren la posibilidad de que el
líquido pueda ser utilizado para fines comerciales e industriales.
Eugenio
Barrios, director del Programa Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF,
por sus siglas en inglés), organización que asesoró al gobierno mexicano en
esta decisión, explicó que del volumen
total del líquido que representan estas cuencas, en promedio sólo el 1 por
ciento será reservado para consumo humano, cerca del 70 por ciento está
destinado para reservas ambientales y el resto, es decir, cerca del 29 por
ciento, puede ser utilizado “para los usos contemplados en la Ley (General de
Aguas)”.
“El volumen (para uso doméstico y
urbano) es en promedio alrededor del 1 por ciento de lo que significan los 10
decretos, y el volumen para el ambiente es por arriba
del 70. El resto queda libre para otros usos”, dijo.
Los decretos cambiaron el status de las
cuencas mencionadas de zonas de veda, a zonas de reserva, lo que quiere decir
que las cuencas aún están protegidas, pero es posible que el agua pueda ser
utilizada si es que su aprovechamiento es de “utilidad pública”.
“Lo que establece las reservas son
las condiciones. Existe todo un marco legal para el otorgamiento de concesiones
procedan, deben
cumplir una serie de requerimientos. Si se llegan a cumplir los requerimientos,
entre los cuales está la conservación de la reserva y de todos los espacios ambientales
asociados, podría llegarse a dar”, dijo el representante de WWF.
Lo anterior, afirmaron especialistas
en temas hídricos, “abre la puerta” para que el agua de las cuencas -de estados
como Tamaulipas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Nuevo León- pueda ser utilizada
por agentes privados.
“Es abrir la puerta y en las
(declaradas) zonas parciales (de reserva) es abrirla de par en par (a las
concesiones)”, dijo
Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM.
El académico afirma que esta decisión
se tomó para garantizar el abastecimiento de agua sobre todo a la industria
energética y minera.
No obstante, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desmintió lo anterior.
En una
conferencia que se llevó a cabo este martes, la Conagua negó tajantemente que
se privatice el líquido y argumentó que la decisión se tomó para garantizar el
acceso al agua para los próximos 50 años. También negó que la actual administración vaya a conceder alguna licitación del
líquido para fracking.
Académicos y la organización 'Agua
para Todos' han criticado la firma que se llevó a cabo hace más de 10 días por
considerarla un paso hacia la privatización del líquido.
“Estamos identificando que alrededor
de dos terceras partes del agua contenida en estos decretos no es de uso
ambiental, sino que va para el uso público urbano y extractivos, esto
beneficiaria a través de los grandes volúmenes a los gobernadores de los
estados”, dijo Pedro
Moctezuma Barragán, integrante de la organización Agua para Todos.
Para María
del Carmen Carmona, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM y coordinadora del Área de Derecho Ambiental, el problema no es la concesión del líquido, sino que no existe un
mecanismo para validar qué cantidad de agua es utilizada después de que los
permisos son otorgados y para validar que se reserve el porcentaje reservado
para las reservas naturales, como el destinado para la Selva Lacandona.
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