Dinero ilegal a los medios en estas elecciones.

Gabriel Sosa Plata.

Es un secreto a voces el pago ilegal de cobertura informativa en procesos electorales y en tiempos de “normalidad”, pero cuando se presentan testimonios y datos que confirman la existencia de tan funesta práctica se entienden las incomprensibles o parciales agendas editoriales de decenas de medios de comunicación en México.

Las expresiones de apoyo o de crítica hacia candidatas o candidatos no son, en consecuencia, en diversas ocasiones, producto de una opinión periodística responsable o de una posición política auténtica, sino producto del dinero. Además de violarse la ley, se transgreden los más elementales principios éticos del periodismo y los derechos de las audiencias.

Por eso, el estudio que se presentó la semana pasada “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, coordinado por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, es devastador en un país que busca consolidar su democracia, pero también nos ayuda a comprender las lógicas editoriales en torno de las elecciones de este año y de anteriores procesos electorales.

En el informe (auspiciado por Mexicanos contra la Corrupción e Integralia Consultores) se advierte, sin medias tintas, que “después del clientelismo, el pago de cobertura informativa es uno de los rubros donde más gastan las campañas siempre de forma ilegal, porque se trata de un gasto prohibido por ley”. Se detalla que con frecuencia “el pago a medios de comunicación es en efectivo o mediante triangulaciones” y que “buena parte de estos pagos se realiza con fondos ilegales públicos y privados”.

Sí, dinero en efectivo (de nuestros impuestos, en muchas ocasiones) que se entrega a dueños, directivos y periodistas de medios de comunicación para una entrevista, un comentario, una nota informativa, una crónica o un reportaje a modo, parcial. Un periodismo que se vende al mejor postor, con noticias convertidas en mercancías. “No hubo (en su medio) un solo candidato que fuera entrevistado sin que se hubiese cobrado”, dijo un periodista a los autores del estudio.

Por supuesto esto no ocurre en todos los casos; hay modalidades. Dice el informe: “Hay grandes acuerdos entre medios y candidatos grandes, en particular los presidenciales, pero señalan (las fuentes) no necesariamente son económicos en un sentido de intercambio monetario inmediato, sino que son convenios políticos y de favores cruzados. Un entrevistado resumió esta lógica como ‘¿yo para qué quiero pagarte todo ahorita si vamos a estar seis años juntos?’”.

En el ámbito periodístico a las notas que se venden se les conoce como “de debe”, es decir, que debe difundirse porque detrás se encuentra un cliente, que puede ser el candidato, el partido político o el amigo empresario del político. Las cuatro áreas para materializar estas “mercancías” son portales internet (de periódicos o periodistas), los medios impresos, los noticiarios radiofónicos y los programas de variedad o espectáculos, según el informe.

Por ejemplo, en el caso de los medios impresos, este pago se puede identificar como “nado sincronizado”. Se trata, dice el estudio, “de cobertura simultánea de ciertas notas y posiciones en las primeras planas o en algunas columnas de opinión”. Agrego que en el caso del sector de telecomunicaciones, que conozco con más detalle, esta práctica de “nado sincronizado” también es frecuente, aunque no necesariamente está vinculada con el pago en efectivo, sino con otro tipo de intereses o favores.

RADIOS HABLADAS, BUEN NEGOCIO.

En cuanto a la radio, un entrevistado dijo a los autores del informe que “el gran negocio en este país es tener una radio hablada y vender audiencia”. ¿Y cómo es posible este fenómeno si las radios habladas son menos escuchadas que las emisoras musicales y cuesta muchísimo más su operación? Pues, justo, porque de ahí se obtienen recursos legales (publicidad gubernamental y comercial) e ilegales (dinero en efectivo, por debajo de la mesa) que no se logran tener con las radiodifusoras musicales.

“La forma más evidente de materializar este intercambio es mediante entrevistas a políticos”, incluso de aquellos que poco aportan al debate o cuya opinión sea irrelevante en un determinado contexto. Lo importante es que la audiencia los vaya conociendo para fortalecer su imagen pública. El informe recupera el testimonio de un locutor sobre otra modalidad que, se lo confieso, no pensé que ocurriese:

“Tú puedes mencionar los mismos tiempos a dos candidatos; el tema es cómo los mencionas. El INE se limita a decir si es favorable, desfavorable o neutral. Entonces es fácilmente manipulable porque tú puedes tener presencia de los candidatos con reportes de los más asépticos para estar registrando permanentemente las cosas, pero el cómo se escucha el audio, cómo se produce, qué énfasis pones, etc., tiene que ver con la imagen que proyectas del candidato”.

Lo anterior explica los comentarios, insultos, calificativos diversos sobre los candidatos que aparecen en los monitoreos de los noticiarios de radio, que la UNAM realiza para el INE. Una muestra de dichas expresiones, las presentamos en la colaboración que publicamos la semana pasada en Sin Embargo. Es muy probable que no todo lo que se dice sea producto de un pago, pero en ocasiones es tan incomprensible, tan alejado de la ética el sesgo, que quizás en esos casos sí exista el incentivo económico ¿qué más podría justificar el encono hacia un político, aun cuando el periodista asegura ser “imparcial”?

El informe no entra en el detalle de quiénes controlan o son propietarios de las estaciones de radio. Es una ausencia notable, ya que detrás de muchas de estas emisoras hay funcionarios y exfuncionarios públicos, políticos en activo, que sin rubor también utilizan sus medios para apoyar o denostar a candidatos o partidos políticos. Es muy probable que no todos vendan cobertura informativa, pero en la práctica es una adquisición de un tercero o un regalo del radiodifusor -como se le quiera ver- en beneficio de un actor político.

Un hecho relacionado que tampoco puede dejarse de lado es lo que sucedió con la licitación de frecuencias de radio a la que convocó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el año pasado. Como detallamos en Sin Embargo (5 y 12 de diciembre 2017), algunos de los ganadores de las frecuencias son políticos o están ligados a grupos empresariales que tienen como accionistas… a políticos o expolíticos. Este fenómeno es más claro en algunas entidades, en donde los cacicazgos político-empresariales son más fuertes.

EL ESPECTÁCULO AL SERVICIO DE LA POLÍTICA.

En la última parte del informe se detalla que hay un amplio catálogo de programas dedicados a temas de la mujer, deportes, moda, humor, etc. “los cuales suelen echar mano de las estrategias antes descritas para vender influencia a un candidato o partido, como la emisión de una opinión sesgada hacia alguien o la realización de entrevistas, que usualmente escapan de seguimiento informativo”.

Programas de espectáculos también se ponen así al servicio de la política, con dinero en efectivo. Otro engaño a las audiencias. Para lograrlo, algunos medios se apoyan en empresarios que apoyan a ciertos candidatos o partidos. Estos empresarios pagan por anunciar sus productos o servicios en alguno de esos programas con una tarifa más alta, pero por debajo de la mesa compran cobertura informativa favorable a ciertos políticos. “La diferencia es el financiamiento ilegal triangulado, que queda en manos del medio para operar el paquete acordado con el candidato”. Por supuesto, de esta última operación, no queda ningún registro.

El informe concluye que hay una relación de dependencia mutua que, además, permanece oculta en las contabilidades de ambas partes y cuyas reglas no son democráticas ni transparentes”. Una pregunta que queda en el aire: además de dinero público y de empresas legalmente establecidas ¿habría otras fuentes de financiamiento ilegal?

En cualquier caso, esa relación o colusión lleva a que se violen los principios éticos del periodismo, los derechos de las audiencias y la Constitución. Recuérdese que ética y legalmente está prohibida la propaganda o publicidad presentada como información periodística o noticiosa.

Al leer el informe de Mexicanos contra la Corrupción e Integralia Consultores se confirma la razón por la que el gobierno federal, la mayoría priista y sus partidos satélites en el Congreso y diversos medios promovieron la contrarreforma en derechos de las audiencias. Paralelamente confirma la necesidad de la existencia de medios públicos (no gubernamentales), comunitarios e indígenas, así como de portales periodísticos independientes de esa relación de dinero ilegal que tanto daño le ha hecho al periodismo, al derecho a la información y a la democracia.