Las desapariciones y/o extravío de
niñas, adolescentes y mujeres se disparó 227 por ciento en cinco de los
municipios más peligrosos del Estado de México en los últimos tres años, advirtió la organización I(dh)eas,
Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
La
organización junto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
(IMDHD) y tres colectivos de familias de desaparecidos solicitaron la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por
Desaparición de mujeres en la entidad que concentra el mayor número de
desaparición de mujeres, en la que opera una medida previa por violencia
feminicida en 11 municipios.
El
Diagnóstico sobre Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres en el Estado de
México, elaborado y presentado hoy por I(dh)eas, revela que mientras las cifras
oficiales de feminicidios y homicidios dolosos registran un decrecimiento de 27
y 30 por ciento, respectivamente, los
casos de personas desaparecidas y/o extraviadas se triplicaron en los
municipios de Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl,
Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli.
Los grupos civiles y víctimas
solicitaron que se declare una Alerta de Género por desapariciones para esos
cinco municipios, además de Ixtapaluca y Valle de Chalco “Debido a los hechos
consistentes en la alarmante cantidad de mujeres y niñas desaparecidas en el
Estado de México, […] así como la impunidad, violencia institucional,
revictimización, criminalización, falta de una política pública adecuada y
efectiva para la atención y prevención que conllevan estos casos”.
Los
colectivos derecho-humanistas explican
que la Alerta de Género (AVG) –declarada el 31 de julio de 2015 para el Estado
de México por la violencia feminicida– si bien contiene algunas medidas
relacionadas con el tema de las desapariciones, no analiza a profundidad la
problemática.
Actualmente hay ausencia de cifras,
análisis e investigaciones que determinen la dimensión de este problemas “[…] y
peor aún, las medidas contempladas [en la AVG] para combatir esta situación, en
su mayoría, no han sido implementadas de forma adecuada, a la vez que este tipo
de violencia contra las mujeres ha aumentado”, destaca el documento remitido este
día a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y recibido por oficialía
de partes del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres).
La Fiscalía General de Justicia del
Estado de México reporta un total de 1, 343 niñas y mujeres en calidad de
desaparecidas, no localizadas o extraviadas y/o ausentes en un periodo de once
años (diciembre de 2006 a diciembre de 2017), detalla el Diagnóstico sobre
Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres en el Estado de México
Con base a
las cifras de la FGEM, el documento
establece que los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Toluca de
Lerdo ––tres de los 125 ayuntamientos en la entidad– son los que aglomeran el
mayor número de mujeres y niñas desaparecidas, pues cada uno registra más de
cien casos en la última década.
Además de que el 43 por ciento de los
casos (579 niñas y mujeres desaparecidas en los últimos diez años) están
aglomerados en seis municipios: Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos,
Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.
Las localidades antes señaladas son
parte de los 11 ayuntamientos definidos por la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres para el Estado de México.
Uno de los hallazgos que destaca el
informe es el alto porcentaje de menores desaparecidas. Más de la mitad de los
casos (59 por ciento) corresponden a niñas y adolescentes, con un total de 795
reportes.
El rango de edad con mayor número de
desaparecidas es entre los 15 y 17 años, este grupo concentra el 31 por ciento
con un total de 416 casos. Le sigue las niñas de 10 a 14 años, que representan
el 16 por ciento, con 212 casos. En tercer lugar, las jóvenes de 21 a 29 años
concentran el 15 por ciento con 197 casos.
En tanto que
hay más casos de mujeres desaparecidas
y/o extraviadas en un rango de los 30 y 39 años (un total de 136 que representa
el 1o por ciento) a denuncias de mujeres de 18 a 20 años, (106 casos, el 8 por
ciento), de acuerdo a los datos que brindó la Fiscalía del Estado de México a
la organización civil.
“Así mismo
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reporta que 4, 637 mujeres
han sido localizadas desde la creación de la Fiscalía Especializada para la
Investigación de Personas Desaparecidas, no Localizadas, Ausentes o
Extraviadas”, abunda el estudio.
El Registro Nacional de Personas
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta al menos 35 mil 424 personas
desaparecidas a nivel nacional desde el 2014; de éstas, al menos 8 mil 987 son
mujeres.
El RNPED coloca al Estado de México como la entidad
de mayor número de reportes de mujeres desaparecidas a nivel nacional con una
cifra de mil 790 casos: mil 779 en el fuero común y 11 en el fuero federal.
El porcentaje que representa a niñas y
mujeres desaparecidas en el Estado de México (46 por ciento del total) es casi
el doble del que representa a nivel nacional (25 por ciento del total), de acuerdo al análisis del estudio.
“El número
de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el Estado de México es casi
dos veces superior que en otras entidades del país […] Estas cifras de mujeres,
adolescentes y niñas desaparecidas son alarmantes, aún más considerando que en
los últimos cinco años se observa una tendencia creciente de casos, en especial
en municipios que ya cuentan con la Alerta de Género desde el año 2015”, alerta
la organización civil.
El estudio advierte que por parte de las autoridades
hay una ausencia de cifras e información detallada que permita conocer el
número exacto de mujeres desaparecidas por particulares o por desaparición
forzada.
La investigación encontró una
diferencia de 447 casos entre los datos que reporta el Registro Nacional de
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en contraste a las cifras que
entregó la Fiscalía General de Justicia de Estado de México vía transparencia:
la cifra reportada por el RNPED equivale a mil 790 casos frente a los 1 mil 343
casos reportados por la FGJEM.
“Frente a esta información, en
comparación con las cifras nacionales, es necesario presentar una seria
preocupación sobre la alta proporción de casos de las niñas y mujeres
desaparecidas. El Estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional, pese a lo
cual no se evidencia una respuesta a nivel Federal. No es posible entender ni atender
la dimensión de la problemática al presentarse diferencias evidentes entre los
registros estatal y federal”, critica I(dh)eas.
No obstante,
la información que les proporcionó la FGJEM junto con los datos oficiales
permitió a la organización hacer un análisis de los reportes existentes, y de
ahí inferir tendencias y patrones generales presentados en el estudio.
Los familiares de personas
desaparecidas enfrentan la criminalización de las víctimas, discriminación y rectivimización
en la búsqueda de sus seres queridos, varias veces cometidas por las
autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar los
diferentes tipos de violencia de género que son omisas, denuncia el
diagnóstico.
Y emprender la búsqueda, advierte el
estudio, expone a las familias a situaciones de riesgo y rechazo social.
Las familias de las víctimas
presentan afectaciones en la salud emocional, psicológica y, en muchos casos
hasta afectaciones en su salud física y daño moral, las cuales, se traducen en
depresión, enfermedades mentales, desesperanza, desamparo, frustración,
dificultades para continuar o reconstruir su plan de vida, y desconfianza no
solo en las instituciones sino en la comunidad y la sociedad en general.
“También existen pérdidas económicas o
imposibilidad de adelantar la búsqueda por falta de recursos o por no disponer
de tiempo”, describe la evaluación.
Aunado a
estas afectaciones, los familiares
frecuentemente sufren violencia institucional, es decir, los actos u omisiones
de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan
o tienen como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres […] así como su acceso a políticas públicas
destinadas -de las que tienen derecho- a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
“Padecer este tipo de violencia
[institucional] las revictimiza”, sentencia el análisis.
Una de las primeras advertencias que
enfatiza el estudio es la pérdida de tiempo durante las primeras horas de la
desaparición de una persona.
“Algunos familiares realizan la
denuncia dos o tres días después de la desaparición, debido a que piensan que
deben esperar para hacer la denuncia, y en muchos casos, a los familiares que
acuden oportunamente a las autoridades, se les niega la recepción de la
denuncia bajo la conocida práctica de las autoridades –Deben esperar al menos
72 horas para dar aviso del caso”, ejemplifica.
A partir del 15 de julio de 2018, los
agentes del Ministerio Público deberán apegar su actuación a las disposiciones
del Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual, establece que la búsqueda debe
iniciarse en el momento en que recibe la noticia de la desaparición de una
persona.
El
diagnóstico muestra que, a partir de las entrevistas realizadas a familiares de
personas desaparecidas, “se observan
patrones claros de discriminación en la atención que reciben las mujeres que
buscan a sus familiares y esta situación -añade- se acentúa con mujeres en
condiciones de pobreza, que las pone en unas condiciones de vulnerabilidad para
que “fácilmente sean víctimas de exclusión social”.
El acceso al
expediente es otro obstáculo recurrente que enfrentan los familiares de las
víctimas, aspecto que se percibe en el informe.
“Muchas veces no hay posibilidad de
encontrar el expediente por los hechos, en tanto el agente del Ministerio
Público no abre una carpeta de investigación considerando que no hay delito que
investigar, razón por la cual únicamente se realiza un acta circunstanciada, de
la cual tampoco se otorga copia al familiar, o en otros casos a pesar de
existir datos para abrir la carpeta el agente del Ministerio Público considera
que el delito de desaparición de personas no está tipificado en el Estado de
México, razón por la cual no inicia la investigación de los hechos”, abunda.
Las omisiones también se presentan,
de acuerdo al informe, en la legislación.
La Ley de Acceso a las Mujeres para
una Vida Libre de Violencias del Estado de México se aprobó el 12 de mayo de
2008 y, a nueve años, aún existe, –de acuerdo con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos–, “lagunas legislativas, redundancia en la legislación, falta
de certeza en la observancia y aplicación de la norma, dificultades para su
aplicación y exigibilidad y fomento a la impunidad”, expone el documento.
Este incumplimiento o lagunas
provocan que la Ley sea aplicada, en algunos casos, de manera discrecional por
parte del poder judicial y de la Fiscalía del Estado, lo que puede facilitar la
impunidad de los casos de violencia.
Además, en el Estado de México aún no está
tipificado el delito de desaparición de personas, con agravante de trata de
mujeres y niñas, en el Código Penal del Estado de México, pese a que esto es
una obligación de los estados a partir del 17 de noviembre del 2017, tras la publicación y entrada en vigor de
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Otro aspecto importante es que se
desconoce el número de carpetas de investigación para casos de mujeres
desaparecidas y el de sentencias por este tipo de delitos; ya que como se
explicó anteriormente el delito de desaparición de personas no se encuentra tipificado,
lo cual evidentemente invisibiliza el fenómeno e impide realizar un seguimiento
de los casos. Con referencia a los casos de feminicidio, según los datos
reportados por el Poder Judicial del Estado de México a 31 de diciembre de
2017, se han emitido 125 sentencias condenatorias, con un promedio de 21
sentencias por año y con un aumento notorio en las mismas en los años 2016 y
2017”, agrega la
I(dh)eas, en su análisis.
La
organización recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidenció, en su más reciente
informe sobre derechos humanos en México, un problema serio de registro de
mujeres y niñas desaparecidas, así como en la investigación, justicia y
prevención de desapariciones de mujeres.
“Frente a estos delitos se puede afirmar
que existe una ausencia de reconocimiento por parte del Estado. Si bien en la
Alerta de Género que se encuentra vigente se consideran acciones de política
pública para garantizar la búsqueda urgente y para implementar el protocolo
Alba, esto no será suficiente si la justicia del Estado no contempla y tipifica
el delito”, agrega
la organización en la publicación.
LAS CIFRAS
PUEDES SER MAYORES.
Aunque el
informe brinda un panorama sobre las tendencias en materia de desaparición de
mujeres, sin embargo, la misma
organización destaca que la imprecisión de las cifras no permite dar una
radiografía exacta del problema.
Aunado a
ello, el Diagnóstico sobre Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres en el
Estado de México también pone énfasis en
que las desapariciones pueden ser mucho mayores
a las cifras oficiales, pues hay varios casos en que no son reportados
por desconocimiento o desconfianza al sistema policial; temor a represalias,
amenazas e intimidaciones por parte de las autoridades y/o responsables; falta
de recursos en las familias de las víctimas en comunidades con escasos recursos
que les impide acudir a un ministerio público para presentar y dar seguimiento
a una denuncia o personas en situación de vulnerabilidad que no reciben
información sobre sus derechos, no tienen acceso a intérpretes.
La asociación
Idheas lanzó un llamado a demás
organizaciones de la sociedad civil para formar un frente común sobre esta
problemática en el Estado de México.
A su vez, exigió al Gobernador del
Estado, Alfredo del Mazo Maza, y a estructura gubernamental reconocer
públicamente problemática asociada a los casos de desaparición de niñas,
adolescentes y mujeres; establecer mesas de trabajo para recibir y escuchar a
las víctimas; colaborar en todo momento para agilizar la coordinación en los
procesos búsqueda, investigación y atención a víctimas.
En tanto que
la Comisión de Seguimiento de la Alerta de Género y la Secretaría General de
Gobierno del Estado de México, la
asociación civil pidió priorizar los cinco municipios identificados en el
citado este informe para la implementación de acciones señaladas en la Alerta
de Género y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México
demandó proporcionar de forma rápida y eficaz los servicios de ayuda inmediata,
medidas de asistencia y reparación del daño requeridas por las víctimas.
“No basta con tratar de dimensionar
el problema y contar los casos y como se presentan en los municipios del
estado, es necesario buscar, investigar y encontrar los responsables de las
desapariciones de mujeres y niñas en el Estado de México”, sostiene el grupo civil en el
documento.
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