Amparada en
el respeto a la libertad de expresión de los partidos políticos, el apego a la
apariencia del buen derecho y resoluciones previas del Tribunal Electoral, la
Comisión de Quejas y Denuncias del INE validó este lunes la entrega de las
tarjetas IBU, con las que la coalición Por México al Frente, que abandera
Ricardo Anaya, promete la entrega de mil 500 pesos mensuales en caso de ser
elegido presidente.
Por unanimidad, los consejeros
integrantes de dicha comisión, Adriana Favela, Claudia Zavala y Benito Nacif,
desecharon la denuncia impuesta por el PRI y Morena, que argumentaron una
presunta intención de compra o coacción del voto derivada de la repartición de
las tarjetas correspondientes al programa Ingreso Básico Universal (IBU)
propuesto por Anaya.
La
resolución fue la siguiente: “El INE
declaró improcedente la denuncia porque, bajo la apariencia del buen derecho,
las tarjetas y folletos que las acompañan forman parte de una estrategia de
comunicación del candidato denunciado para dar a conocer sus propuestas de
campaña con el fin de captar adeptos y simpatizantes”.
Los
consejeros concluyeron que la entrega de
dichas tarjetas no implica “la entrega de un bien o servicio que permita
presumir que se ejerce presión al elector para obtener su voto, sino que se
está ante hechos futuros de realización incierta, condicionados al triunfo
electoral del candidato en el marco de promesas de campaña”.
En sentido diametralmente opuesto, la
consejera Pamela San Martín, presente en la sesión sin derecho a voto, por no
pertenecer a la Comisión de Quejas y Denuncias, se dijo convencida de que la
entrega de estas tarjetas es violatoria de la ley, y citó la quinta fracción
del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Federal, que dice:
“La entrega de cualquier tipo de
material, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto,
mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que
implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona,
está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña
o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta
Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto”.
En palabras
propias, la consejera San Martín argumentó:
No considero que estamos ante un acto amparado en la libertad de expresión ni
ante una propaganda de campaña lícita, sino ante un sistema que oferta
beneficios que están prohibidos en la ley. Donde hay coacción o hay presión, no
hay libertad. Es antítesis de la libertad.
“Me parece muy preocupante que esto
se esté amparando en la libertad de expresión de los partidos políticos. Ahora
resulta que la libertad de expresión ampara la libertad de presionar la
libertad de coaccionar el sentido del voto. Esa no es una de las libertades
consagradas por la Constitución”, condenó.
La entrega de tarjetas que prometen
dinero a cambio del voto continuó sin titubear, contraviene la formación de una
opinión libre y coacciona al electorado.
“No comparto que digan que no hay
beneficio. La tarjeta señala que el poseedor de la tarjeta será un beneficiario
del programa. Textual. No estamos ante una promesa de campaña, sino ante la
oferta de un beneficio”, sentenció Pamela San Martín.
Ante estos
señalamientos, los consejeros que votaron por permitir la entrega de las
tarjetas IBU se ampararon en resoluciones previas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la última semana de 2017 avaló la
entrega de este tipo de tarjetas a partir de los ejercicios de fiscalización de
los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México, en los que el PRI
operó la coacción del voto mediante el mismo mecanismo a través de las llamadas
“tarjetas rosas”.
Paradójicamente, esas prácticas
fueron denunciadas por Acción Nacional, partido de Ricardo Anaya.
“Ahora resulta que cuando ellas las
emiten, dejan de tener esas características ilícitas”, reprocharía Pamela San Martín.
Y a los
dichos de Nacif, Favela y Zavala, que en lo personal dijeron estar en contra de
la repartición de tarjetas, pero argumentaron estar acatando el criterio de la
Sala Superior del Tribunal, Pamela San Martín concluyó:
“Me parece que esta autoridad tiene
que garantizar en todas sus decisiones que el derecho al voto sea ajeno a todo
tipo de coacción o de presión, más allá de las interpretaciones del Tribunal
Electoral. Son conductas que tienen que ser frenadas”.
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