#Matarenméxico ¿Y cómo romper con la cadena de impunidad?

Animal Político.

Los niveles de impunidad en el delito de homicidio en México —94.8% o de casos no resueltos— pueden revertirse, no es una tarea imposible, dijeron expertos en justicia penal y seguridad.

Pero para ello se necesita desde romper con la poca o nula independencia de las instituciones, hasta fortalecer cuestiones operativas de capacitación, investigación y acceso a recursos.

Para Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad y justicia, “las procuradurías y las policías son brazos políticos que se protegen a sí mismas, que generan clientelas que pasan por generaciones controlando la propia institución”, es decir, “son espacios secuestrados por poderes de facto, por grupos de poder que imponen sus reglas e intereses por encima del mandato legal”.

Especialistas consultados coinciden en que los siguientes puntos para combatir la impunidad en el país. Romper con la captura de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

El nivel de descomposición mostrado en el reportaje #MatarEnMéxico, dice López Portillo, obliga a romper con “el monopolio y el control operativo” que se tiene sobre las instituciones.

Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera urgente que se trabaje en la reforma de las procuradurías para darles autonomía real de actuación y así se puedan enfocar en desarrollar sus técnicas de investigación. El problema es que en muchos estados aún se prioriza el uso de procuradurías con fines políticos, económicos o personales.

“Seguimos enfrentándonos con la idea de que esta institución (la procuraduría) sirve más como una herramienta de control político, para amenazar a tus enemigos. Para aplicar selectivamente la ley. Y bueno si seguimos queriendo a las procuradurías para eso, no nos va a servir para resolver homicidios. Para resolver homicidios necesitamos que la institución se independice de los intereses económicos y políticos. No pueden servir al poder y a los ciudadanos a la vez” dice.

Francisco Rivas, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, señaló urgente trabajar en la independencia de las fiscalías, pues existe en el papel y no en la realidad. Crear contrapesos eficientes para las consecuencias del mal y del buen servicio público.

López Portillo explica que esta tarea implica el rediseño de las reglas formales de rendición de cuentas y la transformación de las prácticas cotidianas de trabajo. “Tenemos que habilitar sistemas de consecuencias, sistemas que garanticen las consecuencias para el buen y mal desempeño. Si no rehabilitamos los contrapesos para las consecuencias, no saldremos del hoyo”.

Lo contrapesos tendrán que venir de los tres poderes y de la sociedad civil. Del Congreso, tanto federal como locales, en cuanto a la generación de leyes y contralorías; del Ejecutivo, cuyos controles internos no funcionan, menos entre las instituciones que lo conforman; y del Poder Judicial, contener la tortura, malos tratos, corrupción, a través de investigaciones y sanciones.

Y el contrapeso quizá más importante es el de la sociedad civil. López Portillo afirma que la vigilancia ciudadana no servirá si no tiene poderes legales. En ese sentido recuerda que, desde el sexenio de Felipe Calderón, la sociedad civil entregó una propuesta de reforma al Senado en la que se pedía ser auditor externo de las policías federales y otra para dar voz y voto a los representantes ciudadanos que integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Desde Calderón propusimos incluir ciudadanos con poderes de forzar la rendición de cuentas en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y no lo hemos logrado; desde Caderón propusimos reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los ciudadanos tuvieran poderes legales y se negaron”.

“En síntesis, el problema es un sistema de consecuencias colapsado, la solución es reactivar los sistemas de consecuencias que aseguren las consecuencias del buen y mal desempeño a través de sistemas combinados, institucionales y sociales, del propio poder público con un actor fundamental que debería ser el Congreso y del otro lado con sociedad civil empoderada con poderes legales”.

En este sentido, Magaloni considera que una institución independiente también puede generar con claridad sus propias reglas de operación, servicio de carrera, premios y castigos. Voluntad para esclarecer el homicidio, una política de persecución penal orientada a erradicar la impunidad.

Magaloni y Layda Negrete, investigadora del World Justice Project y autora del documental Presunto Culpable, parten de la idea de que se debe buscar esclarecer un homicidio, algo que, aunque parezca obvio, en la práctica no lo es.

Si bien, explica Magaloni, en la mayoría de las ocasiones los asesinatos no tienen a un culpable en flagrancia como pasa muchas veces con un robo, tampoco se trata del delito más complejo de resolución. En el mundo se han desarrollado experiencias muy exitosas para esclarecer homicidios.

“El homicidio sí es un delito que se resuelve en muchas partes del mundo. Hay técnicas reales y efectivas para recabar evidencia, como sacar hipótesis, etc. Lo que se necesita es quererlo hacer. México no tendría que ser un país con esta tasa de impunidad. El homicidio no es el delito más difícil de resolver, si tiene su complejidad, pero se puede y hay experiencias exitosas. Solo hay que querer hacerlo”, dice Magaloni.

Negrete subraya que es un tema de voluntad política que implica reconocer el nivel de crisis en el que estamos y querer solucionarlo. No plantear acciones “efectistas”, como comprar un montón de patrullas o lanzar equis operativa, sino construir una política de corto a largo plazo cuyo objetivo sea reducir la impunidad del homicidio.

Para ello hay que abandonar ideas como “el solo se matan entre delincuentes” y valorar a las víctimas, aunque sean de los estratos más bajos.

“Hay que empezar por querer. Hoy no es una prioridad. Se cree que el problema es solo técnico y que necesitamos más capacitación, laboratorios y si bien son cosas que faltan esto pasa porque no hay una condición previa que es querer tener esto. Una solución. El problema de origen no es técnico sino político. Hay que tener la visión de atender esto que es una epidemia y que esas es la proporción que hay que darle y así tratarlo”.

Entender los homicidios, no solo “resolverlos”.

Layda Negrete opina que hay que entender los homicidios, Identificar patrones, usar herramientas como la georreferenciación de los casos para registrar conductas y así poder prevenirlos.

“Es analizar los homicidios y el crimen en general con sus patrones y sus contextos, esto es parte de una solución técnica posterior y para ello hay personas muy talentosas que saben de esto”, dice Layda Negrete.

Magaloni plantea que se debe entender por qué se mata la gente y cuáles son los distintos tipos de homicidio, y así generar también estrategias de prevención.

“Si se hace esto no nos lleva tanto tiempo darle la vuelta al fenómeno, no es una cosa que haya que esperar 10 años. Una institución sólida con equipos especializados puede arrojar resultados rápidos en materia de homicidio” dice.

Francisco Rivas señala que existe un Estado insuficiente en los recursos humanos y materiales para investigar y solucionar los crímenes; además de insuficientes incentivos, supervisión, nula carrera ministerial o policía, así como independencia de las instituciones. Así que la tarea por delante es vastísima. Pero, considera Rivas, se debe comenzar por transformar la política hacia la prevención más que hacia la reacción.

Guillermo Zepeda, académico y director de Jurimetría, así como autor de los informes Impunidad Cero, habla sobre cuestiones operativas que van desde blindar a las instituciones de la incursión del crimen, a la capacitación.

1. Proteger y depurar las instituciones.

Zepeda dice que las instituciones deben ser blindadas de los riesgos externos e internos, es decir, protegerlas de la incursión del crimen y depurarlas de funcionarios corruptos.

2. Crear modelos de investigación modernos y equipados.

Es necesario, dice Zepeda,que las instituciones se doten de equipos, personal capacitado con servicio profesional de carrera, con modelos y unidades de investigación que permitan ir eliminando el rezago.

En este sentido coincide la propuesta de Magaloni sobre desarrollar equipos especializados en homicidios que atiendan y entiendan el fenómeno.

La académica del CIDE subraya que las primeras 48 horas de un homicidio son claves por las pistas que se pueden obtener de la escena del crimen, por los datos que testigos puedan aportar sobre el hecho antes de que se les olvide, y por las hipótesis iniciales que rápidamente se logran establecer.