Alberto Baillères y Germán Larrea,
los dos magnates que llamaron a sus empleados a no votar por Andrés Manuel
López Obrador, de la coalición Juntos haremos historia, amasaron su fortuna en
la minería, un negocio altamente rentable para los concesionarios, pero que
prácticamente no reditúa nada a México:
El año pasado, a pesar de producir
417 mil millones de pesos, la industria minera APENAS CONTRIBUYÓ EN 1% A LOS
INGRESOS FISCALES DEL GOBIERNO FEDERAL.
Es más: la
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
señaló que 59 empresas y grupos mineros EVADIERON “presuntamente” el pago de
derechos mineros en 2015, entre ellas, filiales de Grupo México -de Larrea- y
Grupo Bal -de Baillères-, como lo documentó Proceso el año pasado.
“Es un negocio sumamente rentable, se
puede extraer muchos minerales, oro y plata, y prácticamente no pagar nada por
ello: hay impunidad, pues no hay quién llame a cuentas a las empresas por no
pagar impuestos, por no pagar derechos, por invadir a áreas naturales
protegidas; en buena medida, su fortuna se explica por esto”, dice Beatriz Olivera, investigadora
en Fundar, en entrevista con Apro.
El Anuario
2017 sobre las actividades extractivas en México, que presentó hoy la
organización, muestra que entre 2016 y
2017 se incrementó el número de proyectos mineros de oro -el año pasado eran
513, es decir 43 más que el anterior-; de plata –199, nueve más que en 2016-; y
de cobre, con 87 proyectos vigentes, -6 más-.
Y, al igual
que en su informe del año pasado, Fundar
recalcó que el discurso según el cual la actividad minera genera desarrollo y
bienestar en las localidades es falso, pues más de la mitad de los 22
municipios mexicanos que concentran la producción nacional de oro sufre una
tasa de pobreza extrema mayor al promedio nacional y 76% de ellos rebasa el
promedio nacional de población en situación de pobreza.
“Lo que ellos pagan es mínimo, las
ganancias son increíbles, no hay quién los meta en cintura, no hay quién los
llame a cuentas, hay impunidad y, por encima, nos llaman al voto inteligente”, insiste Olivera.
Según el
documento, el año pasado la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) obtuvo 4 mil 973 millones de pesos en
ingresos tributarios del sector minero, a los que se sumaron otros 8 mil 281
millones de pesos, cobrados mediante derechos sobre minería.
Ello, en conjunto, apenas llegó a 1%
de la recaudación fiscal del gobierno federal.
En Chile y Perú, otros países mineros
de América Latina, la actividad minera aporta 13.8% y 6.4% de los ingresos
fiscales, respectivamente.
Es más: la Secretaría de Economía (SE) no sabe con
exactitud a quién le pertenecen ni cuáles son las características de 23.1% de
las 25 mil concesiones mineras que tiene registradas y que cubren 20 millones
790 mil hectáreas en todo el país.
La industria minera, en la que tienen
intereses los tres hombres más ricos del país -Carlos Slim Helú, Germán Larrea
y Alberto Baillères-, goza de un trato preferencial: a la par de un discurso que asocia
la actividad extractiva con el desarrollo, las
autoridades diseñan reglamentaciones favorables a los intereses de la
industria, por ejemplo, otorgándoles concesiones en Áreas Naturales Protegidas
(ANP) y en zonas de humedales, donde más de 2.22 millones de hectáreas fueron
entregadas para la extracción minera.
Y, aun así, el informe señala que la Secretaría de
Economía (SE) violó la ley, pues concesionó cerca de 60 mil hectáreas de
territorio a empresas mineras dentro de las “zonas núcleo” de ANP, un espacio
donde queda prohibido cualquier tipo de aprovechamiento que altere los
ecosistemas.
Abusos de Slim.
En el municipio de Mazapil, en
Zacatecas, se extrae oro desde la época de la Colonia y, aun así, la población
vive en altos grados de marginalidad, con 13% de la población en situación de
pobreza extrema.
Pero no es
todo: Frisco, la empresa minera de
Carlos Slim, arrasó con tres comunidades campesinas de Salaverna -del municipio
de Mazapil- para sacar al cielo abierto su mina subterránea.
En 2010, la minera construyó una nueva unidad
habitacional al estilo Infonavit y notificó a las comunidades que debían
mudarse ahí, abandonando sus derechos de posesión sobre sus viviendas y tierras
agrícolas.
Cuando una
familia acepta el trato con Frisco, la empresa provee la camioneta de mudanza
y, junto con ella, vienen trabajadores que demuelen de inmediato la casa, para
eliminar cualquier deseo de volver a la comunidad. Según Efraín Arteaga,
integrante del Observatorio de los Conflictos Mineros de Zacatecas, más de 80
viviendas se encuentran ahora en escombros en el pueblo.
El 23 de diciembre de 2016, ante la
resistencia de un grupo de 19 familias, la empresa y el gobierno estatal
emplearon la mano dura: un grupo de granaderos y Bulldozer invadió el pueblo y
destruyó dos casas, la iglesia, el edificio de la delegación, la escuela
primaria y la telesecundaria.
“Fue un
conjunto de poder contra nosotros (…), taparon todos los accesos al pueblo”,
recordó Roberto de la Rosa Dávila, un poblador en resistencia de Salaverna. “Me dijeron: ‘Roberto, (en el proyecto) son
dos mil 500 empleos, contigo no se puede hablar’. Pero ¿A cuesta de qué? De
destruir el lugar donde yo aprendí todo, yo no me voy a ir de ahí”, sentenció.
El campesino opinó que las casas
construidas por Frisco son “como una prisión” y su ubicación obliga sus ocupantes
a rodear la malla de la minera sobre cuatro kilómetros. Añadió que los jóvenes
de las familias en resistencia no consiguen empleo en la región “porque están
boletinados”.
“Bien vale dar la vida por Salavela,
y como digo: Pueblo que no se defiende no se ama”, insistió.
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