El pasado 5 de junio en el marco del
Día Mundial del Medio Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10
decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el
Diario Oficial de la Federación.
La firma
ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania en
el Mundial de Rusia 2018 y no mientras se realizaba el encuentro, como circuló
en redes sociales.
Esta noticia
falsa revivió el debate sobre la privatización del agua. Algunas voces aseguran que se trataba de una medida que propiciaría la
concesión del agua, otras, como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión
Nacional del Agua argumentan lo contrario.
Estas son
las diferentes posturas de organizaciones, investigadores y el gobierno federal
sobre la firma de estos documentos que no privatizan el agua, pero sí permiten
que se otorguen concesiones.
¿Qué dicen
los decretos firmados por Peña Nieto?
Los 10
decretos eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que
equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de
agua en estas cuencas.
Ahora, en lugar de la prohibición
total de su aprovechamiento, se establecen “zonas de reserva de aguas para los
usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las
cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua.
En cada decreto se señala el
porcentaje de agua que puede ser utilizados en cada cuenca mediante el título
de concesión.
Cada uno de los decretos, en esencia
dictan lo mismo, pero corresponden a 10 diferentes ríos. Las zonas y ríos
seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche);
Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato,
San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y
Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y
Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit,
San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de
Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
El gobierno
federal fue asesorado por la organización de conservación ambiental WWF, la
cual les ayudó a saber de qué manera poder mantener el agua suficiente para la
población durante los próximos 50 años.
En su página
WWF, menciona que con la firma de los decretos México tomó una “decisión
histórica con la cual protege la mitad del agua superficial del país y
beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64
humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”.
¿Fue legal la firma de los decretos?
La Ley de aguas nacionales faculta al
presidente para tomar decisiones como la eliminación de la veda de las cuencas
hidrológicas por decreto.
“No es una
decisión ilegal. Es arbitraria en un
sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión
muy significativa sobre un bien fundamental sobre la vida, señala Rodrigo
Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.
La
eliminación de la veda a través de un decreto, como lo hizo Peña Nieto, es
legal, pues “la reserva de agua sólo se puede hacer por decreto”, explica
Eugenio Barrios, director del “programa agua” del Fondo Mundial para la
Naturaleza México (WWF por sus siglas en inglés).
¿Qué significa levantar la veda sobre
el agua?
Con la firma de los decretos, se
transitó de un régimen de veda a un régimen de reserva.
Una veda es una medida que impide al
gobierno hacer uso del agua. “Cuando decretas una veda, lo que estás haciendo es ponerte tú, gobierno,
una restricción absoluta para el uso del agua. Para que cualquier persona,
ejido, empresa, acceda al agua, tiene que solicitar una concesión a Conagua”,
explica Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.
“Lo que hicieron con el decreto fue
transitar de un régimen jurídico de veda a otro de reserva, y eso te habilita
como gobierno para dar concesiones en cuatro campos. Sigue siendo restrictivo,
pero más abierto que la veda: uso personal y doméstico, producción de energía y
la protección y conservación ambiental”, detalló el investigador de la UNAM.
Ya se han
levantado vedas en otras cuencas, explica Eugenio Barrios, de la WWF, por
ejemplo, en Pánuco, en 2012 y 2006 y no ha sido algo que haya disparado las
concesiones.
La figura de la veda es un
instrumento que data de los años 1930.
“Fueron creados con un fin muy
particular: para estudios de distritos de riego, entonces son instrumentos que
no operan, sí establecen una prohibición, pero ha quedado sin efecto, porque la
prohibición nos lleva a situaciones de prohibición de destrucción”, señala Barrios.
¿Qué dicen
las voces en contra de los decretos?
La organización Agua para Tod@s
plantea, a través de un análisis, la posibilidad de privatización que se
abriría tras la firma de los decretos.
“Estos decretos van a permitir a la
Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas
mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de
los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios,
comunidades rurales y los sectores populares urbano”, expresan.
Señalan que las empresas
trasnacionales se verán directamente beneficiadas con la eliminación de las vedas,
pues “requieren de concesiones con seguridad jurídica”.
Otro punto
es que, según la organización, aunque
los decretos están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente,
incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía
eléctrica.
Con relación
a la vigencia de 50 años de los decretos, Agua para Tod@s señala que cada estado podrá solicitar los volúmenes requeridos,
sentando así “las bases para la privatización vía trasvases y el
concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.
Añaden que los decretos desconocen los derechos de los
pueblos indígenas, “empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma
medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias
formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios”.
¿Cuáles son
los beneficios de los decretos?
La
Secretaría del Medio Ambiente explicó en un comunicado que el agua no se
privatizará, y que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto,
“de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario,
permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo
humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50
años”, indicó la Secretaría.
Se trata de
una medida, agregaron, que ayudará al país a “preservar sus ecosistemas en las
condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de
agua en los ríos para tal fin”.
“Estos
decretos de reserva de agua en ningún momento son una medida de privatización,
sino todo lo contrario, protegen el agua para los ecosistemas en porcentajes
muy elevados. En segunda instancia, protegen el agua para la gente: lo que
significan es la protección del agua como ese bien común, explica Eugenio
Barrios, director del programa Agua.
“Esa es otra
de las grandes aportaciones de las reservas de agua: nos están diciendo cuánta
agua está disponible, cuánta es para el ambiente y cuánta es para la población.
Estamos en posición de exigir transparencia en el uso del agua”, agrega
Barrios.
Según la
Conagua, con esta política pública se busca que el agua no se desaproveche.
“Nuestro plan es que el escurrimiento del agua pueda correr a los ríos y así la
corriente llegue a las zonas protegidas solo para el uso medioambiental”,
explicó su titular Roberto Ramírez de la Parra.
¿Se va a concesionar el agua?
Ramírez de
la Parra explicó que, si bien los
decretos permiten la liberación del uso del agua, la administración de Peña
Nieto en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua, decidieron
no concesionar el agua y destinarla solo al uso medioambiental.
Dijo que el
quitar la veda tiene la finalidad de preservar nuestro medio ambiente y que en
todo momento actuaron conforme a la ley.
“Si bien
tuvimos que reformar la ley actual lo hicimos con la finalidad de reglamentar
el derecho humano al agua y eliminar la veda para garantizar el suficiente
abasto de agua para la población durante los próximos 50 años”.
“No es una privatización, PERO SÍ
HABILITAR EL USO DE AGUA PARA USOS PRIVADOS. TÉCNICAMENTE SÓLO ES UN CAMBIO DE
RÉGIMEN. SÍ VA A CONTRIBUIR PARA QUE ACTORES PRIVADOS PUEDAN APROPIARSE DE
BIENES QUE ANTES ESTABAN EN MANOS DEL GOBIERNO”, explicó el investigador de la UNAM.
El director
del Programa Agua de WWF aceptó que el régimen de concesiones genera
preocupación, pero por ello, dijo, la
Conagua debe realizar este proceso de forma transparente. “Conagua acaba de
externar que no se van a dar ese tipo de concesiones”.
El titular de la Conagua aseguró que
en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el
uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla.
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