Jacobo Dayán.
Nos acercamos al día del voto y como
era de suponer, los niveles de violencia, corrupción e impunidad han golpeado
seriamente el proceso electoral dejando muchas dudas sobre la calidad de
democracia representativa que tenemos.
Pasamos del problema de que los votos
cuenten y se cuenten a procesos determinados no solo por el voto sino también
por la bala y la lana.
Sí, en paralelo corren tres
elecciones muy distintas. La del voto difícilmente informado debido a que las
campañas siguen siendo de baja calidad argumentativa, la de la bala que incide
de manera violenta en las boletas y las carretadas de dinero para la compra del
voto.
Un reciente
estudio de la consultora Etellekt muestra
que desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2017 han sido
asesinados 120 políticos y 351 funcionarios no electos. Los asesinatos se dan
en la precampaña, donde se eligen candidatos, y durante la campaña, donde ya se
conocen las tendencias.
Comparando cifras con otros procesos
electorales tenemos que 2018 es 13 veces mayor que en 2012 y 29 veces mayor que
en 2006. Así de clara la descomposición.
La anestesia
social que ha generado la violencia ya alcanzó a los procesos electorales. Como algo escenográfico ha sido tomado el
asesinato de decenas de candidatos. La centralidad del proceso electoral para
la presidencia ha invisibilizado lo que ocurre a nivel local. Incluso han
pasado desapercibidos los llamados de alerta de la Unión Europea, la OEA y el
de personalidades como Kofi Annan. ¿Qué democracia es esta?
Con los niveles de impunidad y la
falta de investigaciones creíbles lo que queda es especular analizando los
datos. El 67 por ciento de los asesinatos son perpetrados por comandos armados
y el 14 por ciento mediante tortura.
Aquí una
señal de los posibles perpetradores. Las
agresiones se centran en funcionarios y candidatos municipales. En realidad, no
sabemos quiénes son los perpetradores ni cuáles son los motivos.
Los perpetradores pueden ser el gran
crimen organizado, bandas delictivas locales, violencia política o lo que
imaginemos. En México puede matar quien sea sin consecuencias. No solo es el
del financiamiento ilícito de campañas por parte de grupos criminales en
ciertas regiones sino incluso la imposición de candidatos.
Grupos criminales y/o políticos
responsables de las agresiones pretenden controlar desde el nivel municipal a
las instituciones, el territorio, los recursos, la población y/o las
actividades criminales como el huachicol, trasiego, venta de droga, extorsión o
cualquier otra que imaginemos. Se trata de un proyecto político- criminal de
control de las instituciones.
Ante la falta de investigaciones
quedan muchas preguntas abiertas.
¿En los municipios cercanos a los que
han sufrido asesinato de candidatos, los punteros generan confianza a los
perpetradores? ¿Qué certeza se puede tener de un sistema de representación
expuesto a estos niveles de violencia? ¿Cómo explicar la falta de medidas
urgentes para abordar el tema por parte de la clase política?
Las balas ya determinaron la
dirección en varias regiones. Ahora entrarán a
operar los miles de millones de pesos desviados que han sido documentados y
otros miles de millones más. La lana en busca del voto.
Así llegamos al 1 de julio.
Instituciones electorales desacreditadas, campañas de bajo nivel, balas y lana
determinando candidatos y voto. La impunidad, la corrupción y la violencia
marcan las elecciones.
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