150 mil 992 ejecutados: la herencia de Peña (Reportaje del semanario ‘Zeta’)

   

Sin contar los últimos 30 días de la administración de Enrique Peña Nieto, el Gobierno Federal emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) superó el número de ejecutados que se contabilizaron en el sexenio anterior, encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra al narcotráfico y comenzó con las históricas cifras de asesinatos violentos.

Del primero de diciembre de 2012, día en que Peña tomó posesión como Presidente de la República, al 31 de octubre de 2018 -a un mes de concluir su mandato-, en el país se han registrado 150 mil 992 muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado.

Prácticamente año tras año los homicidios dolosos fueron aumentando durante la administración que termina. Tan sólo en 2017 (2018 no ha concluido) la cifra llegó a abatir cualquier registro de los últimos años con 32 mil 79 víctimas de homicidios dolosos.

Académicos y expertos en el tema de seguridad coinciden en que la estrategia de Peña Nieto en materia de combate a la violencia y al crimen organizado fracasó rotundamente, a pesar de que se capturó a líderes del narcotráfico, por ejemplo a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Sin embargo, las capturas de las cabezas criminales acentuaron aún más las muertes en el país.

Asimismo, conforme fue avanzando la administración federal, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue consolidándose en gran parte del país hasta llegar a tener presencia en 22 de 32 estados, y con ello los niveles de violencia fueron aumentando.

Este es el total de homicidios por entidades de la República, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2018, 30 días antes de concluir el sexenio priista:

TOTAL	150 mil 992
México	17,269
Guerrero	13,994
Chihuahua	11,506
Guanajuato	8,797
Jalisco	8,749
BC	8,277
Sinaloa	7,467
Veracruz	7,335
Michoacán	7,332
CDMX	7,136
Tamaulipas	5,542
Oaxaca	5,208
Puebla	4,700
Nuevo León	4,047
Sonora	4,044
Morelos	3,548
Chiapas	3,205
Zacatecas	2,877
Colima	2,705
Coahuila	2,417
San Luis Potosí	2,216
Tabasco	2,215
Quintana Roo	1,730
Durango	1,643
Nayarit	1,556
BCS	1,488
Hidalgo	1,369
Querétaro	888
Tlaxcala	613
Campeche	458
Aguascalientes	340
Yucatán	321

PEÑA SUPERÓ A CALDERÓN.

En diciembre de 2012, ya en funciones el gobierno peñista, se registraron mil 999 ejecutados; en 2013 se documentaron 23 mil 063; en 2014 hubo un pequeño descenso a 20 mil 010, cifra muy similar a la de 2015 (20 mil 762). En 2016 las víctimas de homicidio se elevaron a 24 mil 559, y en 2017, el récord fue de 32 mil 079, cantidades documentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su registro de Mortalidad en Defunciones por Homicidios.

De acuerdo a datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, con corte del primero de enero al 31 de octubre, durante 2018 se han registrado oficialmente 28 mil 520 homicidios dolosos.

La suma de los 150 mil 992 ejecutados en el sexenio de Peña hasta octubre de 2018.

En cuanto a los homicidios, Peña Nieto superó el número registrado durante la administración del panista Felipe Calderón, quien desplegó a las fuerzas armadas en la llamada “guerra contra el narcotráfico” y dejó un saldo de 121 mil 35 muertes violentas.

Con la cifra de homicidios preliminar en el sexenio a punto de concluir, EPN tendrá más de 29 mil 957 ejecuciones en comparación al periodo de su antecesor.

ESTADOS, OMISOS Y CÓMPLICES.

Otro de los elementos que deben contemplarse en la entrelazada maquinaria de violencia e impunidad, son los gobiernos locales.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano menciona el caso de Baja California, que este año encabeza la lista con el mayor número de homicidios dolosos, sólo por debajo de Guanajuato.

“No hay instituciones locales para enfrentar el reto, el principal que enfrenta Baja California es un abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana (Juan Manuel Gastélum) que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la seguridad porque, sin liderazgo local, difícilmente va a haber las otras condiciones necesarias para que se pueda”, destacó.

Baja California y Guanajuato, ambos gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), sobresalen en el mapa del crimen, pues a pesar de tener entre 13 y 11 millones menos de habitantes, respectivamente, en comparación con Estado de México, registran más homicidios violentos en el transcurso de 2018.

Así se distribuyen los 25 mil 520 ejecutados del primero de enero al 31 de octubre de 2018, precisamente el último año de Peña como Presidente de la República: 

Guanajuato 2,759

BC 2,588

México 2,241

Guerrero 2,136

Jalisco 1,972

Chihuahua 1,901

Veracruz 1,477

Michoacán 1,376

CDMX 1,144

Puebla 1,086

Oaxaca 1,016

Sinaloa 971

Tamaulipas 951

Sonora 738

Morelos 652

Quintana Roo 641

Nuevo León 636

Colima 605

Zacatecas 565

Chiapas 532

SLP 484

Tabasco 466

Nayarit 373

Hidalgo 208

Coahuila 206

BCS 177

Querétaro 162

Durango 153

Tlaxcala 124

Aguascalientes 70

Campeche 62

Yucatán 48

TRES FACTORES PARA ENTENDER LAS EJECUCIONES EN MÉXICO.

Froylán Enciso, profesor del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), encuentra tres factores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que llevaron al aumento en la tasa de homicidios dolosos en el país.

El experto en el estudio de narcotráfico y crimen organizado analiza que el primero de estos elementos fue la estrategia del Gobierno de la República por centrar su combate al crimen en la captura de objetivos prioritarios.

“Tenían una lista de 120 criminales clave y pensaron que metiéndolos a la cárcel iban a debilitar a las organizaciones criminales, pero resultó falso. Lo que ocurrió es que mientras más detenían líderes, más aumentaba la violencia”, plantea el historiador sinaloense.

De ahí, Froylán Enciso, quien fue consultor del International Crisis Group, identifica una segunda causa: el descabezamiento de organizaciones criminales y, por lo tanto, la fragmentación que aumentó el número de organizaciones delictivas que operan en el país.

“Las organizaciones se pelean internamente para sus liderazgos, y cuando organizaciones rivales veían un pleito, lo tomaban como una oportunidad para competir por ese negocio. Entonces, hubo incentivos para incrementar la violencia intra e inter cartel”, señala.

Como una tercera explicación, el doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, habla de la diversificación del mercado ilícito: “El negocio de las drogas que antes era mucho más centralizado, se diversifica en esas organizaciones fragmentadas para poder sobrevivir en el mercado clandestino, entonces se agregan otras actividades como el cobro de piso -que Los Zetas introdujeron hace casi veinte años-, el huachicoleo, el secuestro de migrantes y la trata de personas”.

Fue así como prosperó el CJNG, y agrega: “El proceso de diversificación criminal que afectó principalmente a las organizaciones tradicionales como el Cártel del Golfo y los Zetas contra el Cártel de Sinaloa, hizo un hueco que aprovechó el Cártel Jalisco Nueva Generación para apoderarse de los negocios grandes y aumentar su presencia territorial en todo el país”.

NO HAY QUE PENSAR EN UNA ESTRATEGIA NACIONAL.

“Con organizaciones fragmentadas y mercados diversos, cada localidad tiene su mercado criminal propio”, explica Froylán Enciso

Por ejemplo, el aumento de la violencia en Guanajuato está directamente relacionado con el huachicoleo y no con las drogas. En la Península de Baja California, se debe a la expansión del consumo de drogas y narcomenudeo como un negocio local, mientras que en Colima hay una disputa por el control del puerto para el trasiego de grandes cargamentos.

“La herencia que nos deja Peña Nieto es un crimen fragmentario, diversificado de acuerdo a condiciones locales, con gran poder de corrupción y pactos con diferentes niveles de gobierno, y se tiene que atender desde lo local”, opina Enciso.

Por esta razón, el académico apuesta no a una gran estrategia nacional para el combate del crimen organizado, sino que se construyan diferentes planes basados en las condiciones locales de cada estado o municipio. 

También la crítica a una guardia civil militarizada como la que propone el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador: “El trabajo policiaco y de inteligencia que se necesita para este tipo de crimen no es el mismo que se hace para problemas de seguridad nacional, se necesita un conocimiento muy fino, organizaciones de inteligencia muy flexibles y agentes policiacos que puedan atender localidades específicas, que tengan capacidad de despliegue territorial y de inteligencia para comunidades muy específicas”.

Bajo este esquema, Enciso es enfático al pronunciar: “Pueden volver a mandar dos mil militares a Tijuana, pero si el problema son las ‘tienditas’, las redes de distribución en barrio populares o zonas marginales, no va a alcanzar para frenar el problema”.

“EN EL PEOR SEXENIO”

Para Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, asociación civil dedicada a temas de seguridad, justicia y legalidad en México, hay un antes y un después en el gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por Ayotzinapa.

“Lo puso de rodillas y ya no se pudo levantar. Al inicio de la administración, los homicidios venían bajando, el Gobierno Federal alegaba que el homicidio bajaba como consecuencia de políticas como la de prevención de delitos. Nosotros y muchas organizaciones fuimos muy claros en decirles que no fue así, lo que sí hubo una estrategia de no comunicar, incluso en los medios, la incidencia delictiva”, detalla.

Además de la negación, argumenta, hubo una falta de capacidad de la administración para cambiar de acciones cuando en abril de 2015 comenzaron a registrarse los primeros picos en la incidencia de homicidios dolosos.

“No supieron transformar los retos en un proyecto mucho más claro de seguridad y eso derivó en el desastre al que nos está llevando el Presidente, el sexenio con la mayor tasa de homicidios dolosos, cuando Caderón había entregado una incidencia a la baja; se convirtió en el peor sexenio”.

GOBERNADORES Y ALCALDES, SIN LIDERAZGO EN SEGURIDAD.

Según Rivas, también ex director del Centro de Cultura de la Legalidad de Baja California, es necesario analizar la falta de eficiencia de los gobiernos locales y como ejemplo pone a Baja California.

“No hay instituciones locales para enfrentar el reto. El principal reto que enfrenta Baja California es un abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la seguridad porque, si no hay liderazgo local, difícilmente va a haber las otras condiciones necesarias para que se pueda”, considera.

Acerca de las particularidades de la criminalidad en BC, uno de los estados que alcanzaron su máximo histórico en ejecuciones durante el sexenio de Peña Nieto, el experto habla de la penetración de la delincuencia en las instituciones locales que deriva en la falta de confianza.

“Más que la falta de coordinación, otro aspecto absolutamente necesario es que exista confianza entre los operadores, es donde se establecen las políticas. Muchos de los que están involucrados tienen miedo de compartir información con otras corporaciones porque no saben con quién están sentados”, indica.

NOS ACOSTUMBRAMOS A LOS HOMICIDIOS.

El doctor Rivas también ha encontrado un preocupante comportamiento social en la normalización de los homicidios.

“Hace años decíamos que ya nos estábamos acostumbrando a la violencia, pero el factor clave que hace que el partido de Calderón pierda la Presidencia, fue la falta de una pacificación del país. Hoy por hoy, estamos en una crisis mucho mayor, pero en las campañas presidenciales, el tema de violencia no fue determinante”, añade.

Bajo el mismo tenor, observa que “en casi todo el país, la situación es un absoluto desastre, pero no ves una sociedad escandalizada ni preocupada a pesar de que los datos son espeluznantes en casi todo el país, incluidos Baja California y Tijuana; hay visiones de corto plazo, el problema es que tal vez ahorita controla la zona que te es menos relevante, mañana no sabes a dónde se va a expandir. Finalmente, el Estado comienza a perder control del territorio y darle a un poder alterno ese control, sí es más preocupante”.

A manera de conclusión, el titular del Observatorio Nacional Ciudadano señala que la administración de Peña Nieto “entrega los peores resultados que se podían esperar”.

MÁS MUERTES Y MENOS DECOMISOS: INVESTIGADOR DE INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ.

El maestro Carlos Galindo es demógrafo e investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, cuyas líneas de investigación incluyen sistemas de indicadores en materia de derechos humanos y seguridad pública.

Hace unos días, junto a otros autores, presentó un reporte sobre muertes violentas registradas por Inegi en 2017, información vertida en mapas y gráficas que ilustran la dispersión geográfica de los homicidios dolosos en el país.

“De 2008 a 2012, este delito estuvo muy concentrado en regiones típicas de disputa del narco, pero de 2015 a 2016 se aleja y empieza a expandirse por ejemplo de Ciudad Juárez a Chihuahua, Chihuahua; y de Acapulco, Guerrero, a Chilpancingo”, afirma.

A la par que aumentaron los homicidios, de acuerdo al análisis de Galindo, se redujeron los decomisos de drogas y armas, e incrementaron las desapariciones de personas.

Al igual que Froylan Enciso, el investigador encuentra la diversificación criminal como una de las causas de este aumento, por lo que considera esencial recolectar información oficial de calidad que permita crear más mecanismos de control respecto a los homicidios para entender los móviles.

Establece que por medio del análisis de datos, se pueden obtener distintos fines. Mientras la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes permite identificar la exposición del riesgo de ser víctima de homicidio en demarcaciones, el número total del homicidios -Tijuana fue el municipio con más asesinatos registrados por Inegi en 2017- ayuda a crear mejores políticas públicas.

“Donde ocurren muchos homicidios, independientemente de la población que hay, requieres los suficientes investigadores para resolver homicidios, los suficientes policías, ministerios públicos y peritos para que hagan bien la investigación”, expone.

Gallardo encuentra que “la tendencia histórica y el análisis académico de los homicidios nos dice que la guerra contra el narco es la causa estructural y principal de la bola de violencia en México, hay que abandonar esta guerra que ya vimos que no es ganable en cuestión de violencia contra violencia; hay que buscar una forma inteligente de ganar este conflicto”.

Y finaliza: “Si el enfrentamiento frontal militarizado en contra del narcotráfico ocasiona que entre 2007 y 2010 se triplican los homicidios y ahora estamos peor que en 2010, es mejor explorar opciones como la regulación del mercado de drogas para que sea el Estado quien ponga reglas distintas con distintos tipos de sustancias, no dejar esta caja oscura en manos del narcotráfico y no intentar ganar esta guerra a balazos”.