A propuesta de los diputados de
Morena y del Partido del Trabajo (PT), el Congreso mexiquense abrogó la Ley de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Ley ISSEMyM) que, entre
otras disposiciones, transformaba el sistema solidario de pensiones en Afores.
La iniciativa fue aprobada por 53
votos tras ser apoyada además por los diputados de los partidos Encuentro
Social (PES) y Verde Ecologista (PVEM); en contra votaron el Revolucionario
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), mientras que los dos diputados de
la Revolución Democrática (PRD) se abstuvieron.
La última reforma a la Ley ISSEMyM
fue promovida por el gobernador Alfredo del Mazo y recibió el aval de la
mayoría priista y sus aliados en la anterior Legislatura; el Decreto 317 que lo respalda se
promulgó el 10 de agosto de 2018 para entrar en vigor el 1 de enero de 2019.
Presentarán
nueva ley.
El diputado
de Morena, Benigno Martínez, adelantó
que su grupo parlamentario elaborará una nueva Ley que resuelva la crisis
financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
sin afectar los derechos de los trabajadores, y que tome en cuenta sus
opiniones y participación.
La Ley del
ISSEMyM, ya derogada, era poco
solidaria, terminaba con el derecho a la seguridad social para los trabajadores
y sus familias, establecida por los tratados internacionales y la Constitución
del país, que garantizan la seguridad social en caso de retiro, accidentes,
enfermedades profesionales y no profesionales, maternidad, invalidez, vejez y
muerte.
La reforma del 10 de agosto
consideró, es contraria a todas estas garantías, en particular al derecho a la
adquisición de una pensión digna que se ve restringida a pensiones raquíticas o
a nunca obtenerlas porque hay que cotizar hasta edades muy avanzadas.
Además, señaló, liberaba al patrón de
responsabilidades por riesgo de trabajo, pauperizaba pensiones y servicios
médicos, en detrimento también de los dependientes del trabajador.
“La nueva Ley (avalada fast-track en
julio y publicada en agosto) desaparece de un plumazo los diferentes servicios
de salud y pensiones para convertirlas en diferentes tipos de seguro; ahora es
obligatorio el seguro, lo que sólo beneficia los intereses de los banqueros”, dijo.
Aunque la justificación fue el
colapso de sistema de pensiones, prosiguió, éste no se puede entender porque
las aportaciones de los trabajadores aumentaron de 9 mil a 19 mil millones de
pesos de 2012 a 2017, por lo que antes de cualquier reforma se debe evaluar qué
falló, a cuánto ascienden los recursos, quiénes adeudan y fincar
responsabilidades.
“Los trabajadores han aportado y
merecen ver retribuido su esfuerzo, el estado debe velar por ello”, añadió.
“Objetivos
neoliberales”
Maurilio
Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, precisó que la abrogación tiene por objeto
limpiar el escenario para crear una nueva ley que escuche a los afectados y
pueda estar lista para ser votada en el siguiente periodo ordinario de sesiones
Afirmó que, en su momento, se pudo evitar el malestar
de los derechohabientes si se les hubiera escuchado e informado. “El Instituto
sufre un quebranto, pero no derivado de la premura de la abrogación, sino por
el mal manejo de sus finanzas, por su mala administración, por el desvío de los
recursos que deben utilizarse para atender los derechos de los trabajadores”,
destacó.
La Ley
ISSEMyM, dijo, no resolvía el problema,
fue conceptualizada con objetivos neoliberales y atentaba contra los derechos
de los trabajadores, como lo prueban las leyes del IMSS e ISSSTE, que no han
resuelto sus problemas, sino enriquecido más a unos cuantos.
Armando
Bautista, coordinador del PT, aseguró
que los únicos ganadores de la última reforma son los dueños de las Afores, que
terminarían quitando 20% de los ahorros a los derechohabientes.
Alberto
Coutollenc, coordinador del PVEM, confió
en que la abrogación es un “poderoso mensaje de solidaridad y certeza de que
los temas de mayor interés no serán omisos en esta soberanía”.
“La Ley ISSEMyM está viciada de
inicio, fue resultado de un acelerado proceso legislativo en aras de la
inevitable renovación del Congreso con una composición distinta emanada de la
elección del primero de julio; fue omisa con los afectados por su premura, le
falta legitimidad”,
añadió.
“Ley
responde a la realidad”
Miguel
Sámano, coordinador de los diputados priistas, consideró que, por la relevancia del tema, no debió desahogarse de
manera urgente, sino con base en el análisis en comisiones, de manera detallada
y objetiva.
“No nos dejemos llevar por
afirmaciones que buscan confundir a la opinión pública y engañar a los
derechohabientes; la Ley ISSEMyM responde a la realidad actual con más
derechohabientes por atender (…) respeta los derechos adquiridos por los
servidores públicos activos y su esquema de pensiones. Si no se realizan
ajustes, para 2021 cada servidor público deberá aportar 20% de su salario”, alertó.
Tanto Anuar
Azar como Omar Ortega, coordinadores del PAN y PRD, respectivamente, se
pronunciaron en favor de revisar la propuesta con detenimiento.
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