Para lograr un modelo de justicia
ante la violencia en México sí se podría otorgar amnistías y elaborar planes de
desarme y desmovilización, entre otras herramientas, de acuerdo con un estudio
elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a petición
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sobre
amnistías, el informe advierte que no
deben ser generalizadas para todos los participantes de un conflicto sin
importar sus actos, sino que deben estar bien delimitadas.
“El primer criterio es material: en
ninguna circunstancia son sujetas a amnistía las violaciones graves a derechos
humanos o los crímenes internacionales (incluida la tortura, desaparición
forzada, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc.). El
segundo es temporal: solo pueden incluirse los delitos cometidos durante el
conflicto en cuestión. El tercero es personal: la amnistía debe definir con
claridad a los potenciales beneficiarios (grupos beligerantes, exiliados
políticos, etc.)”,
explica.
Además, los beneficiados no deben volver a
participar en actos de violencia y sí aportar información para clarificar la
verdad sobre estas actividades.
Otro instrumento detallado por el
estudio son los programas de desarme, desmovilización y reintegración. En el
mundo, esta oferta suele ser para que combatientes de una milicia se reintegren
a la vida civil sin caer en la delincuencia, para lo cual incluye oportunidades
de empleo legal. Para el caso mexicano se plantea que pudiera darse no como una
paz negociada con cabecillas de los grupos del crimen organizado, sino en forma
individual.
“Los beneficios aplicarían en primer
lugar a los miembros rasos y medios de los grupos criminales. Como en otros
casos de Justicia Transicional, tales beneficios se recibirían a cambio de
confesiones que esclarezcan los patrones y contextos de victimización, y a
partir de las cuales podría identificarse a los máximos responsables y
determinarse la responsabilidad estatal”, señala el documento.
El CIDE expone la utilidad de otras herramientas
como las Comisiones de la Verdad, que independientemente de procesos penales,
sirven para reconstruir la historia de lo que pasó en un contexto de violencia
generalizada en un país, o en casos específicos —como la recién creada para el
caso Ayotzinapa— y explicarla a la sociedad para a partir de ahí buscar la
reconciliación social.
Justicia
transicional, ¿qué es y por dónde empezar?
En la presentación del informe,
expertos en derechos humanos señalaron que el nuevo gobierno ha ofrecido la
“justicia transicional” como la solución, pero hay que analizar las condiciones
particulares de la violencia en México y construir el camino a la paz.
“Se generó entre la población la
percepción de que la justicia transicional sería la receta que daría solución a
los problemas del país en materia de seguridad y justicia. La justicia
transicional, hay que decirlo, puede ser una vía que permita solucionar muchos
de los retos que enfrentamos como país, pero no es una panacea o receta única
para tales efectos. De hecho, uno de los retos es generar en México las
condiciones que posibiliten su implementación”, señaló el ombudsman nacional, Luis
Raúl González.
Mariclaire
Acosta Urquidi, consejera de la CNDH, explicó
que la justicia transicional se suele aplicar cuando hay una transición
política, como en los países que pasaron de una dictadura a la democracia, pero
en México ese momento de cambio de régimen ya pasó y el intento de crear una
comisión de la verdad sobre la época de la guerra sucia fue más bien fallido.
También se aplica en el fin de un
conflicto armado, pero aquí no se vislumbra que vaya a ocurrir pronto,
consideró. Así que la transición que se propone es transitar de un estado de
violencia de alto impacto y gran escala, hacia construir un verdadero Estado
democrático de derecho. “Este documento realmente esclarece una enorme
confusión que tenemos y nos señala caminos muy concretos”, dijo.
El informe identifica 2006 como el punto de partida de
la violencia en el país, por la adopción de una estrategia estatal de combate
al narcotráfico, con un despliegue de las fuerzas armadas, y el aumento, a
partir de ese año, de las muertes violentas, que pasaron de 9.75 por cada 100
mil habitantes, a 25.13 muertes en 2017. Por ello, advierte que los perpetradores
de violencia han sido tanto actores del Estado como organizaciones criminales
sin ningún proyecto político o ideológico, lo cual es una particularidad del
caso mexicano.
Identificar
a las víctimas y reparar el daño.
El estudio propone criterios para identificar a las
víctimas que deberían ser atendidas por una política pública de justicia
transicional. En primer lugar, por la gravedad de las violaciones a derechos
humanos; segundo, por casos de alto impacto público y que llevan la intención
de amedrentar a autoridades y sociedad, como en los ataques a periodistas o a
candidatos; y finalmente, por los excesos del Estado cometidos en su política
de combate a las drogas.
Jacobo Dayán, de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, criticó
en la presentación que en México se empezó por el último paso, es decir, por
las reparaciones del daño, antes de tener verdad, justicia y garantías de no
repetición, que son los otros tres ejes de un proceso transicional.
Para ello se creó la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que es una especie de ventanilla única
que atiende hasta quejas de negligencias médicas o violencia intrafamiliar, en
lugar de centrarse en casos de violencia extraordinaria.
En este
sentido, el documento elaborado por el
CIDE propone crear un programa administrativo de reparación de daños, que
además de indemnizaciones, incluya otras acciones que den satisfacción a las
víctimas, como disculpas públicas.
La propuesta incluye que se cree un
órgano independiente para supervisión, seguimiento y evaluación de las medidas
que se tomen; que se incorpore a actores internacionales que puedan prestar
asistencia técnica en el proceso; y que en tres años se evalúe si las
herramientas adoptadas han funcionado y hay resultados, o hace falta modificar
el modelo.
El informe
será entregado por la CNDH a la Secretaría de Gobernación y se sumará a otras
propuestas que colectivos de la sociedad civil han venido trabajando desde
septiembre con el entonces equipo de transición, un proceso en el que la
Comisión no ha participado.
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