La austeridad republicana del
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desatado un alud de amparos por
parte de los servidores públicos, quienes afirman que la medida es
inconstitucional. Hasta los primeros días de diciembre, más de 2 mil empleados
del Poder Judicial de la Federación han solicitado amparos por las reducciones
salariales y otros 3 mil 500 funcionarios de 297 dependencias y organismos
planean hacer lo mismo una vez que se conozca el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2019.
Apenas ayer, senadores de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una acción de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
contra la reducción de salarios de integrantes del Poder Judicial.
La Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de
noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor
cuando se apruebe el Presupuesto 2019, establece
que “ningún servidor público debe recibir una remuneración o retribución por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para
el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Lo que significa que nadie podrá
ganar más de 108 mil pesos mensuales, que será el sueldo del Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El Gobierno tiene hasta el 15 de
diciembre para enviar al Congreso de la Unión el Presupuesto de Egresos, en
donde se establecerá oficialmente el tope de salario para los funcionarios
públicos.
La firma de
abogados Trusan & Roma tiene en su
cartera la solicitud más de 3 mil 500 funcionarios que planean ampararse una
vez que se conozca el Presupuesto de Egresos. Son empleados de 297 entidades
como la Secretaría de Gobernación (Segob), la de Turismo (Sectur), de Salud
(SSA), de Hacienda, Secretaría del Trabajo, Sedesol, órganos como el Sistema de
Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de
trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
“Los funcionarios se están amparando
contra el Presupuesto de Egresos de la Federación porque ahí se va a establecer
el monto del tope salarial. Tenemos arriba de 3 mil 500 personas que pertenecen
a 297 dependencias, órganos y organismos que sean acercado con nosotros”, explicó en entrevista Rodolfo
Martínez, socio de la firma.
Si bien suman 3 mil 500 funcionarios
que esperan ampararse contra la Ley Federal de Remuneraciones, otros 2 mil 835
ya recurrieron a la medida legal. De acuerdo con la agencia Notimex, el reporte
más reciente es que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha recibido 2 mil
835 quejas, de las que 331 corresponden a jueces, 366 a magistrados, mil 37 a
secretarios, 215 a actuarios, 514 a oficiales y 125 externos.
¿CONTRA QUÉ
SE AMPARAN?
De acuerdo con el abogado Sergio Soto, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos viola el
artículo 94 de la Constitución que establece lo siguiente:
“La remuneración que perciban por sus
servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los
Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los
Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
El abogado consideró que “la ley es contradictoria, si
lo que les interesaba a los legisladores era establecer una ley de austeridad
republicana deberían haber reformado el artículo 94 Constitucional porque no ha
sido modificado. Ese establece la inamovilidad de los salarios de los jueces y
magistrados de la SCJN, Me parece que hubo un desatino por parte de los
legisladores de implementar una ley contraria al artículo 94 Constitucional”.
Dijo que el tema es que se debe de
respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial, pues “el poder
legislativo no puede intervenir en el funcionamiento de otro poder”.
La mayoría de los amparos promovidos
en contra de la legislación provienen de jueces y magistrados, pues son los servidores públicos que
ganan más de los 108 mil pesos mensuales que se fijarán como tope en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
El pasado
martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a tribunales colegiados de todo el país aplazar la
resolución de impedimentos promovidos por impartidores de justicia, en los
amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En el
acuerdo 13/2018 del máximo tribunal del país se pidió a los tribunales continuar con los tramites de los
impedimentos planteados, pero sin dictar resolución hasta que el pleno de la
Suprema Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto.
La razón, explicó el abogado Sergio
Soto, es porque algunos jueces se declararon incompetentes para conocer este tipo
de asuntos, debido a que son ellos los principales afectados por la ley que se
impugna, y legalmente no pueden ser juez y parte.
“Lo que están pidiendo es un plazo
para que sea la Corte quien nombre a jueces especializados que no se hayan
amparado contra la ley para que ellos de manera imparcial puedan juzgar”, señaló.
Agregó que este asunto puede escalar
hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque se trata de la
independencia y autonomía de los jueces del poder judicial. “En otras partes
del mundo estas intromisiones han sido frenadas, por ejemplo, en el caso de
Colombia, Argentina y Venezuela. Una verdadera democracia requiere de jueces
autónomos de las decisiones políticas, no queremos jueces a modo”.
LA
BUROCRACIA MEXICANA Y SUS SALARIOS.
México tiene
5 millones 786 mil 819 “puestos de trabajo remunerados del Sector Público”,
refieren datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(Inegi) hasta 2016. Esta masa de
servidores del Estado costó a los mexicanos 18 billones 087 mil 797 millones de
pesos, entre 2003 y 2016. En ese periodo, su tamaño aumentó en 20.32 por
ciento, sumando cada año, en promedio, más de 75 mil funcionarios a sus filas.
El crecimiento tuvo mayor énfasis
durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (que concluyó con 649 mil 503
burócratas más), seguido por el de Enrique Peña Nieto (206 mil 923) y el de
Vicente Fox Quesada (120 mil 884).
Para el
abogado Sergio Soto, la Ley de
Remuneraciones es congruente con el pensamiento político de López Obrador sobre
el tema de austeridad, el problema es cómo se implementó. “No queremos
simulaciones ni estamos para improvisaciones”.
“En primer lugar tendría que haber
una reforma al artículo 94 Constitucional para que la ley fuera constitucional.
En segundo lugar me parece que tuvo que haberse abierto foros de discusión con
el Poder Judicial Federal para planear una ley”, destacó el abogado.
Los expertos consideraron que en el
ámbito del poder judicial es altamente probable que los amparos que se han
promovido los ganen porque esa ley es inconstitucional. “Lo sano hubiera sido
no presentar la iniciativa de ley hasta que estuviera correctamente elaborada.
Esa norma como está viola el 94 Constitucional”, mencionó Soto.
Para el
abogado Rodolfo Martínez, de la firma Trusan & Roma, “la política de austeridad es una política pública y la Constitución
establece derechos humanos que no están sujetos a las políticas públicas”.
Agregó que en el caso de los amparos de los
funcionarios hay dos estrategias jurídicas: Por un lado están todos los
magistrados y jueces que ya se ampararon contra la Ley de Remuneraciones que se
publicó a principio de noviembre. “Yo no le veo el beneficio impugnarlo ahorita
vía juicio de amparo, es mejor hasta que se publique el Presupuesto de Egresos
de la Federación cuando procederemos a poner los amparos”.
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