El sexenio que termina este martes en
la Ciudad de México -el mismo que inició Miguel Ángel Mancera y abandonó en
marzo pasado para colarse al Senado de la República-, será recordado como uno
de los peores en inseguridad y violencia, voracidad inmobiliaria, corrupción e
impunidad, dispendios, así como falta de políticas públicas y capacidad para
atender emergencias.
Luego de que la candidatura
presidencial se le fue de las manos, el exprocurador de justicia abandonó el
barco y dejó un “tiradero” en la capital, contra el que poco o nada pudo hacer
su amigo José Ramón Amieva, a quien le endilgó el puesto y este miércoles 5 de
diciembre no tendrá más que entregarlo a Claudia Sheinbaum y su partido,
Morena.
Uno de los temas por los que más será
recordada esta administración es el de la inseguridad. El pasado 24 de octubre,
el Observatorio Nacional Ciudadano aseguró que la CDMX atraviesa por una
“álgida crisis de seguridad” por el incremento en el delito de robo. De acuerdo
con su Reporte de Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, en el tercer
trimestre de 2018, la capital registró su tasa más alta del sexenio en ese
delito, que creció 18.3% respecto al mismo periodo de 2017.
Las cifras
lo dicen claro, a diario se denuncian en
promedio 107 robos con violencia, 21 robos a casa habitación, 44 robos a
negocios y 49 robos a transeúntes; sin contar la cifra negra.
Respecto al homicidio doloso, la
ciudad reportó su segunda tasa más alta desde que se tiene registro, con un
incremento de 18.3% respecto al mismo periodo del año pasado.
Así, pareciera que se ha vuelto normal escuchar
noticias de personas ejecutadas con violencia en sus autos, negocios, en
restaurantes o en la calle mientras caminan o bien, que aparecen cuerpos
mutilados y esparcidos en la vialidad. Estos últimos, presuntamente
relacionados con las pugnas por narcomenudeo y delincuencia organizada que, sin
mucha discreción, opera impunemente.
Para
muestra, la detención de presuntos líderes de los llamados cárteles de La Unión
Tepito, Fuerza Anti Unión y el de Tláhuac.
Este sexenio también quedará marcado
por ir en contra del lema de campaña “Decidamos juntos” que Mancera utilizó
para ganar la Jefatura de Gobierno. Y es que, en la práctica, su administración
ha sido criticada por sus actos de represión a manos de los granaderos.
La Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF) ha emitido al menos ocho recomendaciones por
detenciones arbitrarias, tortura, violaciones al debido proceso,
estigmatización, criminalización de la protesta, violación a la libertad de
expresión y manifestación, así como por agresiones a periodistas.
Peor aún, el nivel de impunidad. El estudio de la
organización México Evalúa llamado “Hallazgos 2017, seguimiento y evaluación
del Sistema de Justicia Penal en México” asegura que la impunidad es de 90.3%.
Casos como el Bar Heaven y el multihomicidio de la colonia Narvarte son un
claro ejemplo.
No parece raro que en este escenario
la administración haya tenido dos procuradores generales de justicia y tres
secretarios de Seguridad Pública.
Ciudad en
ruinas.
La
administración que hoy termina tuvo que enfrentar la tragedia natural y humana
más grande en la Ciudad de México en los últimos 32 años: el sismo de 7.1
grados del 19 de septiembre de 2017 que dejó un saldo de 228 muertos y cinco
mil 765 viviendas afectadas.
Más allá de
la organización de la sociedad civil que, como en el temblor del mismo día,
pero de 1985, fue la primera en salir a las calles a ayudar, el gobierno
capitalino dejó al descubierto su incapacidad de atender la emergencia, tanto
con personal, como con un plan de protección civil.
Pero no fue
solo eso. También develó la corrupción
de empresas inmobiliarias con autoridades delegacionales y del gobierno central
para levantar edificios con estructuras deficientes que con el sismo se
vinieron abajo y sepultaron a sus habitantes.
Incluso, fue señalado por el presunto
uso político de ocho mil 792 millones de pesos dedicados a la reconstrucción,
pero a manos de diputados locales del PRD y PAN en pleno periodo electoral.
Al ocaso del
sexenio, Amieva Gálvez intentó recomponer el camino con una nueva Comisión para
la Reconstrucción y hasta se le vio yendo directamente a dialogar con
damnificados del Multifamiliar Tlalpan que cerraron la vialidad a medianoche
para demandar atención integral a su problema.
En ruinas también termina el Sistema
de Transporte Colectivo Metro, pese a que, en diciembre de 2013, Mancera ordenó
el aumento de tres a cinco pesos el costo del boleto y la creación de un
Fideicomiso con la promesa de que sería “transparente” y serviría para mejorar
el servicio que a diario usan más de cinco millones de personas.
Cinco años
después, el Fideicomiso opera bajo la
opacidad y el servicio cada vez presenta más fallas. De hecho, en comunicados
oficiales, el Metro y el gobierno capitalino reconocen que éstas se deben a que
los trenes, las vías y el cableado ya están “viejos” y no se ha invertido en su
mantenimiento.
El boom
inmobiliario.
La percepción de la corrupción
siempre estuvo presente en esta gestión. Varios funcionarios salieron bajo la
sospecha de manejos irregulares en sus dependencias. Está el caso, por ejemplo,
de Alfredo Hernández, secretario de Obras, quien en marzo de 2015 renunció
cuando la prensa difundió que dio contratos por 70 millones de pesos a la
empresa donde trabajaba su esposa.
Además, organizaciones sociales, como Suma Urbana,
denunciaron la existencia de un “cártel inmobiliario” presuntamente operado por
Simón Neumann, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y actual
asesor del Ejecutivo local en temas de desarrollo urbano, y por Fausto Ernesto
Galván Escobar, coordinador general de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo
de la Ciudad, de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), de acuerdo con
una investigación del portal de noticias La Silla Rota, en febrero del 2017.
El pasado 8
de septiembre, Proceso (edición 2184) publicó
un reportaje relacionado con la manera en que Mancera y sus más cercanos
colaboradores, los hermanos Luis y Julio Serna, labraron su patrimonio como
funcionarios de la burocracia gubernamental capitalina.
“La mayoría de las propiedades –las
del exjefe de gobierno en particular– presuntamente fueron compradas a
desarrolladores inmobiliarios a quienes posteriormente incorporó a su gabinete:
algunos incluso se convirtieron en sus socios”, señala el texto.
Popularidad,
en la basura.
Además de
todo este lastre, Mancera Espinosa llevó
una administración marcada por la indefinición, improvisaciones y hasta
ocurrencias, en medio de la imagen de lujo y frivolidad, de su gusto por los
reflectores que no escondía.
Comprobado quedó que no supo
capitalizar el 63.5% de la votación que obtuvo en 2012 (la más alta para un
jefe de Gobierno). Por el contrario, dilapidó su popularidad, pues en julio de
2017, según una encuesta del diario Reforma, la cifra se revirtió a 64% de
desaprobación.
Peor, aún sin asumir la Jefatura de Gobierno, dio
el espaldarazo al recién oficializado, aunque repudiado, presidente Enrique
Peña Nieto al acudir como testigo a la firma del Pacto por México, en el
Castillo de Chapultepec entre PRI PAN, PRD y los partidos minoritarios.
Ya como
mandatario local, no cuestionó su
gobierno ni siquiera ante escándalos como llamada “Casa Blanca” o la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.
Cierto es
que aquel acercamiento le valió para que, en febrero de 2017, el Congreso de la
Unión aprobara la Reforma Política del Distrito Federal, lo que ninguno de sus
antecesores logró. Ello dio paso a la primera Constitución Política de la
Ciudad de México que hoy rige a la capital del país.
No obstante,
con su asistencia a la firma del Pacto
por México también comenzó su distanciamiento con Andrés Manuel López Obrador.
Bajo la operación política del entonces secretario de Gobierno, Héctor Serrano,
Mancera también rompió con Marcelo Ebrard, tras el escándalo del cierre temporal
de la Línea 12 del Metro.
Aunque nunca
se afilió al PRD, partido que lo llevó al poder, bajo su gobierno éste perdió la capital, su bastión militante más
importante en el país. Primero, en las elecciones intermedias del 2015, donde
cayó ante Morena en cinco de las 11 delegaciones que gobernaba.
Luego, en
2016 durante el proceso para elegir el Congreso Constituyente que elaboraría la
Constitución Política de la ciudad, Morena arrasó de nuevo. El acabose fue el pasado 1 de julio, cuando
el PRD no sólo perdió ocho delegaciones (ahora alcaldías), sino también la
mayoría en el Congreso y, lo principal, la jefatura de gobierno.
Así evaluaron y sepultaron los
capitalinos al gobierno que inició Miguel Ángel Mancera. Este miércoles 5,
Claudia Sheinbaum asumirá el control bajo la promesa de terminar con la
corrupción y enmendar lo que en la administración pasada se hizo mal.
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