Libre, exfuncionario de Javier Duarte acusado de desaparición forzada.

Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del priista Javier Duarte y acusado de desaparición forzada, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, fue liberado este miércoles bajo fianza.

La jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, consideró que “fue excesiva” la prisión preventiva contra Bermúdez Zurita, alias Capitán Tormenta, y le impuso una fianza de un millón de pesos.

 “En la audiencia se estableció que Arturo Bermúdez no significa un riesgo de fuga, que no obstruye o que se establezca qué hay un dato de amenaza para testigos o víctimas”, dijo su abogado defensor, Rodolfo de la Guardia.

Además del pago de la fianza, Arturo Bermúdez entregó su pasaporte para evitar que salga del país; también deberá acudir al Juzgado una vez por semana para firmar.

Bermúdez Zurita abandonó la prisión a las 3 de la tarde, sonriente y ataviado en un traje azul marino. Levantó la mano para saludar a familiares y amigos que no dejaban de gritar “Arturo, Arturo”.

Edmundo Martínez, director de Tránsito durante el gobierno de Javier Duarte, se metió entre camarógrafos y fotógrafos para gritar “Que viva Arturo Bermúdez”.

En breves declaraciones a la prensa, Bermúdez aseguró que sus excolaboradores, Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil, y Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Reinserción Social, tendrán que responder de forma individual si fueron o no participes de desaparición forzada.

En la cárcel permanecen González Meza, Sánchez Tirado y una treintena de expolicías estatales imputados por el delito de desaparición forzada.

–¿Qué le dice a familiares de desaparecidos que lo señalan?, se le preguntó a Bermúdez.

–Que creo en la justicia y hoy se está haciendo justicia, respondió.

Gobernador culpa a la Fiscalía.

En redes sociales, el gobernador Cuitláhuac García emanado del partido Morena, responsabilizó a la Fiscalía General del Estado (FGE), que dirige Jorge Winckler Ortiz, de haber “integrado mal los expedientes”, lo que facilitó la salida de Bermúdez Zurita y de otros exfuncionarios de Javier Duarte.

“Lo advertimos, fue un fiasco y show mediático la ‘recuperación de bienes’, ‘denuncias’ e ‘investigaciones’ contra Duarte y sus exfuncionarios. Ahora ya se sabe que el gobierno de (Miguel Ángel) Yunes Linares pactó con ellos la negociación de propiedades a cambio de su libertad y bajar las penas”.

“El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler fue: a) Omiso, b) Cómplice, c) No sabe hacer su trabajo, d) ¿Todas las anteriores?”, publicó García en su Facebook.

Por su parte, Jorge Winckler “condenó” y “rechazó” que se permita que los probables responsables de desapariciones forzadas de personas y del saqueo a Veracruz, enfrenten sus procesos en libertad.

“Dentro de la carpeta de investigación en contra del exsecretario de Seguridad Pública existen testimonios de víctimas sobrevivientes, testigos presenciales, dictámenes técnicos y periciales, así como evidencia documental que exhibe que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Arturo “N”, documentaba las desapariciones forzadas”, expuso.

Colectivo Solecito exige su reaprehensión.

Vía telefónica, la portavoz del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía Díaz, exigió al gobierno de Cuitláhuac García “buscar mecanismos” para reaprehender a Arturo Bermúdez, quien “debería pasar toda su vida en la cárcel”.

“Tenemos en las manos una monstruosidad, un hombre a todas luces culpable que sale; aunque pase su proceso en libertad, no está libre totalmente, pero nosotros esperamos que se acabe este proceso y que consigan una sentencia”, dijo.

Lucía Díaz, quien busca a su hijo Guillermo Lagunés, secuestrado en el verano de 2013, expuso que tendrá que ser “otra Fiscalía” la que dé seguimiento a estos casos, porque los integrantes actuales les quedaron a deber desde el inicio.

“Esta Fiscalía no da para hacer un trabajo con honestidad y con vergüenza (…) Bermúdez ya debía tener sentencia a estas alturas y no se ha dado porque ellos estaban distraídos en sus juegos de poder”.

Liberan a más duartistas.

Al inicio de esta semana, las puertas del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, se abrieron para dejar salir a otros exfuncionarios del exgobernador priista Javier Duarte.

El lunes salió de prisión el exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, acusado de peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, desvío de recursos e incumplimiento de un deber legal.

A su salida, Audirac dijo a la prensa: “La justicia nos hizo el favor de darnos la oportunidad de salir”.

El martes dejó la prisión el exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y exdirector de la Comisión del Agua para el Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia García, luego de que su defensa solicitara a la Jueza de Control la revisión de las medidas cautelares.

“Por fin ha vuelto la justicia a Veracruz, con el cambio de gobierno nuevamente prevalece la división de poderes, hay justicia”, expresó Francisco Valencia a reporteros.

A Valencia se le acusó de los delitos de peculado, abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias e incumplimiento del deber legal.

Al imputado le cambiaron las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, por la firma periódica ante el juzgado y no salir del distrito judicial, además de acudir al órgano jurisdiccional “las veces que así se requiera”.

El exfuncionario fue señalado como presunto responsable de las irregularidades en la Comisión del Agua en Veracruz (CAEV), durante su gestión en 2014, las cuales presuntamente ascendieron a 25 millones de pesos.

Detenidos en el hospital.

También han sido liberados el exdirector del DIF, exsecretario particular del gobernador y exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, así como el exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado.

Ambos fueron puestos en “arresto domiciliario” tras argumentar enfermedades que no podían ser atendidas en el reclusorio de Pacho Viejo.

A Ríos Alvarado se le responsabilizó de haber ayudado a escapar a Duarte en un helicóptero que salió de Xalapa con destino a Coatzacoalcos, así como de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

En el caso de Nemi Dib, se le acusó de los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio del servicio público, en perjuicio del patrimonio del Estado y por la violación a la Ley de Obras Públicas del Estado, según la carpeta de investigación 139/2017.

El exgobernador interino apenas duró unas semanas en el reclusorio y posteriormente tuvo vigilancia de la policía ministerial en un hospital, donde fue internado por “medidas de salud preocupantes”.

Nemi Dib permaneció en el área de prisiones cautelares por espacio de un año y hace apenas unas semanas le cambiaron su situación jurídica a “arresto domiciliario”, también por supuestas vulnerables a su salud.

Por su parte, la exjefa de prensa de Javier Duarte, Georgina Domínguez Colio, permanece en un área privada de un hospital público por “dolores abdominales severos”.

Domínguez Colio fue encarcelada de forma preventiva hace un año por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición para cometer un ilícito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aún la investiga por presunto peculado, tráfico de influencias y desvío de recursos. Sin embargo, desde hace 15 días no ha podido regresar a la cárcel de Pacho Viejo por su situación de salud.

Una situación similar podría ocurrir mañana con el exfiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, pues, a decir de su abogado, Arturo Nicolás Baltazar, la Fiscalía lo detuvo en junio pasado en la Ciudad de México, pese a que en ese momento contaba con una suspensión definitiva a cualquier orden de aprehensión (amparo).

Según el abogado, el juicio contra Bravo ha estado plagado de pifias y de irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler, razón por la que el Poder Judicial de la Federación, a través de un Tribunal Colegiado de Distrito, podría ordenar en breve la liberación inmediata o la modificación de medidas cautelares del exfiscal veracruzano.

El fiscal Winckler presumió hace un par de meses que el gobierno de Miguel Ángel Yunes tenía abiertas 777 carpetas de investigación contra 300 servidores públicos del gobierno anterior.