Georgina
Morett.
Una
iniciativa que se hizo con descuido y con falta de técnica legislativa, que
además muestra grandes errores como el cambiar la palabra calidad por
excelencia, cuando el término calidad proviene de iniciativas mundiales de la
UNESCO, que la señalan como un parámetro a considerar en las políticas
educativas.
El
perredista Miguel Alonso Raya, maestro normalista, señala que esta iniciativa
para la reforma educativa en la que se adicionan y derogan diversas
disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, tiene diversas
contradicciones; por ejemplo, señala que la educación superior debe ser
obligatoria y posteriormente acota simplemente que la impulsarán.
Además,
considera que es un absurdo pensar en que se puede obligar a una persona mayor
de 18 años a que termine la educación superior.
Y no existe
una meta clara por alcanzar para lograr la obligatoriedad del nivel superior,
ya que lo único que se conoce es la promesa de crear 100 universidades sin que
se sepa de su pertinencia y calidad.
El sistema
de evaluación docente se sustituye por la creación de un centro “con autonomía
técnica que contribuya a la mejora continua de la educación”, que obviamente no
es una entidad autónoma: la dirigen 7 miembros designados por la SEP, para qué
tantos si ni siquiera tienen independencia, pero también crean un Consejo
Consultivo en el que no específica cómo se nombrará a sus integrantes, comenta
Miguel Alonso Raya.
Y elimina la
frase: “Toda persona tiene derecho a recibir educación”, la cual no se puede
quitar por una ocurrencia de relacionar educación con “bienestar”, ya que
proviene textualmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto
es regresivo.
Insisto.
El pasado
miércoles publiqué en esta columna que el otrora secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la CDMX, Felipe de Jesús Gutiérrez, aprobó durante su
gestión la participación de Isabel Miranda de Wallace en el Consejo de
Publicidad Exterior y lo sostengo.
Al respecto,
la representación legal de la empresa Showcase Publicidad, SA de CV, propiedad
de la mencionada activista, envía una carta en la que explica que “no se
autorizó aprobar como consejera titular del Organismo del Consejo de Publicidad
Exterior a la activista Isabel Miranda de Wallace.
El documento
mediante el cual se da la titularidad en el Consejo de Publicidad Exterior al
Lic. Luis Alberto Miranda Mondragón, apoderado legal de la empresa Showcase
Publicidad SA de CV, derivó de un juicio de amparo (1258/2012 del juzgado 14 de
Distrito en Materia Administrativa del Entonces Distrito Federal), por el cual
se ordenó incorporar a mi representada al Consejo de Publicidad Exterior, toda
vez que Showcase no contaba con representación”.
Cabe destacar
que, como se consignó también en este espacio, el amparo ha sido efectivamente
el modus operandi de la compañía para ganar espacios en la industria de la
publicidad exterior.
Tan es así,
que en su página de Internet Showcase señala que “somos la única empresa en el
ramo que cuenta con grandes protecciones legales ante los cambios que han
existido, brindando así una garantía a nuestros clientes de seguridad
permanente calidad y ética”.
Pero en
específico el amparo 1258/2012, al que se refiere la carta aclaratoria,
otorgaba la posibilidad a un ciudadano, cualquiera con interés legítimo, de
participar en el Consejo, más no precisamente a la señora Miranda de Wallace,
quien terminó siendo incorporada al organismo por el entonces titular de
Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez.
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