Por Gloria
Leticia Díaz.
En la
víspera de que el Senado de la República presente las iniciativas de leyes
secundarias que acompañan la creación de la Guardia Nacional, Amnistía Internacional cuestionó la “gran
opacidad” en el proceso legislativo.
Tras informar que activistas se
reunieron con legisladores para presentar “los requisitos mínimos en materia de
derechos humanos” que tendrían que incluir ambas normas, la organización apuntó
que las observaciones “fueron hechas sin haber tenido acceso a las iniciativas
de las leyes secundarias, en torno a las cuales hay una gran opacidad, lo que a
su vez genera incertidumbre por el sentido de las mismas”.
La reunión
de este lunes se da en seguimiento a un foro sobre derechos humanos y Guardia
Nacional realizado la semana pasada en el Senado, donde la directora ejecutiva
de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, cuestionó precisamente
la falta de difusión de las iniciativas de la Ley Nacional de Registro de
Detenciones y la Ley Nacional sobre el Uso y Regulación de la Fuerza.
En un comunicado, Reneaum Panszi
pidió que las propuestas de Amnistía “se tomen en cuenta”, de manera particular
en el tema de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y dijo que la
preocupación de la organización es que “no estén contempladas todas las
personas que se encuentran bajo la custodia del Estado, como las personas
migrantes”.
Para
Amnistía Internacional, la Ley Nacional
sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Registros de Detenciones, que
dirigirán la conducción de la Guardia Nacional, “deben apegarse a los
principios y recomendaciones hechas por el relator especial de la ONU sobre
Ejecuciones Extrajudiciales.
Además, las legislaciones deberán “tomar en
cuenta las últimas recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así
como las recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos”.
Sobre la falta de transparencia en la
elaboración de las iniciativas, la defensora lamentó que “no se haya convocado
a un Parlamento abierto para el análisis de las leyes, que es esencial para la
construcción de la democracia”.
Insistió en que lo “deseable” en este
tipo de procesos era “tener un espacio para la discusión y debate de las ideas
en la sede del Senado, que es la casa de la representación política del país”.
La
documentación presentada este lunes a los senadores se suma a las opiniones
técnicas entregadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), remitidas en las últimas dos semanas
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