Santiago Nieto, titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico,
dijo en entrevista que la investigación contra el exgobernador de Nayarit por
posibles actos criminales que vinculan a la Fundación Valor y Principios de
Dar, de la cual es socio el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no ha arrojado
elementos contra el deportista.
“En el caso de Saúl ‘El Canelo’
Álvarez no tenemos en este momento ningún indicio, pero evidentemente se está
desarrollando el análisis de la información que presenta el sistema
financiero”, dijo.
En el caso del exgobernador de
Nayarit Roberto Sandoval, dijo que estaba vinculado a Édgar Veytia, exfiscal
del mismo estado, quien fue detenido, acusado y procesado en Estados Unidos por
narcotráfico. Recordó que se registró un recrudecimiento de la violencia en
Nayarit por los vínculos de Veytia con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Santiago
Nieto destacó que el intercambio de
información con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitió
identificar a varias personas allegadas al hijo del exgobernador Roberto
Sandoval como probables operadores criminales, ya que tenían cuentas de
tarjetas de crédito relacionadas con el exgobernador y sus familiares; se
determinó que eran testaferros y se descubrieron empresas donde presuntamente
se lavaba dinero.
El titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público dijo que, más allá del combate
contra sicarios y narcomenudistas, hay que analizar las operaciones financieras
para que los recursos permanezcan congelados, porque mientras tengan recursos
seguirán operando.
“Las medidas cautelares con las que
cuenta México, el bloqueo de cuentas que hace la UIF es fundamental (…) por
ello es importante que los jueces tengan la sensibilidad de que los que están
en juego finalmente son recursos públicos que pueden estar financiando
actividades criminales, y que permanezcan congelados para que no afecten a la
sociedad”.
Explicó que los magistrados tienen
prohibido, según la Constitución, recibir prestaciones diferentes al salario de
la Federación y por eso “brincó” lo que declaraba el magistrado de Jalisco,
Isidro Avelar, acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por
corrupción y vínculos con el crimen organizado.
“La Constitución mexicana prohíbe a
los magistrados, ministros, jueces, incluso los secretarios recibir otra
contraprestación diferente al que les paga la Federación; por eso cuando
empezamos a revisar los estados financieros del magistrado, brincó
automáticamente el que recibiera recursos de inversiones financieras, y estas
inversiones a su vez eran producto de depósitos en efectivo”.
Santiago
Nieto explicó que en su cuenta del
Consejo de la Judicatura, el magistrado Isidro Avelar recibía depósitos en
efectivo y cheques interbancarios de personas e incluso de despachos
relacionados con el ejercicio de la función judicial.
Esto implica, desde nuestro punto de
vista, que es evidentemente un caso de corrupción. Además de que los casos en
los que el magistrado estaba involucrado tenían que ver con la liberación de
gente relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, particularmente el
caso del “Menchito”, hijo del líder de una organización criminal”.
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