Javier Risco.
A cualquier
hecho violento viene la misma respuesta. El vaso se desbordó apenas cuatro
meses y medio después en Minatitlán, el asesinato de un bebé de un año, junto a
12 personas más, activó el primer llamado de la “Guardia Nacional” –sí, así
entre comillas porque aún no sabemos qué es, cómo opera, cómo preparan a sus
integrantes ni mucho menos sus objetivos claros–, semanas después, pasadas las
10 de la mañana en Cuernavaca, frente al Palacio Municipal, un hombre con 5 mil
pesos en la bolsa mató a dos personas frente al secretario de Desarrollo Social
local, inmediatamente salió el gobernador estatal y exgoleador mexicano a
suplicar por la llegada de la “Guardia Nacional” al estado. Estos son los dos
ejemplos más visibles, pero este botón rojo se aprieta a la menor provocación
como si por arte de magia este nuevo cuerpo de seguridad resolviera lo que 12
años nos han dejado, un charco de sangre para donde volteemos.
Hace varias
semanas se discutió la constitucionalidad de la Guardia. ¿Podía operar sin
haber sido discutida en el Senado? ¿Sin haberse aprobado las leyes secundarias?
A finales de abril el Presidente dijo que sí: “Ya está autorizado en la
Constitución lo de la Guardia Nacional, ya se publicó en el Diario Oficial (de
la Federación) y lo que estamos haciendo no afecta en nada los principios
constitucionales (…) Es decir, sin que haya leyes reglamentarias ya teníamos la
posibilidad de hacer lo que se llevó a cabo el día de ayer en Minatitlán”, lo
dijo en una mañanera y efectivamente, el despliegue era constitucional. Sin
embargo, el análisis no debe quedar en los párrafos de una ley; el especialista
en temas de seguridad, Ernesto López Portillo, hace la pregunta correcta, está
bien, la GN puede ser constitucional, pero ¿qué elementos están desplegando en
tierra en este momento? Más allá de su legalidad –ojo, no menos importante–
cuando los gobernadores piden este cuerpo de seguridad, ¿qué están recibiendo?
Los que tienen el parche en el brazo derecho que los distingue, ¿cómo es que
fueron preparados o por qué son distintos a los militares, marinos y policía
local que estaba previamente resguardando la zona?
Hace algunas
semanas, a finales de marzo, escribía en este mismo espacio sobre las formas de
la Guardia Nacional. “Andrés Manuel López Obrador presentó los uniformes de la
Guardia Nacional, la gran apuesta de este gobierno para hacer frente a la
inseguridad; señaló que a más tardar en tres meses estarán en operación 150 de
las 266 coordinaciones territoriales (…) Mientras desfilaban cuatro modelos
exhibiendo los nuevos uniformes pensaba en la importancia de las formas, en la
relevancia para el gobierno de López Obrador de empezar de cero y contarnos
otra historia”, creo que esto ya está superado, a todos nos queda claro que nos
enfrentamos a algo nuevo –al menos en sus uniformes–, pero han pasado dos meses
y nada más sabemos, sólo que un militar en retiro estará al frente, pero nada
más.
Esta semana
se discuten en el Senado las leyes que arropan a esta Guardia Nacional, y me
parece indispensable repetir las preguntas que López Portillo se hacía hace
varias semanas para que los senadores, al menos, las pongan sobre la mesa, así
lo escribió el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la
Universidad Iberoamericana, el 2 de mayo pasado: “¿Cómo se conciliará la
promesa de armonizar la disciplina militar con un servicio policial de
proximidad? No funcionará la GN como las fuerzas armadas que conocemos, se nos
ha prometido. ¿Sabremos en algún momento cómo es que será así? Y lo más
importante de todo: ¿cuándo sabremos cómo se insertará a la GN en un sistema
complejo de rendición de cuentas, como se hace con la policía en las
democracias modernas? ¿Cuándo sabremos qué será la GN?” Senadores, contestando
estas cuatro preguntas habremos avanzado en conocer a profundidad la gran
apuesta del sexenio para llevar a este país al camino de la paz.
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