Por Nayeli
Roldán y Manu Ureste.
En las audiencias de seis
funcionarios públicos de la Sedesol y la Sedatu implicados con el esquema de
desvíos conocido como La Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República
(FGR) sólo ha logrado que sean vinculados a proceso dos de ellos.
La Fiscalía perdió un caso relevante,
el de Francisco Báez, el exdirector de Presupuesto de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Territorial, quien autorizó la entrega de recursos públicos
que presuntamente fueron desviados.
Dicho desvío consistió en un
mecanismo identificado por la Auditoría Superior de la Federación y la
investigación periodística La Estafa Maestra, donde dependencias como la
Sedesol y Sedatu, y otras 10 como Pemex o Banobras, realizaban convenios con
universidades públicas para supuestos servicios que no se cumplían porque
contrataban a empresas ilegales o fantasma; por lo tanto, el dinero público
desapareció.
Francisco
Báez entregaba recursos.
Báez era encargado de autorizar los
pagos a las universidades por los supuestos servicios. Su cargo dependía
directamente del Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, con quien también había
trabajado en la Sedesol.
Ambos funcionarios formaron parte de
las dos administraciones de Rosario Robles, cuando dirigió la Sedesol y la
Sedatu, periodos en el que ocurrió dicho esquema de desvío de recursos públicos
en las dos dependencias.
En la
audiencia del 26 de marzo, el juez
federal Fernando Payá Ayala determinó no vincular a proceso a Francisco Báez,
es decir, que no continuaría con la investigación debido a que las pruebas
presentadas no fueron suficientes para señalarlo como presunto responsable del
delito de ejercicio indebido del servicio público.
Esto pese a que Báez autorizó la
entrega de 185 millones de pesos de la Sedatu para pagar a la Universidad
Politécnica Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, para la realización de
una serie de servicios tecnológicos a la dependencia que no se hicieron, según
documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y también comprobó la
propia Fiscalía de la República.
Aunque la Fiscalía podía apelar la
decisión del juez, no lo hará debido a que posiblemente presentarán nuevas
acusaciones para que pueda ser procesado, según publicó este martes 30 de abril
el periódico Reforma.
Pedro Simón
León Mojarro firmó convenio.
León Mojarro fue coordinador de
delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la
administración de Rosario Robles, y tampoco fue vinculado a proceso pese a que
firmó uno de los convenios cuyos recursos fueron desviados.
A través de
dicho convenio realizado con la Universidad Intercultural del Estado de México
en 2015, la Sedesol entregó 124 millones
de pesos para realizar levantamiento de cuestionarios de la Cruzada Nacional
contra el Hambre, en un millón de hogares.
La Auditoría Superior de la
Federación y la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron sobrecosto
en los servicios y lo acusaron de uso indebido de la función pública, debido a
que dicho convenio incumplió con la Ley de Adquisiciones.
Sin embargo,
nuevamente el juez federal Fernando Payá
decidió exonerarlo debido a que consideró que el exfuncionario cumplió con los
requerimientos previstos en la excepción a la Ley de Adquisiciones, que prevé
la contratación entre dos entidades de la administración pública, en este caso,
la Sedesol y la universidad. Señaló que el presunto desvío de recursos no era
su responsabilidad, sino de la universidad.
En este
caso, la Fiscalía tampoco apeló la decisión del juez.
Armando
Saldaña denunció falsificación de firma.
Saldaña fue director general de
Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, y firmó el
convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo por
185 millones 839 mil 480 pesos, aunque los servicios que no se realizaron.
Denunció que su firma fue falsificada
en el documento. Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la
rúbrica, el juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por
el presunto delito de contratación indebida.
El criterio del juez en el caso de
León Mojarro sólo se limitó al análisis del procedimiento administrativo, pero
aquí fue distinto y se determinó que sí hay elementos para seguir investigando.
Incluso, Francisco Báez lo acusó directamente de que
era el encargado de revisar que los servicios se realizaran, y por eso él había
liberado los pagos.
Enrique
González Tiburcio, el subsecretario vinculado a proceso.
Tiburcio tuvo el puesto más alto
entre los acusados, era el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la
Sedatu, subalterno directo de la entonces secretaria Rosario Robles. Igual que
Saldaña, su subalterno en la dependencia, también señaló que su firma fue
falsificada en uno de los convenios con la Universidad Politécnica Francisco I.
Madero.
Sin embargo,
el 30 de enero, el exsubsecretario fue
vinculado a proceso por la posible comisión del delito de falsificación de
declaración, toda vez que el juez federal Orlando Íñiguez determinó que existen
pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio y que
derivó en el presunto desvío de recursos públicos, sí es de “su puño y letra” y
no fue falsificada, como había denunciado el exfuncionario.
De acuerdo
con su abogado defensor, Julio Hernández Barros, el exfuncionario detectó que su firma fue falsificada a raíz de una
solicitud de información del 11 de abril de 2017, cuando un ciudadano pidió el
documento que dé inicio fue declarado como inexistente, porque no se encontraba
en el archivo de la subsecretaría. Luego de que el ciudadano interpuso un
recurso de revisión ante el INAI, y los funcionarios de la Sedatu hicieron una
búsqueda exhaustiva, localizaron dicho convenio en otra área.
Por ello, la supuesta falsificación de la firma fue
denunciada por González Tiburcio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la
Sedatu, el 9 de junio de 2017, y horas más tarde realizó una declaración ante
la misma instancia. A raíz de esa denuncia es que se inició el proceso en el
que ahora Tiburcio resultó vinculado a proceso.
Gerardo Ávila,
el único funcionario de una universidad.
La nueva administración de la
Fiscalía General de la República (FGR) denunció el pasado 14 de marzo a Gerardo
Ávila García, exsecretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), por haber gastado, de manera indebida y como parte de La
Estafa Maestra, casi 23 millones de pesos de recursos federales en un contrato
de servicios para Sedesol.
Sedesol entregó 22 millones 994 mil
101 pesos a la Universidad, de esa suma subcontrató un total de 21 millones 332
mil 996 pesos, y le solicitó el servicio de desarrollo, implementación y puesta
en operación del sistema de control de gestión, con interoperabilidad y uso de
firma electrónica avanzada.
Sin embargo,
el proceso ha sido retrasado y no ha se
han concretado las audiencias programadas.
José
Antolino Orozco Martínez, retrasando el proceso.
Orozco Martínez era jefe de la Unidad
de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, aunque también
estuvo en la administración de Robles en la Sedesol como director general de
geoestadística y padrones de beneficiarios.
Es acusado de uso indebido de
atribuciones y facultades, pero sólo se ha presentado a una audiencia y se han
aplazado las dos subsecuentes. En la primera, en marzo pasado, minutos antes de
la audiencia su defensa presentó un escrito de “indisposición” debido a un
malestar físico.
La segunda audiencia debía
desarrollarse el viernes 26 de abril, pero también fue aplazada debido a que el
juez se reportó enfermo y la audiencia se realizará el 8 de mayo.
Antolino es acusado de haber suscrito entre el 12 y
el 16 de octubre de 2015 un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la
Universidad Politécnica de Chiapas, para que ésta elaborara y le proveyera de 4
análisis y diagnósticos.
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