Por Mónica
Cerbón.
La Fiscalía de Aguascalientes buscará
instalar una comisión especial e independiente enfocada en psicología, para
investigar los daños que aún persisten en las 19 víctimas de tortura integradas
a la recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), en donde se señala como posibles responsables de los hechos al entonces
procurador del estado Felipe Muñoz Vázquez -actual subdelegado de Control
Regional de la Fiscalía General de la República (FGR)- y a una veintena de autoridades operativas de
la extinta Procuraduría General del Estado.
En la recomendación, que narra
detenciones arbitrarias ocurridas entre 2011 y 2012, se solicita a la Fiscalía
de Aguascalientes llevar a cabo diversas acciones en favor de las personas
afectadas, algunas de las cuales permanecen en prisión por delitos que aseguran
no cometieron.
Por el momento,
se comenzó con la aplicación del Manual
para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes -mejor conocido como Protocolo de
Estambul- a dos de las 19 víctimas. Y se envió un oficio para inscribir a todos
los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, a cargo de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el fin de que tengan acceso al
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Aunque Muñoz
Vázquez obtuvo un amparo federal
alegando la violación a sus derechos humanos tras la publicación de la
recomendación, y se protegió de cualquier investigación en su contra derivada
de la denuncia penal anunciada por la CNDH; esta no ha sido presentada ante la
Fiscalía de Aguascalientes y el amparo no detiene las acciones para la
reparación del daño a las personas afectadas, explicó en entrevista con Apro
Jesús Figueroa Ortega, fiscal general del estado.
“(Penalmente) no podemos hacer nada porque no
tenemos la investigación en curso a falta de la denuncia. Estamos ahorita
presupuestando para la adquisición de cámaras para los operativos que tenemos
que hacer, ya se están llevando a cabo los cursos de capacitación para los agentes
investigadores, ya enviamos el oficio para que se incorpore a las víctimas en
el Registro Nacional y ya tenemos identificadas a las 19 víctimas, por lo que
estamos iniciando con los Protocolos de Estambul para saber cuáles son las
situaciones que aún persisten, debido que son casos de hace 7 y 8 años”, dijo.
Detalló que se busca la incorporación
de un equipo especial “porque es un caso especial, porque viene de una
recomendación a nivel nacional. Estamos queriendo adelantarnos a través de esta
comisión que en el tema de psicología tenga especialistas independientes que se
encarguen de dar cumplimiento a ese punto de la recomendación, pero no sabemos
aún de dónde sacaremos el presupuesto necesario”.
Investigaciones
en curso.
Por otro
lado, hay nueve denuncias penales de
personas que aseguran haber sufrido agresiones y golpizas por parte de Muñoz
Vázquez y otros elementos ministeriales que no fueron tomadas en cuenta en la
investigación de la CNDH.
Las investigaciones por dichas
querellas no han sido detenidas y siguen su curso normal, confirmó Figueroa
Ortega, sin detallar en cuántos de estos casos se culpa directamente al
exprocurador de Aguascalientes.
A quienes han pedido su renuncia
-debido a que entre 2011 y 2012 Figueroa Ortega se desempeñó como juez quinto
de lo penal y emitió al menos tres órdenes de aprehensión en contra de
presuntas víctimas- el fiscal respondió que existen instrumentos legales para
investigarlo.
“Tienen derecho a expresarse y hay
medios legales, que contraten a un abogado y vean la forma de que si tengo que
renunciar y salir de aquí, se trate de un asunto legal. Mi función es respetar
su libertad de expresión”, declaró.
Durante los últimos 14 meses,
aproximadamente 30 trabajadores operativos de la Fiscalía de Aguascalientes han
sido dados de baja principalmente por pérdida de confianza. Sin embargo, aún se
encuentran en activo entre 5 y 6 de los elementos acusados de tortura por la
CNDH.
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