Los defensores activos de los Derechos Humanos.

Por Gustavo De la Rosa.

El sábado18 de mayo, el programa de Educación para Menores con Maduración Asistida (EMMA) celebró el cierre de su primer ciclo de intervención en Anapra, una de las zonas de mayor riesgo en Ciudad Juárez para los jóvenes que dejaron la secundaria y están en posibilidades de incorporarse a pandillas delincuenciales. Estos son algunos resultados de este primer ciclo, que duró ocho años:

De 45 jóvenes que ingresaron entre 2011 y 2012, y cuatro más que se incorporaron en el camino, cinco han terminado su licenciatura y todos tienen empleo. Una decena estudió alguna carrera técnica, y la mayoría de los restantes trabajan en la industria maquiladora; ni uno solo optó por la delincuencia. A estos sumamos otros 48 reclutados entre 2013 y 2014 para quedar con un primer grupo de 97 jóvenes, todos apoyados por empresarios y académicos locales y a través de aportaciones de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte. De 2015 a 2017 no pudimos abrir nuevas generaciones en el programa, sino hasta 2018.

Además de los ya licenciados, unos 40 más están luchando por acabar su preparatoria y estudios universitarios; aunque algunos tuvieron que suspender su preparatoria, otros cinco ya terminaron carreras técnicas y tres más son policías.

Ahora contaré, en varias entregas, la historia de este grupo de jóvenes, que cambiaron su proyecto de vida y han obtenido su título de licenciatura. Advierto que, como en cualquier otra historia contada por uno de sus actores, se encontrarán con algunos errores de apreciación y expresiones subjetivas, pues ya algunos hechos se mandaron a la bodega del olvido y otros más han sido modificados por la perspectiva del involucrado.

Primero, algunos antecedentes.

En 1995 decidí incursionar en la función pública, y entré por la puerta más difícil de la actividad gubernamental: la administración del penal de Ciudad Juárez, el Centro de Readaptación Social (Cereso). Durante tres años conviví con una gran cantidad de internos, lo cual me dio acceso a muchos datos acerca de sus prácticas delincuenciales y estilo de vida; mis charlas con ellos pasaron de escuchar sus quejas contra los custodios, que los trataban de manera incorrecta por decir lo menos, a conocer sus historias de vida. Fue así como descubrí que las circunstancias personales y contextuales de muchos de ellos se repetían, una y otra vez.

Cuando terminé mi ciclo como empleado carcelario me incorporé a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como profesor investigador, y mi primer interés fue tratar de recuperar la historia que acababa de vivir, intentando rescatar lo que fuese común y así perfilar las personalidades de los delincuentes que vivían y se habían formado en Ciudad Juárez.

Empecé una investigación más formal y organizada, buscando el perfil de quienes violaban la ley; me concentré, por razones de número y habitualidad de las conductas ilegítimas, en los condenados por delitos patrimoniales, pero, cuando pregunté de qué presupuesto se podría disponer para iniciar una investigación de esa envergadura la respuesta de la Universidad fue que no tenían partida disponible para esa línea de investigación.

Esta resistencia oficial de la Universidad para abordar temas relacionados con la vida de los delincuentes me mostró que la Academia sigue viéndolos como personas ajenas a nuestra sociedad, colocados en una especie de bodega donde se guardan los objetos de riesgo y que lo mejor que se puede por ellos es mantenerlos allí, con la puerta cerrada. A raíz de esto empecé a reunirme con amigos, dirigentes de grupos políticos de izquierda, empresarios juarenses y hasta con investigadores de la propia universidad buscando los fondos necesarios para avanzar este trabajo de investigación profesional.

Intentar perfilar al delincuente patrimonial de Ciudad Juárez es una labor a contracorriente porque, desde el sentido común y a partir de una serie de prejuicios en contra de los individuos, ya existen varias conclusiones sobre la razón de su delincuencia: desde considerar que el delincuente lo es por una decisión personal, hasta creer que es una persona diabólica a quien simplemente se le ocurrió cometer delitos y vivir de ellos; aunque también está el otro extremo, que considera que el delincuente es moralmente inocente, pues la culpa es de la pobreza, la miseria y la mala educación.

Pero cuando uno vive tres años con ellos entiende que estas dos posiciones opuestas están equivocadas; aunque reúnen algunas ideas ciertas, no permiten entender ni diseñar una política que frene el desarrollo del delincuente como tal. Cuando uno escucha sus vidas, descubre que no todos los que viven en determinado entorno social son delincuentes, y también comprende que la decisión de vivir y conseguir recursos mediante la realización de actos ilegales es una decisión personal, una opción de vida.

Aunque la capacidad para disminuir la delincuencia está ligada a grandes transformaciones en la sociedad en la que vivimos, sí se puede reducir significativamente sin necesidad de un cambio social de fondo o definitivo, pero antes de hacer propuestas para ello es necesario tener un perfil del delincuente para poder establecer las medidas y los cambios necesarios a las políticas públicas.